La preservación del medio ambiente es, hoy más que nunca, una condición esencial para el pleno funcionamiento de la democracia y el Estado de derecho. En una democracia efectiva, se fomenta la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de asuntos ambientales. Estos principios amparan el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; asimismo, empoderan a que la ciudadanía haga responsables a sus gobiernos y actores privados involucrados en daños ambientales.

En esa línea, participamos en diversas iniciativas regionales y con los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) para hacer más accesibles los estándares aplicables al manejo de los recursos naturales. Por medio de la producción de estudios especializados, observación de juicios penales contra personas defensoras del medio ambiente, presentación de escritos de amicus curiae e incidencia ante órganos domésticos e internacionales, buscamos fortalecer la protección y defensa del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible y otros derechos humanos conexos.

Brindamos apoyo técnico a organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales que luchan por incorporar los estándares internacionales en las normas y prácticas estatales en relación con la gestión de asuntos ambientales. Asimismo, contribuimos a la formación de alianzas regionales y redes de litigio dedicadas a la defensa del territorio y los recursos naturales de comunidades impactadas por megaproyectos agrícolas, energéticos y de infraestructura, así como para la rendición de cuentas de actores involucrados en economías ilegales que generan impactos ambientales severos.