Cinco años han transcurrido desde que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General de 1993, con lo cual eliminó una de las barreras jurídicas que, por más de veinte años, cobijó de impunidad a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado de este país. Sin embargo, desde la firma de los Acuerdos de Paz ha prevalecido un esquema de absoluta impunidad y la histórica resolución de la CSJ se ha enfrentado con obstáculos como la falta de voluntad política y el intento de restaurar en la legislación una amnistía de facto.

Ante esta situación, la Mesa contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro–Memoria Histórica, suscriben un posicionamiento, recordando que la sentencia mencionada estableció responsabilidades específicas a cada uno de los Órganos de Estado.