Las organizaciones internacionales firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por las irregularidades detectadas en el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), órgano responsable de designar una magistratura titular y una suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC). Este proceso ocurre en un momento decisivo para el futuro democrático del país, en el cual también se encuentran en curso la selección del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Fiscalía General (FG).
De los 41 integrantes del CSU –bajo la presidencia del rector Walter Mazariegos– 23 mantienen cargos vencidos desde hace más de un año, lo que afecta la legitimidad de cualquier decisión relacionada con la elección de altas autoridades del Estado. Aunque se argumenta continuidad basada en una reforma reglamentaria, docentes, estudiantes y representantes profesionales electos no han podido asumir sus cargos debido a la ausencia injustificada de nuevas convocatorias, lo que evidencia una retención irregular del control institucional.
Ante estas anomalías, se han presentado acciones de amparo y una denuncia penal por usurpación de funciones, así como solicitudes de nulidad de la convocatoria, todas pendientes de resolución.
La Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala y el Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) han advertido que cualquier convocatoria debe realizarse únicamente cuando los órganos universitarios estén legítimamente integrados. El PEI-GT ha alertado sobre el riesgo de designar personas sin el perfil adecuado, especialmente aquellas con sanciones internacionales o con antecedentes de acciones contrarias a los principios democráticos.
En este contexto, instamos a la Universidad de San Carlos a renovar el CSU conforme a la normativa vigente antes de iniciar cualquier proceso de designación para la Corte de Constitucionalidad; y a que realice las designaciones en estricto respeto de los principios de objetividad, idoneidad, mérito, transparencia y se abstenga de incluir personas sancionadas internacionalmente por socavar la democracia. Es indispensable un acompañamiento a los sectores universitarios y sociales que han sido criminalizados por reclamar la regularización del CSU.
La Universidad de San Carlos tiene un mandato constitucional ineludible. Permitir que un órgano colegiado cuestionado por su falta de legitimidad designe magistraturas constitucionales pone en riesgo la independencia judicial y el orden democrático del país. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la institucionalidad, la justicia y los derechos humanos en Guatemala.
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Firman:
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Latin American Working Group (LAWG), Jotay, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Fundacion von Ahn, Be Just, Guatemala Human Rights Commission, Abogados sin Fronteras Canadá e Impunity Watch.
