Luces y sombras en la gestión de la Fiscal Diana Salazar
Lady Diana Salazar Méndez era una joven abogada afroecuatoriana que, en 2019, contaba con menos de una década de experiencia como fiscal cuando asumió el cargo de Fiscal General del Estado, tras ganar un cuestionado concurso de méritos y oposición. En los seis años siguientes, Salazar Méndez se convertiría en una de las figuras políticas más temidas y poderosas de la historia del país, gracias a una gestión tan aplaudida como controversial.
Por un lado, muchos califican el trabajo de Salazar como valiente y firme, al haber logrado el enjuiciamiento y condena de altos jerarcas del gobierno del expresidente Rafael Correa, recordado no solo por su confrontación con la prensa, sino también por sus grandes escándalos de corrupción y de malversación de fondos públicos. Salazar consiguió sentencias emblemáticas contra Correa, su vicepresidente Jorge Glas, y varios ministros y miembros de su círculo cercano, convirtiéndose, al menos ante los ojos de la prensa dominante y buena parte de la ciudadanía, en la adalid del combate a la alta corrupción en el país.
En los últimos dos años, el trabajo de Salazar se centró, además, en la construcción de casos de alta corrupción dentro la Función Judicial, evidenciando la existencia de redes de clientelismo, extorsión y corrupción dentro del sistema de cortes de Ecuador a todos los niveles, así como de la infiltración de grupos de delincuencia organizada y narcotráfico en sus filas. Casos como “Metástasis”, “Purga” y “Plaga”, por mencionar algunos, pusieron de manifiesto la necesidad urgente de depurar el sistema de justicia ecuatoriano, y de establecer salvaguardas que impidan que personas juzgadoras, fiscales y abogados corruptos sigan instrumentalizando el sistema para cometer ilícitos.
Sin embargo, la gestión de Salazar también ha sido profundamente cuestionada por un sector no menos importante de la ciudadanía. Los casos de alta corrupción impulsados por Salazar se centraron principalmente en contra de funcionarios de gobierno de Correa, mientras que otros casos que involucraron a integrantes de gobiernos posteriores fueron menos diligentes o incluso archivados, como ocurrió con las investigaciones contra los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso por alegada corrupción. Esto ha llevado a que muchos afirmen que la gestión de Salazar fue sesgada y politizada, y que lejos de intentar combatir la corrupción se convirtió ella misma en un instrumento de persecución judicial (lawfare) contra adversarios políticos de los gobiernos del post-correísmo o enemigos personales de la fiscal. En más de una ocasión, abogados y activistas alertaron sobre la desprolijidad de casos emblemáticos impulsados por su Fiscalía, la mediatización de casos de elevado interés público y la activación del aparato penal en momentos políticos clave en beneficio de sus aliados.
Considerada una heroína nacional por unos, y una villana por otros, Diana Salazar dejó la Fiscalía General del Estado el pasado 21 de mayo de 2025, un mes después de terminado su mandato, que en principio parecía que se prorrogaría de forma indefinida. Al retirarse, anunció que asumiría el cargo de Embajadora del Ecuador en Argentina, una designación que dependía del beneplácito del gobierno argentino, cuestión que había sido otorgada desde enero de 2024.
Ahora, Ecuador se encuentra de cara al futuro después de Salazar. Uno en que el crimen organizado ya muestra su rostro abiertamente, con decenas de sicariatos que ocurren en las urbes y a plena luz del día. Uno donde las amenazas a operadores de justicia por parte del crimen organizado son cada vez más frecuentes, y donde los varios estados de excepción declarados por el Ejecutivo para combatir la delincuencia no parecen dar mayores resultados. A 2025, Ecuador es el país más violento en América Latina, registrando una tasa de 38 homicidios por cada cien mil habitantes. En este contexto, consolidar una Fiscalía General fuerte, independiente, apolítica y técnica resulta un imperativo a la hora de combatir el embate del hampa criminal en Ecuador.
La desconfianza sobre los concursos de méritos y oposición ensombrece el proceso de selección de Fiscal General
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es el ente encargado de impulsar la selección del Fiscal General. Este proceso debió haberse iniciado al menos seis meses antes de la terminación del período de Diana Salazar, en abril de 2025. Sin embargo, inexplicablemente se ha dilatado, al punto de que, tras la salida inesperada de la fiscal, la conducción institucional debió ser encargada provisionalmente a su segundo al mando, Wilson Toainga. Esto ha generado una situación de incertidumbre sobre el futuro de esa institución y un temor latente de que se pretenda cooptarla para fines de manipulación política. No hay certeza sobre el incio formal del proceso de selección .
Contrario a lo que se creería, el diseño de los concursos de méritos y oposición en Ecuador no contribuye a generar confianza en ese proceso de selección; mas bien, abona a alimentar sospechas sobre posibles manipulaciones políticas del mismo. Las experiencias caóticas en los procesos de selección para jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia –suspendida ya dos veces y sin visos de reanudarse– o del Contralor General del Estado –incidentada judicialmente en varios momentos del mismo–,evidencian que es necesario asegurar que el Reglamento que se emita para este proceso sirva no solo para designar a “un/a” Fiscal General, sino “al/a la mejor” Fiscal General.
Designar a el/la mejor Fiscal: ¿qué se espera del proceso de selección?
El turbulento momento político y social que atraviesa el Ecuador exige que el proceso que termine en la designación de Fiscal General responda a las necesidades actuales. En este sentido, preocupa que el Reglamento para la Selección del Titular de la Fiscalía General del Estado, aprobado en octubre de 2024, no logre esbozar un proceso con criterios claros que aseguren la independencia, la rigurosa formación técnica y la preparación de quien finalmente termine en ese cargo. Mencionaremos tres nudos críticos de especial importancia: experiencia, independencia y diversidad.
La experiencia en el ejercicio profesional que se exige para este cargo, así como ocurre en los casos de Juez Nacional o Juez de la Corte Constitucional, no aporta a asegurar que llegue un profesional con una trayectoria amplia y demostrada: apenas diez años de litigio, servicio público judicial o docencia se piden como requisitos de entrada al proceso. Bajo ese estándar, profesionales que no han llegado aún a la mitad de su carrera – y cuya probidad está aún en vías de demostrarse– podrían acceder a un cargo donde, por encima de los títulos, se debe tener experiencia, pericia, temple y carácter para enfrentar los desafíos y los riesgos de una posición de esa relevancia. Cualidades que solo se adquieren con años de ejercicio. Si bien se destaca que se otorguen puntos por tener títulos de doctorado y maestría en Derecho Penal y ramas “afines”, es importante destacar que los estudios formales finalmente no suplen la experiencia que más años de ejercicio pueden aportar.
Luego, está la cuestión de la independencia y los conflictos de interés. Aunque el Reglamento vigente prohíbe la postulación de parientes por consanguineidad y afinidad del presidente, vicepresidente, ministros de Estado y jueces de altas cortes, no dice nada sobre las postulaciones de personas que hayan pertenecido recientemente a cualquiera de las ramas del poder público. Este vacío permitiría la postulación de exministros/as, jueces/zas de altas cortes o funcionarios/as judiciales o del Ejecutivo con vínculos cercanos al poder político, lo que comprometería su imparcialidad e independencia.
Mientras más vínculos y cercanía tenga el Fiscal General con otras entidades públicas, menos sólida será su capacidad de decidir de manera neutral casos que involucren intereses de esas carteras o de sus representantes. El Reglamento, por tanto, debería prohibir que quienes han sido altos funcionarios de esas otras carteras, al menos en los últimos cuatro años, se postulen al cargo.
Finalmente, está el tema de la paridad. A pesar de que la Constitución de la República del Ecuador consagra que “se propenderá” a asegurar la paridad de género en el ejercicio de la función pública, el Reglamento no ha incluido criterios de acción afirmativa en favor de mujeres. Por otro lado, sí se pretende favorecer a personas de otros grupos que no son necesariamente excluidos o desfavorecidos, como aquellos que viven en las Islas Galápagos, quienes fueran héroes nacionales o quienes residan en la Amazonía. No solo que estas personas no necesariamente pertenecen a colectivos cuya participación deba promoverse, sino que son criterios que no abonan a la selección de un fiscal preparado y representativo de la población ecuatoriana.
Se espera que el proceso de selección del Fiscal General inicie a los 30 días posteriores de la renuncia de Diana Salazar, de acuerdo a lo indicado en el artículo 290 del Código Orgánico de la Función Judicial. En este tiempo, se prevén hacer cambios al Reglamento, para cuyo diseño ha habido muy poca participación ciudadana. A pesar de ello, y aún cuando los concursos de méritos y oposición no han demostrado lograr que lleguen los mejores profesionales a los altos cargos de la Administración de Justicia, se espera que una veeduría ciudadana eficiente y un proceso verdaderamente transparente y participativo permita al Ecuador elegir una persona titular de la Fiscalía General del Estado que logre un combate efectivo a la corrupción y al crimen organizado, sin convertirse en un instrumento para los intereses políticos del poder de turno.