Hoy se cumplen dos años de la primera muerte ocurrida durante la letal represión de las protestas de 2022 y 2023 en Perú. Durante estas movilizaciones, la policía y el ejército peruano dispararon balas, perdigones y gas lacrimógeno, causando la muerte de 50 personas y dejando más de 1400 personas heridas. Estas acciones estuvieron marcadas con un claro sesgo racista en contra de personas de comunidades indígenas y campesinas. Existen indicios que la represión fue una estrategia intencional y coordinada, lo cual apuntaría a la posible responsabilidad de los altos oficiales del Estado peruano, incluyendo la presidenta y sus ministros. Éste es, sin duda, uno de los episodios de violaciones de derechos humanos más graves en la historia reciente de Perú.
Perú está atravesando una grave crisis de respeto a los derechos humanos. Como organizaciones internacionales de derechos humanos, expresamos nuestra preocupación ante la falta de acceso a la justicia para las víctimas, a dos años de estos graves hechos. Reconocemos que ha habido avances importantes en las investigaciones, particularmente la formalización de investigaciones en contra de mandos policiales y militares, por parte del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP).
Sin embargo, preocupa el estancamiento de las investigaciones en contra de la presidenta Dina Boluarte y sus ministros. En julio de 2024, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso peruano en contra de estos funcionarios por las muertes y lesiones ocurridas en las protestas. El Congreso debe evaluar la denuncia y si fuese aprobada, se debería proceder a levantar la inmunidad de la presidenta y los ministros, lo cual permitiría a la Fiscalía de la Nación proceder con las investigaciones en su contra. A más de 5 meses de la presentación de la denuncia, el Congreso sigue sin evaluarla, incumpliendo su propio reglamento.
A su vez, preocupa la falta de atención médica integral para las víctimas. Si bien el Estado estableció una Comisión Multisectorial para brindar atención inmediata, las medidas adoptadas no fueron suficientes. Entre otras cosas, esto ha significado que cientos de personas heridas continúan sin tener acceso a tratamiento médico adecuado a dos años de los hechos.
Notamos también que la falta de acceso a la justicia de las víctimas de la represión ocurre en un contexto de debilitamiento del espacio cívico en Perú, donde el Congreso peruano ha introducido numerosas iniciativas que ponen en riesgo los derechos a la asamblea pacífica y asociación, y la independencia judicial. Por todo lo anterior, hacemos los siguientes llamados:
A la Fiscalía de la Nación:
● Garantizar que las investigaciones penales en curso sobre las muertes y las lesiones ocurridas en las protestas no enfrenten obstáculos; sean rápidas e independientes; e incluyan pruebas concretas contra los altos mandos que puedan tener responsabilidad.
Al Congreso Peruano:
● Sin más demora, examinar, con diligencia e imparcialidad, la denuncia constitucional contra la presidenta y sus ministros, para que las investigaciones penales puedan continuar.
A la Presidencia y Consejo de Ministros (PCM):
● Proporcionar de manera eficaz, pronta y diligente la atención médica integral a las víctimas de la represión de las protestas de 2022 y 2023.
A las autoridades estadounidenses:
● Implementar de manera oportuna y contundente las estipulaciones de la Ley Leahy para asegurar que el gobierno de los Estados Unidos no esté brindando asistencia ni capacitación a agentes y unidades implicadas en la represión.
● Suspender la transferencia de armas hacia Perú hasta que se completen las investigaciones en curso.
A la comunidad internacional:
● Expresar con sus homólogos peruanos su preocupación ante la lentitud de las investigaciones y continuar exigiendo rendición de cuentas.
Firmantes:
Aministía Internacional, CEJIL, FIDH, WOLA y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).