La Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Asociación Internacional para el Derecho Internacional (ASIL) organizaron un evento que se llevó a cabo el 14 de mayo en Washington D.C. El evento tenía como objetivo informar sobre i) los últimos desarrollos del juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt, ii) los principales obstáculos que han enfrentado y enfrentan las víctimas, iii) el rol esencial de las cortes nacionales en el juzgamiento de crímenes internacionales, así como su iv) significado para el fortalecimiento del sistema de justicia y el estado de derecho.
Bajo la moderación de Katya Salazar, Directora Ejecutiva de DPLF, la Fiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz explicó el papel que ha tenido la institución a su cargo en la fundamentación de la acusación penal contra el ex dictador y reiteró su confianza en que el proceso penal permitirá que se haga justicia y que prevalezca la verdad. Por su parte, las expertas Naomi Roht-Arriaza, profesora de la Universidad de California Hastings College of the Law y Jo-Marie Burt, profesora de la Universidad George Mason y asesora de WOLA, explicaron los pormenores de este complejo caso y compartieron su análisis sobre el significado de este proceso para Guatemala y para la región, por tratarse del primer juicio por genocidio contra un ex presidente. Destacaron la importancia de los testimonios, sobretodo para las mujeres del pueblo maya ixil, quienes nunca antes habían sido escuchadas por un tribunal. Las panelistas lamentaron el contexto de presiones que atentan contra la independencia del tribunal a cargo del caso y enfatizaron en la necesidad de que la comunidad internacional se mantenga atenta y vigilante.
Efraín Ríos Montt, presidente de facto de Guatemala entre 1982 y 1983, y José Mauricio Rodríguez, jefe de inteligencia militar en la misma época, fueron acusados penalmente del genocidio de al menos 1.800 indígenas mayas de la etnia ixil, cometido entre los años 1982 y 1983. Tras un largo y enredado proceso, el 10 de mayo de 2013, Ríos Montt fue encontrado culpable y condenado a 80 años de prisión. Tan solo una semana después de este histórico fallo, el 20 de mayo, la Corte de Constitucionalidad dictó una sentencia que anuló los efectos de la condena y retrotrajo el juicio a los inicios de la etapa oral. Esta decisión del máximo órgano constitucional y la multiplicidad de recursos pendientes de resolver plantean nuevos interrogantes sobre el curso del proceso.
Si quiere obtener más información sobre el juicio puede visitar el sitio web http://www.riosmontt-trial.org/