Las personas defensoras suelen enfrentar denuncias penales y criminalización tras ejercer derechos relacionados con la defensa del ambiente, la tierra y el territorio, como la protesta y la libertad de expresión. Tal como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la protesta y la movilización social son herramientas legítimas para solicitar la atención de las autoridades y denunciar abusos o violaciones a los derechos humanos.
Este escrito de amicus curiae busca aportar al Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial A-Sede Central de Perú estándares jurídicos sobre las garantías mínimas aplicables a procedimientos penales contra personas defensoras ambientales acusadas de haber cometido delitos en el contexto de protestas y manifestaciones realizadas en oposición a la actividad minera que afecta sus territorios en Urinsaya, Perú.
