Los ataques del Ministerio Público y de un ala podrida del Poder Judicial de Guatemala contra el proceso electoral de 2023 no dejan dudas de que el sistema de justicia del país ha sido capturado por redes de corrupción. Superados los intentos ilegales de impedir la posesión del presidente electo Bernardo Arévalo, la democracia guatemalteca sigue rehén del “pacto de corruptos” entre varios congresistas, jueces, fiscales, militares, empresarios y organizaciones criminales. En los últimos años este tramado entre agentes públicos y privados viene deflagrando dos guerras en Guatemala; una de baja intensidad contra la democracia y otra total contra los pueblos indígenas. Este artículo comenta algunos aspectos de esta ofensiva, caracterizada por los desalojos masivos y el uso arbitrario del poder punitivo, anclados en un marco legal, político e institucional que busca favorecer los intereses privados sobre los territorios indígenas.
Antecedentes de la conflictividad agraria y retrocesos recientes
Pese a los compromisos de reasentar las comunidades desplazadas durante el conflicto armado interno y de adoptar un nuevo régimen agrario, asumidos durante los acuerdos de paz de 1996, el marco legal e institucional de Guatemala ha sido moldeado para consolidar el acaparamiento de tierras indígenas. La lista de retrocesos recientes supera las dimensiones editoriales de un artículo de opinión, pero destaco tres de ellos:
1. Retrocesos legales y en la actuación del Ministerio Público
Creada en 2021 por la Fiscal General Consuelo Porras, la Fiscalía Especializada contra los Delitos de Usurpación ha denunciado a cientos de integrantes de comunidades indígenas que reivindican la propiedad colectiva de sus tierras ancestrales. Esta Fiscalía ha sido instrumental al Observatorio de Derechos de Propiedad, fundado por las cámaras del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que firmó un convenio de colaboración con la señora Porras meses antes del establecimiento de la referida fiscalía. Este convenio ha permitido a miembros del CACIF aportar al Ministerio Público información periódica sobre los datos sistematizados por el Observatorio para el desarrollo de investigaciones, muchas veces en favor de empresas y particulares que aducen ser propietarios de tierras habitadas por comunidades indígenas.
2. Retrocesos jurisprudenciales
Hasta comienzos de 2020, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala había desarrollado una línea jurisprudencial ajustada a los estándares internacionales de derechos humanos. Entre otros avances, la CC había reconocido la idoneidad del amparo constitucional para declarar derechos territoriales indígenas. Tras la arremetida del Congreso que impidió la elección y la juramentación de magistradas no alineadas al pacto de corruptos, la CC dio un giro en su jurisprudencia, pasando a prevalecer la improcedencia del amparo constitucional para reconocer la titularidad de comunidades indígenas sobre sus tierras tradicionales. Aunado a los retrocesos jurisprudenciales en la CC, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala carece de directrices para la actuación de jueces penales que conocen denuncias de usurpación y emiten órdenes de desalojo de comunidades indígenas.
3. Retrocesos en políticas públicas
En la medida en que los gobiernos de Jimmy Morales y de Alejandro Giammattei actuaron con total sumisión a los grupos de interés privado, la escasa institucionalidad agraria del Poder Ejecutivo fue progresivamente desmantelada. Entre otras medidas perjudiciales a las comunidades indígenas y campesinas, entre 2021 y 2022 el presupuesto y la capacidad operacional del Fondo de Tierras, para la adquisición de inmuebles para la reforma agraria, fueron reducidos considerablemente. La ahora inexistente Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) contaba con directrices para desalojos, incluyendo la asistencia social y jurídica gratuita, y se encargaba de investigaciones registrales esenciales para identificar adquisiciones irregulares de tierras indígenas. A inicios de 2020, Giammattei cerró la SAA y envió el archivo con sus estudios técnicos a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia para su custodia, favoreciendo aún más el acaparamiento de tales tierras. Cabe destacar que el Registro de Información Catastral –encargado de mantener la información sobre la ubicación, dimensiones y uso de los bienes inmuebles– no cuenta con estudios o censos para averiguar la validez de títulos de propiedad privada sobre territorios indígenas.
Patrones de la guerra judicial contra los pueblos indígenas
Guatemala es uno de los pocos países en donde la vía penal, y no la civil o agraria, es empleada de forma generalizada para desalojar a comunidades indígenas, sin que la autoridad judicial ejerza un control sobre la validez del título de propiedad que sustenta una denuncia penal por usurpación. Al tiempo, es quizás el único país de América Latina en que una comunidad indígena que ejerce la posesión de un determinado territorio debe acudir a una acción ordinaria civil para reclamar su propiedad, procedimiento mucho más costoso, lento y engorroso que la vía del amparo constitucional.
Los delitos de usurpación y usurpación agravada han sido utilizados para llevar a cabo desalojos judiciales violentos en contra de pueblos indígenas, sin notificación previa, garantías de reasentamiento y sin que puedan ejercer su derecho de defensa para demostrar la titularidad sobre los territorios que históricamente han ocupado. Durante los desalojos se ha reportado la quema y destrucción de las viviendas, enseres, indumentaria indígena, fuentes de alimentos, siembras y la pérdida y robo de animales; eliminando así la posibilidad de retorno. Con frecuencia, los desalojos son producto de la ejecución de órdenes judiciales de allanamiento contra un sinnúmero de integrantes de una misma comunidad, denunciados por usurpación de propiedad privada.
Por otro lado, han proliferado los desalojos extrajudiciales, casi siempre con un saldo de impunidad y personas heridas y asesinadas. En ocasiones, se dan actuaciones conjuntas entre efectivos de la policía y de empresas de seguridad privada que, en su mayoría, pertenecen a exoficiales del ejército y de la policía. Un ejemplo insólito de abusos cometidos por ese tipo de empresas tuvo lugar en 2007, cuando funcionarios de la empresa de seguridad que prestaba servicios a la minera transnacional Hudbay violaron a once mujeres Q’eqchi’ y asesinaron a un comunero, durante un desalojo en una zona conocida como Lote Ocho, en El Estor, departamento de Izabal. Esos desalojos violentos contaron con la participación de efectivos de la Policía Nacional y del Ejército. Ante la impunidad en torno a estos sucesos en Guatemala, las víctimas interpusieron una acción civil contra Hudbay en Canadá.
Cabe destacar los constantes actos de criminalización contra periodistas que investigan el acaparamiento de tierras indígenas en Guatemala. Un ejemplo reciente es la apertura de sucesivas investigaciones penales contra el periodista Carlos Choc tras denunciar esquemas de corrupción entre empresarios y autoridades locales en El Estor. Es así como la persecución penal arbitraria ha suplantado las formas más sangrientas de silenciamiento de quienes denuncian el acaparamiento de tierras indígenas. Al respecto, cabe recordar la ejecución de la antropóloga Myrna Mack Chang durante el conflicto armado, en represalia por sus investigaciones sobre cómo el ejército guatemalteco empleó el desplazamiento indígena no solo como táctica militar, sino para apropiarse de las tierras bajas en Izabal y otros departamentos del nororiente del país.
Trágicamente, las comunidades Q’eqchi’ y Poqomchi’ que enfrentan procesos penales por usurpación son precisamente las que lograron escapar de las masacres perpetradas por el Ejército durante el conflicto armado interno. Lo que la dictadura de las décadas de 1980 y 1990 no logró mediante operativos militares, la cleptocracia vigente en Guatemala está dispuesta a concluir mediante órdenes judiciales.
Consideraciones finales
Aunque el despojo territorial es un flagelo que acompaña la historia de Guatemala desde tiempos coloniales, los patrones más recientes mezclan las estrategias tradicionales de autoritarismo con un cierto velo de legalidad. La política de tierra arrasada que desplazó a un centenar de comunidades mayas de sus territorios durante el conflicto armado interno ha dado lugar a modalidades “legales” de desalojos, mediante el enjuiciamiento de comunidades enteras; decretos de estado de sitio y operativos policiales autorizados por órdenes judiciales. Guatemala provee una protección sobredimensionada a empresas y particulares que aducen ser propietarios de tierras habitadas por comunidades indígenas, las cuales se encuentran desprovistas de protección judicial para demarcar y titular sus territorios y para oponerse a órdenes judiciales de desalojo.
El pasado 9 de julio se llevó a cabo una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en que organizaciones indígenas, campesinas y de la sociedad civil denunciaron los desalojos masivos en Guatemala. La intervención ante la CIDH fue complementada con un informe que detalla el contexto en el que se ejecutan estos desalojos, los patrones de violencia, criminalización y desplazamiento de comunidades indígenas. Ambas iniciativas refuerzan los hallazgos de un estudio elaborado por una delegación independiente de abogados internacionales, publicado en octubre de 2023, que analiza las principales causas de la conflictividad agraria en el departamento de Alta Verapaz.
Durante la audiencia del 9 de julio, el gobierno guatemalteco reconoció la problemática de la concentración de tierras y los desafíos para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, mientras que la CIDH hizo un llamado a que Guatemala genere soluciones duraderas a los desalojos masivos en el país. La buena voluntad manifestada por el gobierno es una ventana de oportunidad para superar los retrocesos promovidos por los gobiernos de Giammattei y Morales en los últimos ocho años. No es casualidad el hecho de que el movimiento indígena haya sido el principal fiador de la integridad del proceso electoral de 2023. Si no fuera por la movilización indígena en frente a la Sede del Ministerio Público y en varias regiones de Guatemala, es muy probable que la cleptocracia hubiese logrado impedir la posesión de Arévalo como presidente legítimamente electo.
Con todo y la deuda política y moral del actual gobierno hacia los pueblos indígenas, el reto principal para superar la conflictividad agraria en Guatemala pasa por una actuación de la Fiscalía y del Poder Judicial menos alineada a las redes de corrupción y más acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.
Daniel Cerqueira es director de programa de Justicia Climática y Derechos Humanos en DPLF:
Fotografía: AP Photo/Moises Castillo, Archivo
