Este jueves 11 de mayo de 2017, el General José Guillermo García, el exmilitar de más alto rango procesado por la masacre de El Mozote, debe rendir su testimonio ante el juez Jorge Guzmán Urquilla, del Juzgado 2º de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán, El Salvador.

Los hechos que se le imputan ocurrieron en diciembre de 1981, mientras García se desempeñaba como Ministro de Defensa, y cuentan con abundante evidencia testimonial y científica, presentada en su momento por los acusadores particulares en el caso, abogados de Tutela Legal “María Julia Hernández”. En 2016, García fue deportado desde los Estados Unidos por su involucramiento en este y otros hechos violatorios de derechos humanos y desde esa fecha vive en El Salvador.

Este es el primer proceso judicial por las atrocidades ocurridas durante la guerra interna que vivió el país entre 1980 y 1992, en ser reabierto tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía en agosto de 2016.

El pasado 29 y 30 de marzo, 12 de los 18 exmilitares acusados en el caso, entre ellos García, se presentaron ante el mismo Juzgado para ser notificados de 9 delitos en su contra, incluidos asesinato y violación sexual agravada. DPLF estuvo presente como observador internacional es esta importante audiencia.

La masacre de El Mozote se refiere a una serie de matanzas contra población civil cometidas por el batallón Atlácatl de la Fuerza Armada, durante un operativo militar realizado los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981, en las aldeas de El Mozote, Ranchería, Jocote Amarillo, Cerro Pando, Cerro Ortiz, La Joya y Los Toriles, en el norte del departamento de Morazán.

Según la Comisión de la Verdad de ese país, aproximadamente 900 hombres, mujeres y niños campesinos salvadoreños fueron asesinados en ese operativo. Se la considera el mayor acto de violencia contra población civil cometida por agentes estatales en la guerra salvadoreña, y la peor masacre en la región ocurrida en las décadas pasadas.

En diciembre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de El Salvador por estos hechos señalando que configuraban graves violaciones a derechos humanos y que contaban con los elementos necesarios para ser calificados como crímenes internacionales.

En las próximas semanas se espera la comparecencia de los 6 procesados cuyos cargos no han sido notificados, y las declaraciones de todos los restantes. El juez deberá decidir si se giran órdenes de detención, si se califican los hechos como crímenes internacionales además de las categorías nacionales, y la ley procesal aplicable, entre otros puntos.

DPLF continuará monitoreando los resultados de este histórico proceso. En este marco presentaremos un escrito de amicus curie a fin de impulsar el avance del caso para que las víctimas obtengan justicia.