En las últimas décadas, en América Latina se ha consolidado un modelo económico basado en la explotación intensiva de recursos naturales, la exportación de materias primas y la flexibilización de las salvaguardas socioambientales. Este modelo ha avanzado a costa de la devastación del medio ambiente y la violación de derechos humanos, con un especial impacto en los pueblos indígenas y comunidades locales en cuyos territorios se realizan megaproyectos, quienes enfrentan los impactos más severos, como el despojo de sus territorios, la degradación de sus recursos naturales y alteraciones en sus modos de vida.

Los países de la región enfrentan el desafío de promover modelos de desarrollo sostenibles, que se ajusten a las obligaciones internacionales de derechos humanos y  combate al cambio climático. Es fundamental que tanto los Estados anfitriones como los de origen de las empresas transnacionales con operaciones en América Latina asuman esas obligaciones.

En este contexto, este programa se compone de dos grandes pilares. El primero de ellos  se enfoca en los derechos de los pueblos indígenas y tribales. En DPLF abogamos por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas ante todo tipo de decisión estatal, incluyendo las políticas, programas y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. El segundo de estos pilares es la promoción de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, como un derecho humano, a través de la aplicación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y ambientales. 

A través de investigaciones y estudios especializados, destacamos las obligaciones estatales y la responsabilidad de las empresas en torno a la exploración, extracción y gestión de los recursos naturales. Elaboramos manuales, infografías, materiales y herramientas accesibles para contribuir a que los agentes públicos y privados cuenten con directrices más claras para su aplicación.

Participamos en diversas iniciativas regionales y ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) para promover la aplicación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, presentamos escritos de amicus curiae ante los órganos del sistema y órganos domésticos, realizamos observación de juicios penales, y acciones de incidencia, para fortalecer la protección y defensa de los derechos humanos en el marco de los pilares del programa.

Brindamos apoyo técnico a organizaciones de la sociedad civil, comunidades locales, pueblos indígenas y movimientos sociales que luchan por incorporar los estándares internacionales en la jurisprudencia las normas y prácticas estatales en relación con la gestión de asuntos ambientales y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, a través del fortalecimiento de sus capacidades de litigio e incidencia ante órganos nacionales e internacionales.

Desde sus inicios, a través de este programa hemos contribuido a la formación de alianzas regionales y redes de litigio dedicadas a la defensa del territorio y los recursos naturales de comunidades impactadas por megaproyectos agrícolas, energéticos y de infraestructura, así como la rendición de cuentas de actores involucrados en economías ilegales que generan impactos ambientales severos.