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DPLF forma parte de la Coalición contra la Minería Ilegal en la Amazonía (CMIA), una articulación regional de organizaciones de la sociedad civil que trabajan de manera coordinada para documentar y enfrentar los impactos de la minería ilegal en la Amazonía. A través de esta alianza, reforzamos nuestro compromiso con el trabajo colaborativo y el impulso de respuestas regionales frente a desafíos complejos que vinculan crisis climática, criminalidad organizada, corrupción y derechos humanos.
Nuestra participación en esta coalición refleja uno de nuestros pilares de trabajo: la promoción de alianzas estratégicas y el fortalecimiento del trabajo en red para impulsar respuestas regionales a problemáticas que afectan a la democracia, el Estado de derecho y la protección del ambiente en América Latina.
La CMIA reúne organizaciones locales, nacionales y regionales que, en alianza con pueblos indígenas y comunidades afectadas, promueven acciones de monitoreo, documentación e incidencia para visibilizar los impactos socioambientales de la minería ilegal y fortalecer respuestas coordinadas desde distintos niveles. Más información sobre esta iniciativa está disponible en el Plan de Acción 2025 de la Coalición.
En el marco de esta articulación, la CMIA publicó el informe Cambio climático, minería ilegal y derechos humanos en la Amazonía: una reflexión desde la sociedad civil y los pueblos indígenas, que analiza los vínculos entre la crisis climática, la degradación ambiental y las violaciones a derechos humanos en Brasil, Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela. El documento destaca el rol de las redes de corrupción y del crimen organizado en el avance de la minería ilegal y propone rutas concretas para una acción internacional más efectiva.
Previamente, en octubre de 2024, DPLF y las organizaciones que integran la CMIA publicaron el informe Minería ilegal de Oro: impactos sobre los derechos humanos y la biodiversidad en la Amazonía. Este subraya la urgencia de generar mecanismos más eficaces de fiscalización ambiental, reforzar los procesos de debida diligencia de las empresas, fortalecer la cooperación regional, sancionar a los responsables de daños socioambientales y proteger los derechos de los pueblos indígenas.
