– El Relator especial de la ONU sobre derechos humanos y sustancias tóxicas, Marcos Orellana, respalda la lucha de organizaciones comunitarias y de derechos humanos de México y Yucatán por medio ambiente no tóxico.
Las sustancias tóxicas no fueron una preocupación central en los primeros tratados internacionales y organismos de derechos humanos. Mientras que las discusiones en el derecho internacional de la posguerra se centraban en temas como el genocidio, los crímenes contra la humanidad, la tortura y la discriminación racial, las industrias de plaguicidas y de plásticos, por citar sólo dos ejemplos, comenzaban un crecimiento exponencial que conducirían en unas décadas a la toxificación del planeta y el incremento de las tasas de cáncer, diabetes, Parkinson, entre otras enfermedades. Mientras que en 1950 se producían dos millones de toneladas de plásticos a nivel mundial, a inicios de la década de 2020 la cifra se ha elevado a más de 400 millones de toneladas.
Diversos acontecimientos contribuyeron a un mayor interés en los efectos nocivos de las sustancias tóxicas en los derechos humanos, como la publicación en 1962 del libro Primavera silenciosa de Rachel Carson, que alertó con datos científicos sobre los efectos nocivos de los plaguicidas, particularmente el DDT, en la salud humana y de los ecosistemas. Pero no fue sino hasta la década de 1980 que iniciativas como la de la Organización para la Unidad Africana (OAU), denunciaron con mayor firmeza los impactos que tenían los desechos tóxicos de los países industrializados en los países africanos. Según una estimación de Cyril Gwam, mientras que a un estado industrializado le costaba entre 100 y 2,000 dólares desechar sus residuos tóxicos en sus propio país, le costaba tan sólo entre 2.50 a 50 dólares hacerlo en el continente africano.
Fue gracias a la movilización africana en contra de ser el basurero tóxico de los países industrializados que, en 1989, la Subcomisión de Promoción y Protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó la adopción de una resolución sobre el traslado y desecho de sustancias tóxicas y peligrosas. Así, la Comisión de Derechos Humanos adoptó el 6 de marzo de 1990 la resolución 1990/43 para encontrar soluciones globales al problema del movimiento transfronterizo de los desechos tóxicos. Fue también en 1989 cuando se adoptó el Convenio de Basilea, que introdujo el principio de que ningún país puede exportar desechos sin el consentimiento previo por escrito del importador.
Es en este contexto que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU estableció en 1995 el mandato del Relator especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racional de las sustancias y los desechos peligrosos, también conocido simplemente como Relator especial sobre derechos humanos y sustancias tóxicas.
Desde su creación, esta Relatoría especial ha hecho valiosos aportes para comprender cómo la creciente toxificación del planeta es un fenómeno que vulnera los derechos humanos. Así, en sus informes temáticos anuales, esta relatoría ha abordado cuestiones como el transporte ilegal de productos y desechos tóxicos en los países en desarrollo; ha contribuido a la comprensión de los impactos de las sustancias tóxicas en todo su ciclo de vida, desde su extracción hasta su desecho; las enfermedades ocupacionales (según esta Relatoría, cada 30 segundos muere un trabajador como resultado de la exposición a sustancias tóxicas); el deber de los Estados de prevenir la exposición a las sustancias tóxicas; el derecho al acceso a la información durante todo el ciclo de vida de estas sustancias. También ha formulado interpretaciones como el entendimiento de la exposición a tóxicos como una forma de tortura o trato cruel, inhumano y degradante, o que el ambiente no tóxico es un elemento sustantivo del derecho a un medio ambiente sano.
El Relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos ha dado a conocer a través de sus informes graves problemáticas y casos de América Latina: envenenamiento por mercurio en Paraguay, vertederos de desechos tóxicos en Brasil por empresas multinacionales europeas; tráfico ilegal de agroquímicos en Costa Rica; muerte de niños en Haití debido al vertedero de farmacéuticos contaminados por una empresa alemana y de niños de una escuela del Perú que murieron tras consumir Paratión que había sido empaquetado de manera que se confundía con leche en polvo. La Relatoría también contribuyó a la “decisión histórica [del Comité de Derechos Humanos de la ONU] que aplicó por primera vez una interpretación actualizada del derecho a la vida”, según la cual “el Paraguay había violado los derechos a la vida y a una vida digna de más de 20 personas que habían estado expuestas a plaguicidas tóxicos”.
En este contexto, resulta de particular relevancia la visita oficial a México de Marcos Orellana, actual Relator especial sobre derechos humanos y sustancias tóxicas, del 12 al 20 de marzo de este año. México se ha vuelto un sitio de desechos tóxicos de las industrias y estados del norte, cuestión que fue señalada por Orellana en su Declaración de cierre de misión. Cada vez más, la exposición a sustancias tóxicas en este país se ha convertido en un asunto de preocupación por sus afectaciones a los derechos humanos. La presencia de plaguicidas altamente peligrosos prohibidos en sus países de origen ha sido motivo de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2018 y la Relatoría especial ha incluido el caso de la exposición del pueblo yaqui a agrotóxicos en uno de sus informes. Asimismo, el grave caso de contaminación del río Santiago (Jalisco), una verdadera “cloaca del progreso” industrial, considerado el río más contaminado de América, ha sido objeto de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2020.
Además de señalar los impactos de la presencia de plaguicidas altamente peligrosos y el mercurio empleado en la minería, en su Declaración de cierre de misión Orellana dedicó un apartado a un tema que aún no ha sido suficientemente discutido en términos de derechos humanos en México: la industria de la carne, particularmente la porcícola. Aunque la producción industrial de carne de cerdo en Yucatán cobró auge a partir de la década de 1990, no fue sino hasta 2017, con el caso de Homún, que se detonó la movilización en contra de las llamadas “mega granjas porcícolas”, debido a la preocupación sobre el impacto de esta actividad en la contaminación del acuífero de Yucatán.
Como han documentado numerosos estudios científicos ¹, ², ³, el acuífero kárstico de Yucatán es muy vulnerable a la contaminación y a la sobreextracción, debido a los suelos delgados y altamente porosos, a la poca distancia de la superficie al manto acuífero, a la red de conductos subterráneos y a la alta precipitación pluvial durante la temporada de lluvias. Particularmente, la región conocida como Anillo de cenotes debe su nombre a la gran densidad de estos cuerpos de agua —técnicamente, dolinas con agua o pozos naturales—, atributo que hace aún más vulnerable al acuífero, pues lo expone directamente a los contaminantes. Por estas razones, el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Yucatán ha determinado que las unidades de gestión ambiental ubicadas en el Anillo de cenotes no son aptas para la porcicultura, cuyas grandes descargas de aguas residuales, con excretas de cerdos, no son tratadas por completo y se filtran directamente al acuífero.
Desde el caso de Homún, diversas organizaciones comunitarias indígenas mayas y de derechos humanos han denunciado los impactos de las mega fábricas porcícolas en Kinchil, Maxcanú, Celestún, Chapab, Sitilpech, Santa María Chí, Chocholá, entre otros lugares. Como parte de estas denuncias se han presentado acciones legales y diversos actos de protesta, en los que se ha reclamado la violación de los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud, al agua y saneamiento, a la libre determinación, al territorio y a la consulta y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades mayas, del interés superior del niño y de los derechos de la Naturaleza.
Gracias a estas acciones se consiguió la clausura de la mega fábrica de Homún por la vía judicial en 2018, así como la clausura del megaproyecto porcícola en Santa María Chí en 2025 por orden de la Procuraduría federal de protección al ambiente. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó en 2023 el Dictamen diagnóstico ambiental de la actividad porcícola en Yucatán, en el que se confirman los impactos negativos causados por las mega fábricas porcícolas.
En el marco de su visita oficial a México, el Relator especial se reunió con integrantes de organizaciones de la sociedad civil y con autoridades gubernamentales en Mérida, y también visitó la comunidad maya de Santa María Chí, a la que asistieron ciudadanos de otras comunidades mayas afectadas por las mega fábricas porcícolas. En su Declaración de cierre de misión, el Relator retomó muchos de los agravios expuestos en estas reuniones, entre ellos, reconoció el aumento “de manera descontrolada y exponencial” de las fábricas de cerdos, la mayoría de las cuales “carecen de autorizaciones ambientales y generan tremendas cantidades de excretas y aguas contaminadas con hormonas y antibióticos”; que las fábricas “han sido levantadas sin consulta en comunidades”; y expresó su preocupación por “la falta de transparencia sobre el funcionamiento de estas fábricas de animales; la deforestación que generan; y la criminalización contra liderazgos comunitarios para disuadir su activismo”.
Para el Relator especial, “la descarga continua de desechos nocivos en cuerpos de agua de recarga de los mantos acuíferos especialmente dentro del Anillo de Cenotes, sitio protegido por el Convenio de Ramsar, afecta de manera adversa los derechos de las comunidades”.
En el caso de la visita del Relator sobre sustancias tóxicas a Yucatán, organizaciones de la sociedad civil han retomado su Declaración sobre cierre de misión para subrayar la exigencia de declaración de emergencia sanitaria y ambiental para la península de Yucatán, medida que ha sido respaldada por el Relator especial. Medios de comunicación nacionales e internacionales¹, ², ³, ⁴ también han difundido la Declaración y han colocado el problema en la agenda mediática nacional.
De manera inédita en Yucatán, organizaciones representantes de la industria porcícola han respondido a la Declaración del Relator. Así, la Asociación Ganadera de Porcicultores de Mérida, Opormex, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Asociación de Exportadores Mexicanos de Carne de Cerdo y Cárnicos Afines (MPEA) han presentado los siguientes argumentos: 1) que la porcicultura en Yucatán es una actividad estratégica que produce cerca del 12% de la carne de cerdo en México y que emplea de manera directa e indirecta a más de 30 mil personas en la cadena de valor; 2) que el sector porcícola ha formalizado convenios de mejora regulatoria con autoridades federales, estatales y municipales para el tratamiento de aguas residuales en más de 40 unidades de producción; 3) que la Declaración reproduce una “narrativa simplista sobre el sector”, que carece de sustento técnico y científico; 4) que el Relator no se acercó al sector porcícola en su visita oficial y que están abiertos al diálogo con él.
Lo primero que cabe señalar es que ninguno de los argumentos ofrecidos por los representantes de la industria se plantea desde un enfoque de derechos humanos. No se señala, por ejemplo, cómo la industria busca cumplir con los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, particularmente la debida diligencia. Sobre los convenios de mejora regulatoria, uno de los cuestionamientos de las organizaciones comunitarias y de derechos humanos es que los diálogos entre el sector porcícola y el Estado se han dado sin la participación de las comunidades mayas, incumpliendo así con los derechos de los pueblos indígenas y los contenidos en el Acuerdo de Escazú.
Cabe destacar que, aunque diversas organizaciones comunitarias y de derechos humanos han denunciado por lo menos desde 2017 los impactos que han sufrido debido a la operación de mega fábricas porcícolas, los representantes de la industria no habían manifestado anteriormente su disposición al diálogo, sólo lo han hecho una vez que han sido objeto de cuestionamiento de una voz con autoridad internacional.
Nos encontramos en un escenario adverso. La toxicificación del planeta es una de las tres dimensiones de lo que la ONU ha llamado la “triple crisis planetaria”, junto con la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad. Estas tres crisis están interrelacionadas y, como reconoce el Relator especial en su Declaración sobre Yucatán, “las fábricas de cerdos generan significativas emisiones atmosféricas de metano, un contaminante climático de vida corta mucho más potente que el dióxido de carbono”, con lo cual también contribuye a la emergencia climática. En este escenario, el informe de la visita oficial a México del Relator especial sobre derechos humanos y sustancias tóxicas puede contribuir a los esfuerzos de las organizaciones comunitarias y de derechos humanos de México en su búsqueda de una vida más digna y menos tóxica. Su Declaración preliminar ha visibilizado los problemas locales de grave toxificación en Yucatán, en las agendas nacionales e internacionales y ha generado la respuesta de la industria porcícola.
Rodrigo Llanes Salazar es investigador del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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Citación sugerida: Llanes S., Rodrigo. Toxificación, derechos humanos y el impacto de la reciente visita del Relator de sustancias tóxicas a México. Disponible en: https://dplf.org/toxificacion-derechos-humanos-y-el-impacto-de-la-reciente-visita-del-relator-de-sustancias-toxicas-a-mexico/