México DF, 11 de Agosto de 2014.- Los días 12, 13 y 14 de agosto, DPLF y sus contrapartes nacionales participarán en audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Ciudad de México para abordar los problemas que existen con la independencia judicial en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, y Panamá. Por primera vez en 15 años, estas audiencias son celebradas fuera de la sede ordinaria de la CIDH (que es en Washington, D.C.).
Tal como demostró un estudio reciente de DPLF, Ley vs. realidad, a pesar de ciertos avances en años pasados, la independencia y transparencia judiciales en Centroamérica siguen presentando serios desafíos. La interferencia de los poderes políticos en los poderes judiciales sigue siendo un problema, sobre todo en procesos de selección de autoridades judiciales, pero la falta de independencia de los jueces respecto a sus superiores jerárquicos es un fenómeno menos conocido que impacta fuertemente en la calidad de los sistemas de justicia.
Según Mirte Postema, coordinadora del programa de independencia judicial de DPLF, “la combinación de estas dos falencias -los nombramientos de autoridades por motivos políticos y el control que estos altos jueces ejercen sobre jueces de rango inferior- hace que la política siga teniendo interferencia en las judicaturas centroamericanas“.
Como consecuencia, los poderes judiciales de la región no cumplen adecuadamente con su rol tutelar de los derechos de los ciudadanos, y tampoco controlan de manera adecuada posibles excesos en el ejercicio del poder desde el Estado. Esto tiene consecuencias negativas para la democracia en los países, y es vista como una de las causas de la crisis de seguridad ciudadana en la región y la consiguiente crisis de los niños centroamericanos indocumentados en la frontera con Estados Unidos.
En Guatemala, la falta de existencia de una carrera judicial y un marco legal adecuado para garantizar la independencia de los jueces son obstáculos importantes para una adecuada impartición de justicia. Sin embargo, los actuales procesos de selección de autoridades judiciales constituyen actualmente la amenaza más importante para la independencia de la judicatura. Dice Mirte Postema de DPLF: “Los procesos de selección de magistrados para las salas de apelaciones y para la Corte Suprema de Justicia no cumplen con los estándares internacionales, que determinan que éstos deben ser basados en la investigación de los méritos de los candidatos, y que deben desarrollarse con transparencia y participación de la sociedad”.
En El Salvador, a pesar que ha habido reformas en materia de justicia y seguridad, éstas no han sido acompañadas por un adecuado fortalecimiento institucional de esos sectores. Según Juan Carlos Sánchez de la ONG salvadoreña FESPAD (Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho), “La impunidad por crímenes del pasado y la falta del Estado de construir instituciones democráticas fuertes son causas importantes de la violencia en El Salvador”.
En Nicaragua, el Estado no provee un marco adecuado para la independencia judicial, y los nombramientos judiciales son hechos en base a criterios políticos en lugar de los méritos de los candidatos. Dice Denis Darce Solís, de la CPDH (Comisión Permanente de Derechos Humanos) de Nicaragua: “La abierta afiliación política de varios jueces es una burla a la independencia de la judicatura”. De igual manera, “persisten condiciones infrahumanas en los centros penitenciarios que violentan los derechos humanos. Éstas son obstáculos a la reeducación y la reinserción social”.
En Panamá, la manipulación de la justicia a través de nombramientos políticos de magistrados de la Corte Suprema -por la falta de una normativa y práctica adecuadas- es sumamente preocupante. De igual manera, a pesar de que se ha estado debatiendo la aprobación de una ley de carrera judicial desde el 2005, Panamá -como uno de los pocos países en la región- todavía no cuenta con tan importante ley. Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia de Panamá: “La falta de aprobación de una ley de carrera judicial hace que muchos jueces y funcionarios judiciales sólo cuenten con nombramientos interinos, lo cual puede perjudicar su independencia”. De igual manera, según Castillo, “preocupan los indultos que el ex Presidente Martinelli, a salir de la presidencia, otorgó a violadores de derechos humanos. La motivación política de esos indultos se evidenció cuando en varios casos, Martinelli incluso indultó a personas que ni habían sido condenados todavía”.
DPLF y sus contrapartes instan durante las audiencias temáticas a que Guatemala, El Salvador, Nicaragua, y Panamá crean una verdadera carrera judicial que brinde estabilidad e independencia a las y los jueces, y que adecuen sus procesos de nombramientos judiciales para que cumplan con los estándares internacionales. Éstos deben ser claros, no-discriminatorios y estar basados en los méritos. Los procesos además deben ser transparentes y debe poder haber una participación de la sociedad civil en todas las etapas del proceso.
Fechas y horas de las audiencias, trasmitidas en vivo en www.cidh.org:
Martes 12 de agosto: El Salvador – 12:30-2pm (hora de México, D.F.)
Miércoles 13 de agosto: Guatemala – 9-10:30am (hora de México, D.F.)
Jueves 14 de agosto: Nicaragua – 9-10:30am (hora de México, D.F.)
Jueves 14 de agosto: Panamá – 11am-12:30pm (hora de México, D.F.)
Contacto en México:
Mirte Postema