En América Latina, el crimen organizado dejó hace tiempo de ser únicamente un problema de seguridad. Hoy se presenta en múltiples dimensiones: se relaciona con la vigencia de derechos humanos, la calidad de nuestras instituciones, el funcionamiento del Estado y, en no pocos casos, con la manera en que millones de personas organizan su vida cotidiana, particularmente en entornos marcados por economías ilícitas y ausencia estatal.
Aunque la violencia sigue siendo la manifestación más visible del fenómeno, no agota su complejidad. Más determinantes son la capacidad de adaptación y expansión de las estructuras criminales, así como su gran capacidad de integración en las dinámicas sociales y económicas.
La Resolución 1/26 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) parte justamente de este diagnóstico. Llega en un momento en el que resulta cada vez más difícil sostener que las respuestas estatales tradicionales estén a la altura del problema. Y es ahí donde radica la tensión principal: mientras el fenómeno evoluciona, se diversifica y se vuelve más complejo, las respuestas institucionales siguen usando marcos conceptuales y metodologías que no responden a estas nuevas manifestaciones. Ese desfase explica la persistencia y profundización del problema que hoy sufre la región.
Un fenómeno que ya no encaja en las categorías de antes
Durante años el crimen organizado se entendió a partir de modelos bastante definidos: estructuras jerárquicas, cadenas de mando claras, actividades ilícitas más o menos delimitadas. Esa imagen, aunque persiste en algunos contextos, resulta insuficiente para describir las dinámicas actuales en la región.
Hoy, si bien estas estructuras no han desaparecido, predominan redes criminales más flexibles. Estas no siempre tienen un centro claramente definido, se reorganizan, reconfiguran y operan de manera simultánea a distintos niveles al mismo tiempo. Además, combinan actividades sin fronteras nítidas: narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, extorsión… todos esos fenómenos delictivos que suelen estar más conectados de lo que parece.
A ello se suma un elemento clave que suele pasar desapercibido: estas redes no solo buscan rentabilidad sino también ejercer control. En muchos contextos desarrollan formas de gobernanza de facto: controlan territorios, regulan comportamientos, median conflictos. No sustituyen completamente al Estado, pero sí lo desplazan o distorsionan funciones que deberían ser públicas. En otros escenarios, las redes criminales se entrelazan con actores estatales, creando estructuras grises en donde es difícil separar los límites entre redes criminales e institucionalidad.
Frente a estas dinámicas, muchas de las respuestas institucionales siguen, en gran medida, pensadas y diseñadas para responder a un tipo de criminalidad distinto. Es, en el fondo, como intentar entender un fenómeno del siglo XXI con herramientas del siglo XX.
Impacto en los derechos humanos
Es frecuente medir el impacto del crimen organizado principalmente en índices de violencia, especialmente a partir de la tasa de homicidios. Y sí, la región tiene cifras alarmantes en este ámbito. Sin embargo, limitar el análisis a estos indicadores simplifica demasiado la complejidad del fenómeno.
En muchos contextos, el impacto trasciende la violencia directa y se expresa en la transformación profunda de la vida cotidiana. Existen territorios controlados por estructuras criminales donde moverse implica riesgos constantes, donde el acceso a servicios básicos depende de dinámicas impuestas por estos grupos, donde las reglas que organizan la vida social no siempre vienen desde las instituciones del Estado.
Estas dinámicas afectan el goce de derechos básicos de manera bastante concreta: acceso a la justicia, educación, salud, oportunidades económicas, entre otros. Además, ese impacto no es homogéneo: mujeres, niñas y niños, comunidades indígenas, personas en situación de movilidad suelen estar más expuestos a dinámicas de explotación, violencia o control.
El crimen organizado no solo produce violencia, también reproduce y muchas veces profundiza las desigualdades estructurales preexistentes, reforzando condiciones de exclusión que facilitan su expansión y arraigo.
Cuando el problema no es solo la criminalidad
Hay algo que la CIDH subraya con razón: el crimen organizado no puede entenderse sin considerar la corrupción y las debilidades estructurales del Estado.
Y esto no se refiere únicamente a casos aislados de corrupción sino a dinámicas más profundas de cooptación y captura institucional. En muchos contextos, las redes criminales logran operar y expandirse porque encuentran espacios de permisividad, complicidad o simplemente incapacidad estatal.
La corrupción facilita el acceso a información sensible protección frente a investigaciones, influencia indebida en personas y decisiones clave, lo que favorece las actividades de las redes criminales y sobre todo les garantiza impunidad. Al mismo tiempo, la falta de recursos, la debilidad institucional y los incentivos políticos de corto plazo promueven un ecosistema en el que estas prácticas no solo persisten, sino que se reproducen.
El resultado es una especie de “zona gris”, donde las fronteras entre lo legal e ilegal no son tan claras. Donde el problema no es solo la ausencia del Estado, sino también su presencia fragmentada, contradictoria o insuficiente. Esta ambigüedad dificulta la adopción de respuestas eficaces y sostenibles frente al fenómeno.
La trampa de la “mano dura”
Frente a este escenario, no sorprende la reacción estatal más frecuente sea apostar por medidas drásticas y de rápida implementación. Las políticas de “mano dura” tienen ese atractivo: prometen control inmediato frente a situaciones de alta presión social.
El problema es que, en la práctica, rara vez logran desarticular las estructuras criminales, aunque puedan producir ciertos resultados visibles.
La experiencia en la región muestra que estas estrategias no solo no resuelven el problema de fondo, sino que suelen generar costos adicionales: violaciones de derechos humanos, debilitamiento institucional y, en muchos casos, un fortalecimiento indirecto de las propias estructuras criminales.
Aquí hay una idea clave que vale la pena subrayar: no existe una contradicción inevitable entre seguridad y derechos humanos. Pensarlo en esos términos es, justamente, parte del problema. Las políticas que ignoran los derechos no suelen ser más eficaces; de hecho, tienden a ser menos sostenibles con el tiempo.
Por ello, la CIDH propone un enfoque integral que combine prevención social de la violencia, fortalecimiento institucional, políticas públicas basadas en evidencia, y respeto irrestricto a los derechos humanos.
Este enfoque reconoce que el crimen organizado está vinculado a factores estructurales como la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades y la debilidad institucional. Por eso, cualquier estrategia que busque ser sostenible debe ir más allá de la respuesta penal. La prevención, entendida en sentido amplio, es fundamental e incluye el acceso a la educación, empleo, servicios básicos y el fortalecimiento del tejido comunitario.
No se trata de reemplazar las políticas de seguridad, sino de complementarlas. Sin este componente, las intervenciones tienden a ser reactivas, fragmentadas y de corto plazo lo que limita su efectividad frente a un fenómeno de carácter estructural.
Entonces ¿por dónde avanzar?
Si las respuestas tradicionales no alcanzan, la pregunta inevitable es ¿qué hacer?
La Resolución 1/26 de la CIDH no ofrece una fórmula mágica ni soluciones simples, lo cual es positivo en la medida que sus recomendaciones parten de un análisis profundo de un fenómeno de alta complejidad. Lo que sí ofrece la resolución son orientaciones claras sobre hacia donde debemos avanzar.
En primer lugar, comprender mejor el fenómeno. Parecería obvio, pero no lo es. En muchos países, la falta de datos confiables sigue siendo un obstáculo importante. Sin información clara, completa y desagregada, es difícil diseñar políticas efectivas .
En segundo lugar, mejorar las capacidades de investigación. Las estructuras en red no se desarticulan con enfoques fragmentados. Hace falta incorporar herramientas como el análisis de redes criminales, el análisis de contexto o la investigación financiera, que permitan seguir el flujo de recursos, identificar conexiones y entender cómo operan las organizaciones criminales.
En tercer lugar, asumir que este no es un problema que pueda resolverse dentro de las fronteras nacionales. La cooperación internacional –en investigación, intercambio de información y en recuperación de activos– resulta indispensable.
Y, en cuarto lugar, algo que a veces se deja de lado: reconocer el rol de la sociedad civil, la academia y el periodismo. En muchos contextos, son estos actores los que han logrado mapear redes, documentar patrones, y generar evidencia donde el Estado no llega. Integrarlos no es un complemento ni una formalidad, sino una condición necesaria para respuestas más efectivas.
El verdadero desafío: pasar del diagnóstico a la acción
La Resolución 1/26 de la CIDH constituye un aporte valioso al reconocer la complejidad del fenómeno y proponer un enfoque más integral. Sin embargo, como suele ocurrir, el principal desafío no radica en el diagnóstico, sino en la implementación de las recomendaciones.
Para ello se requiere voluntad política, recursos y coordinación interinstitucional, pero también algo más difícil de construir: una mirada de largo plazo. El crimen organizado no se va a reducir con soluciones rápidas ni medidas populistas. Requiere consistencia, capacidad de adaptación y, sobre todo, una comprensión realista de su complejidad.
Asimismo, implica reconocer que el Estado, por sí solo, no enfrentar este desafío en su totalidad. La magnitud y sofisticación de estas redes hace necesario sumar capacidades, generar alianzas y trabajar de manera más articulada con diversos sectores.
Conclusión
El crimen organizado plantea desafíos complejos, que trascienden el ámbito de la seguridad. Se trata de un fenómeno que impacta directamente la democracia, el desarrollo, el estado de derecho y los derechos humanos en América Latina, y que requiere respuestas igualmente complejas e integrales.
Repensar las respuestas estatales que no terminan de ajustarse a esa realidad no es opcional, al contrario, es imperativo y urgente. Al final, lo que está en juego no es sólo cómo enfrentar el crimen organizado, sino la posibilidad de sostener sociedades en las que el ejercicio de los derechos no dependa del territorio, del contexto o de quién ejerce el control en la práctica. Esta es una conversación que los Estados de la región no pueden seguir postergando.
Sobre las autoras: Katya Salazar es directora ejecutiva de DPLF. Belén Aguinaga es oficial de programa de DPLF.
Crédito de imagen: Portada del documento Resolución No.1/26 Crimen Organizado y Derechos Humanos en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)