Tras cinco años de la sentencia de inconstitucionalidad que dejó sin efecto la Ley de Amnistía General (Inc. 44-2013/145-2013), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y organizaciones defensoras de Derechos Humanos expresaron que el incumplimiento de esta ha sido casi absoluto por parte de todos los poderes e instituciones estatales, favoreciendo con ello la impunidad de violadores de los derechos humanos que perpetraron atrocidades en el contexto del conflicto armado interno de El Salvador. Asimismo, las organizaciones demandan a todos los poderes e instituciones obligados por la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía dar pleno cumplimiento a la misma y superar las acciones u omisiones que favorecen a los victimarios y que han prevalecido hasta hoy.