El 4 de noviembre de 2019, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa de Canadá; la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” de Colombia; el Bufete para los Pueblos Indígenas de Guatemala y el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos de Honduras presentaron un amicus curiae a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras en el marco de una acción de Habeas Corpus a favor de siete defensores socioambientales detenidos ilegalmente por la defensa de los ríos Guapinol y San Pendro en Honduras.
Tales defensores se encuentran en detención preventiva desde hace varios meses a raíz de un juicio penal arbitrario dirigido a criminalizar las manifestaciones pacíficas que venían realizando en el municipio de Tocoa, Colón, en contra de las operaciones de la empresa minera Los Pinares, y las denuncias contra la contaminación de los referidos ríos. El escrito de amicus curiae describe los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos aplicables a la detención preventiva, así como las garantias judiciales y derecho de defensa en el marco de un proceso penal. El amicus curiae sostiene que la prisión preventiva de los siete defensores socioambientales es arbitraria y carece de uma motivación suficiente que justifique su aplicación.