- La medida fue adoptada tras su participación en una audiencia ante la CIDH sobre independencia judicial en Perú.
- Organizaciones de derechos humanos condenan la decisión al ser una represalia por su participación en un mecanismo de protección de derechos humanos.
- Relatorías especiales de la ONU advirtieron incompatibilidad de esta decisión con la independencia judicial y derechos libertad de expresión, reunión pacífica y asociación.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) condenamos la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de no ratificar al juez Oswaldo Ordóñez Alcántara, al considerar que se trata de una represalia por su participación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta decisión fue precedida por una investigación preliminar en el marco de un proceso disciplinario abierto en su contra tras la denuncia de una congresista. La denuncia se basó en las declaraciones sobre la situación de la independencia judicial en Perú, realizadas por el juez en una audiencia pública regional que tuvo lugar en noviembre de 2024 y en la que intervino en su calidad de presidente de la Asociación de Magistrados del Perú, y miembro del Consejo Asesor de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM). Posteriormente, su procedimiento de ratificación fue ampliado para incorporar estos hechos.
La secuencia entre su participación ante la CIDH y la posterior decisión de la JNJ evidencian un vínculo directo y preocupante entre el ejercicio legítimo de su libertad de expresión y la activación de mecanismos que derivaron en su separación del cargo. Estas represalias no solo afectan al juez en cuestión, sino que envían un mensaje inhibidor a toda la judicatura respecto de la participación en espacios internacionales de protección de derechos humanos.
Recalcamos que el artículo 63 del Reglamento de la CIDH establece la obligación del Estado de garantizar que ninguna persona sea objeto de represalias por acudir o participar en el sistema interamericano, incluyendo quienes brindan información o testimonio. Por tanto, el uso de declaraciones realizadas ante la CIDH como fundamento de una investigación disciplinaria o de la no ratificación de su cargo constituye una vulneración directa de esta prohibición.
Además, las relatoras especiales de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, y sobre libertad de expresión y asociación, condenaron la remoción del juez Oswaldo Ordoñez como una represalia por su participación durante una audiencia ante un mecanismo regional de derechos humanos. “Nos preocupa que estas acciones puedan constituir un intento de castigar y silenciar al juez Ordoñez por ejercer sus derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y por defender la independencia del poder judicial en Perú”, señalaron las expertas.
Instamos a las autoridades competentes a revertir esta decisión y a garantizar la plena restitución de sus derechos. Asimismo, recordamos que los estándares internacionales garantizan el derecho a una revisión judicial de las decisiones que afecten la permanencia en el cargo de las personas operadoras de justicia, sin que ello signifique invadir competencias de la JNJ. Finalmente, exhortamos a todas las autoridades a abstenerse de adoptar, promover o convalidar cualquier medida que sancione o desincentive la participación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, asegurando un entorno libre de represalias y compatible con los estándares sobre independencia judicial y libertad de expresión.
