Guatemala está inmersa en una larga crisis institucional y política que durante años ha desencadenado múltiples obstáculos para el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos.

La situación social y económica actual se sigue caracterizando por la pobreza, la exclusión y la impunidad, mientras que los altos niveles de violencia e inseguridad ocasionada por la narcoactividad y el crimen organizado representa uno de los desafíos más importantes en materia de seguridad. Persiste también una débil e ineficiente investigación de la corrupción, pese a la exposición de varios esquemas que implican a numerosos funcionarios del gobierno y miembros de la Suprema Corte y del Congreso. La represión violenta de las protestas sociales que demandan justicia, así como los reiterados ataques a la integridad de las y los operadores de justicia y de personas defensoras de los derechos humanos, revelan una fuerte interferencia política y la falta de capacidad en la respuesta estatal para proveer un sistema de administración de justicia eficiente e imparcial. En violación de la ley internacional de derechos humanos, el Congreso ha creado una legislación que garantizaría inmunidad para el delito de genocidio y otras atrocidades que se ejecutaron durante el conflicto armado guatemalteco, perpetuando así un escudo de impunidad e incumpliendo con los compromisos internacionales adquiridos en lo que respecta a los principios de reparación, verdad, justicia y no repetición.