- Nuevo informe examina los patrones de persecución penal contra comunidades indígenas por parte del Ministerio Público (MP).
- Los hallazgos se presentan en el contexto de selección del próximo o próxima Fiscal General, lo que abre un debate sobre la importancia de modificar la política criminal y la actuación del MP frente a la conflictividad agraria.
La Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Cyrus R. Vance Center for International Justice, Protección Internacional Mesoamérica, Bufete para Pueblos Indígenas y Prensa Comunitaria presentaron hoy el informe Desalojo y criminalización de los pueblos indígenas en Guatemala: el rol del Ministerio Público, que analiza los efectos de la cooptación del sistema de justicia por grupos de interés privado y sus efectos en la gestión de la conflictividad agraria en Guatemala.
El informe documenta patrones de persecución arbitraria contra comunidades indígenas y sus liderazgos, particularmente mediante el uso de delitos como usurpación y usurpación agravada. Estas figuras penales han sido utilizadas para promover desalojos judiciales contra comunidades que han ejercido la posesión histórica de sus tierras o que reivindican el derecho de propiedad colectiva sobre ellas.
“La cooptación del sistema de justicia por redes de corrupción ha favorecido la criminalización y los desalojos sumarios que reproducen patrones históricos de despojo territorial en Guatemala. La intervención del Ministerio Público a instancias de empresas agrícolas y hacendados es la principal causa del desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas en el país”, destacó Daniel Cerqueira, director de programa de DPLF.
La investigación destaca una serie de barreras legales e institucionales a la titulación de territorios indígenas que los pone en una total indefensión frente a los abusos cometidos por el MP. Varios de los desalojos examinados fueron realizados de forma violenta, sin notificación adecuada y sin un debido control sobre la validez de los títulos de propiedad privada que sustentan las denuncias penales por usurpación.
Cuitlahuac Castillo, asesor de integridad institucional del Cyrus R. Vance Center for International Justice, señaló que el informe “muestra patrones preocupantes en la actuación del Ministerio Público, donde procesos penales por usurpación y desalojos judiciales se utilizan de forma recurrente, sin garantías adecuadas de debido proceso ni respeto a los estándares internacionales sobre derechos territoriales indígenas.”
Por su parte, Victoria Llorente, subdirectora ejecutiva del INECIP, añadió que “la criminalización sistemática de comunidades indígenas es la expresión más crítica de un Ministerio Público que ha sustituido la gestión del conflicto por intereses espurios. Por ello, la elección de un nuevo Fiscal General es una oportunidad para reemplazar la arbitrariedad por una persecución penal estratégica. Una persecución que, al centrarse en los fenómenos criminales, combata la impunidad y recupere su legitimidad mediante una tutela efectiva de las víctimas”.
El documento fue presentado durante el conversatorio “La próxima Fiscalía General frente a la conflictividad territorial en Guatemala”, en el que especialistas nacionales e internacionales reflexionaron sobre los desafíos en torno al proceso de elección del próximo o próxima Fiscal General. Asimismo, destacaron las prioridades que deberían asumir los y las candidatas para modificar los abusos identificados en el informe.
Las organizaciones esperan que el informe contribuya al debate público sobre el rol del MP en denuncias vinculadas a la conflictividad agraria y que promueva reformas legislativas y de política criminal acordes a los derechos humanos y al Estado de derecho.
El informe está disponible para descargas aquí.
Una grabación de la presentación y discusión del informe está disponible aquí.
Contacto para prensa:
– Karen Arita, DPLF: karita@dplf.org | (+504) 3373-5772
– Natalie Southwick, Vance Center: NSouthwick@nycbar.org
– Laura Pérez Portela, INECIP: prensa@inecip.org
