En el contexto de la guerra civil que vivió El Salvador, desde al menos 1980 hasta 1992[1], gran parte de la población salvadoreña fue objeto de innumerables violaciones a los derechos de humanos, por ser considerada por el gobierno y la fuerza armada como simpatizantes y semilleros de la guerrilla. En particular, la práctica de la desaparición forzada fue utilizada desde los años setenta como un mecanismo de persecución de opositores políticos y, posteriormente, en los ochenta como una importante estrategia de la política contrainsurgente, planificada y ejecutada desde las altas esferas del poder político, militar y empresarial, con el apoyo del aparato de seguridad del Estado y de sus estructuras paramilitares[2].
Una de las más horrorosas facetas de ese accionar represivo consistió en el robo y sustitución de identidad de niños y niñas, hijos e hijas de quienes se perseguía, desaparecía o mataba. En la gran mayoría de casos se les mantenía con vida[3] para que luego los perpetradores o sus familias se los apropiaran; o eran entregados a otras familias allegadas que simplemente los “inscribían” como hijos propios; o bien eran llevados a distintas instituciones del circuito jurídico de niñez de la época para ser dados en adopciones pseudo legales, tanto dentro de El Salvador como adopciones internacionales.
El mayor número de desapariciones de niños y niñas se registró entre 1980 y 1984[4]. Las personas afectadas eran en su mayoría muy pequeñas, pues eran menos capaces de protegerse, huir o esconderse del peligro[5]. Además, las posibilidades de que fueran consideradas como enemigos por las fuerzas armadas eran menores[6].
También se produjeron desapariciones de niños y niñas cuya responsabilidad es atribuida al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con características distintas: se usaba a la niñez como pantalla de las actividades clandestinas en las denominadas “casas de seguridad”[7], o para llevar mensajes a los frentes de guerra (“niños correo”). Aunque estos casos fueron menos frecuentes que los casos perpetrados por el ejército, no son menos dolorosos para sus familiares.
Una vez finalizado el conflicto armado interno, pese a innumerables esfuerzos de los familiares, las instituciones del Estado salvadoreño se negaron a colaborar efectivamente en la búsqueda, con algunas excepciones de tímidos esfuerzos interinstitucionales que no arrojaron resultados[8].
En general, al igual que en el caso argentino, la práctica de apropiación de niños y niñas se ancló en un sistema previo de creencias, de relaciones y jerarquías sociales que fueron quedando en evidencia en las tareas de búsqueda, localización y reencuentro[9]. Gran parte de la sociedad salvadoreña ha normalizado afirmaciones como “los guerrilleros no tenían derecho a criar a sus hijos” y que los niños y niñas arrebatados a sus familias se encontraban “mejor, con buenas familias”. Estas creencias son propias del tutelarismo donde el Estado decide sobre los destinos de la infancia, especialmente la infancia pobre, por asociarla a la idea de carencia y por tanto, una infancia a quien se podía “mover y colocar” de un espacio (su familia biológica) a otro (una familia “mejor”).
Esta política de sustracción también se basaba en objetivos políticos como el de “evitar un hogar subversivo” para la crianza de esos niños y niñas, dando cuenta de la aspiración autoritaria de creación de nuevos individuos con pensamiento afín al sistema imperante en la época.
Tampoco en el posconflicto salvadoreño, como sociedad se vivió una “caída de los velos”[10], a pesar de que el proceso de terror de Estado no había tenido reparos ni siquiera con los más pequeños. La contundencia del reclamo de estas desapariciones no logró interpelar a toda la sociedad nacional e internacional, como de alguna manera sí ocurrió en Argentina[11]. Una posible explicación es porque las víctimas eran en su mayoría campesinas y pobres, cuyos sufrimientos son con frecuencia invisibilizados o no se toman en cuenta. La voz dominante de los actores del conflicto -gobierno, militares y FMLN- ha sido en muchos casos más escuchada.
Pese a lo anterior, los familiares se fueron organizando con apoyo de aliados como el sacerdote jesuita Jon Cortina y el investigador Ralph Sprenkels[12]. Juntos fundaron la Asociación Pro- Búsqueda en 1994, dedicada a las investigaciones en esta temática. Esta organización ha registrado cerca de 2000 casos de niños y niñas desaparecidos; habiendo localizado mediante sus investigaciones a más de 400 jóvenes adultos que fueron separados de sus padres y familiares. Mientras los primeros casos se iban resolviendo, más familiares y denuncias se iban dando. Esto evidencia que la problemática no fue algo aislado, sino que se reprodujo en todo el territorio donde la guerra se hizo presente. Aunque el impacto se dio en cada familia, ahora se sabía que era un asunto social y político. Dañó a toda una población que ahora como sobrevivientes se integraban en una búsqueda común.
La impunidad del crimen
En El Salvador la justicia actual sigue operando de forma similar que durante el conflicto armado. Las normas y procedimientos se han modificado en lo formal, pero el tratamiento de los crímenes de lesa humanidad o de guerra, y las graves violaciones de derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas, aún no ha cambiado. Casi se asimila la desaparición forzada de un niño o niña con una adopción regular, es decir, desde lo jurídico no se quiere aceptar la existencia de estos crímenes, y menos aún que se ha usado los aparatos del Estado para mantener la apropiación hasta hoy. Y si se acepta que existió, no se cree que causa daño; se asumen que a los niños y niñas separados forzadamente otras familias, las adoptivas, “los criaron con amor” y así se justifica la inacción.
En general, a fiscales y jueces, aun aquellos con alguna voluntad de justicia, les ha sido difícil comprender el fenómeno y moldear los reclamos de la apropiación en hechos “ilegales” o “criminales”, y aun mas identificar e individualizar a sus responsables. Hasta la fecha, ninguna persona ha sido identificada ni juzgada como responsable por la desaparición de un niño o niña. Las denuncias presentadas por familiares ante la Fiscalía General o ante los tribunales, a lo largo de los años, no presentan ningún avance.
Hasta la fecha, las investigaciones tanto de la Asociación Pro-Búsqueda como de la CNB han podido develar que la fórmula burocrática para ingresar a niños secuestrados al circuito de la minoridad era etiquetarlos como “menor abandonado”, cuando en realidad habían quedado solos luego del operativo de secuestro o asesinato de sus padres o habían sido arrebatados brutalmente a éstos.
La justicia desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La falta de justicia interna llevó a que en 2005, El Salvador enfrentara la primera condena internacional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)[13] por violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado. Se trataba precisamente del caso Serrano Cruz[14], dos hermanas, Erlinda y Ernestina, quienes siendo niñas fueron desaparecidas por la fuerza armada, en el marco de un operativo militar que desembocó en una masacre. En su momento, el Estado cumplió algunas de las medidas de reparación, como el pago de indemnizaciones y la publicación de la sentencia en un periódico de mayor circulación, aunque lo hizo aferrado a una narrativa negacionista. No obstante, las medidas relacionadas al deber de búsqueda y de investigar siguen sin cumplirse: el paradero de Erlinda y Ernestina es aún desconocido, y la identificación y sanción de los responsables mediante un proceso penal no ha presentado ningún avance.
Más adelante se dictaron otras dos sentencias condenatorias en la Corte IDH, también sobre desapariciones forzadas de niñas y niños durante el conflicto armado: Contreras y otros (2011) [15], y Rochac Hernández y otros[16] (2014). En estos casos el Estado sí reconoció sus responsabilidades internacionales, lo que fue importante para que el proceso fuese menos revictimizante. La falta de justicia interna en estos casos se repite. Pese a ello, frente a años de falta de avance en las investigaciones, las sentencias de la Corte IDH adquieren relevancia porque de algún modo han reacomodado las formas como el Estado se ha comportado frente a estos hechos y minimizado el sentido de impotencia que ha acompañado a las víctimas en los procesos penales internos.
También es cierto que se adelantaron en otros aspectos simbólicos que contribuyeron a lograr algún resignificado público de las víctimas, como los actos de reconocimiento de responsabilidad y petición de perdón, que fueron importantes para las familias afectadas y sus comunidades. Estos actos sentaron las bases para otros que se realizaron en casos de masacres, que no contaban con una sentencia internacional[17]. Los pedidos de perdón, como parte de la reivindicación de las víctimas y del reconocimiento de los hechos son, sin duda, positivos; sin embargo, muchas victimas resienten que los directamente responsables o las instituciones a las que han pertenecido, como la Fuerza Armada, o el mismo FMLN, no han mostrado signos de arrepentimiento. También consideran que el efecto de estos actos se minimiza porque, pese a las reiteradas peticiones de varias organizaciones de víctimas y llamados internacionales, el Estado aun hoy se niega a dar acceso a los archivos militares del periodo del conflicto y a dejar de nombrar oficialmente a destacamentos militares con los nombres de jefes militares señalados por haber cometido graves violaciones a los derechos humanos.
Adicionalmente, desde 2005, la Corte IDH ha ordenado tres medidas con alcances colectivos para los casos de niñez desaparecida: 1) La creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (CNB)[18], 2. La declaratoria de un Día de la Niñez Desaparecida[19], y 3) La creación de un banco genético. Hasta ahora, la única de las tres medidas que no se ha implementado es esta última.
La búsqueda desde el Estado: la Comisión de Búsqueda de Niñas y Niños
La creación y operación de la CNB, establecida en 2010[20], resulta particularmente relevante por dos razones. En primer lugar, la CNB constituye la experiencia de más larga data en términos de búsqueda de personas desaparecidas desde un mecanismo estatal en Latinoamérica. A pesar de las restricciones materiales y los obstáculos políticos que la Comisión ha enfrentado desde su creación, esta institución ha logrado servir como punta de lanza en la búsqueda y localización de niños y niñas desaparecidos en razón de un conflicto armado. Hasta diciembre de 2020, 113 casos han sido resueltos por esta Comisión y 250 casos aun se encuentran en investigación. Esta institución, en términos generales, ha desarrollado metodologías pioneras para la búsqueda, identificación, exhumación y acompañamiento psicosocial a las familias de los niños y niñas desaparecidas.
Aunque la CNB entra años después a retomar la búsqueda, también fortalece las iniciativas de las familias y la esperanza al ir obteniendo resultados desde el Estado. Desde su inicio, la CNB lleva adelante las búsquedas con acompañamiento psicosocial; con ello no se elimina el dolor, pero se ayuda a enfrentarlo. Los familiares se van fortaleciendo, entre otros factores, cuando hay instituciones que los comprenden, les acompañan y tienen presentes en el día a día.
Los impactos de la desaparición forzada de niños y niñas
Como todo hecho traumático, la desaparición forzada de niños y niñas en el conflicto armado ha dejado un conjunto de daños físicos y emocionales, en las relaciones familiares y sociales, tanto de manera inmediata como a mediano y largo plazo. Treinta y cinco o cuarenta años no son suficientes para borrar las huellas de esta tragedia.
Las familias, además de sufrir por el ser querido que les quitaron, fueron perseguidas, amenazadas, y salieron adelante con lo que pudieron, casi siempre cargando culpas por lo que les faltó hacer, por el solo hecho de sobrevivir. Con el paso del tiempo fueron haciendo el recuento de sus pérdidas: familia, casa, tierras, animales, sus relaciones, y de cómo ganaron otras: experiencias cercanas a la muerte, escondiéndose en las montañas, viviendo de lo que encontraban, comiendo y haciendo lo que nunca pensaron.
La búsqueda inmediata fue imposible para las familias de los niños y niñas desparecidos en la mayoría de los casos, había que sobrevivir. Muchos tardaron años en contar su historia, en hacer valientemente una denuncia porque el miedo aún permanecía. Tuvieron que romper con la narrativa creada sobre los niños y las niñas: no eran guerrilleros, eran inocentes. Salir del aislamiento, la soledad, el silencio es un proceso que cada uno lleva a su tiempo, en esos primeros momentos fortalecidos por la comunidad.
Luego de más de tres décadas de búsqueda muchos familiares se encuentran ya cansados, con las esperanzas al mínimo, padeciendo de enfermedades consecuencia del trauma de la desaparición. Pese al tiempo transcurrido con frecuencia todo se revive como si fuera ayer, y muchas de las relaciones de esos familiares con otros miembros de su familia o comunidad, subsecuentes en el tiempo, han sido agrietadas por las decisiones y opciones que se han tenido que tomar para seguir buscando. No todos en la familia mantienen el mismo nivel de expectativa; por lo general son madres, y también padres los más activos en los procesos de búsqueda. Los demás llevan un tono de reclamo o de no tocar el tema: “eso ya pasó”, “mejor dedíquele a la familia”, “pase la página”, “no regresará”, etc. Son parte de las palabras que hacen al familiar guardar silencio, o llorar en soledad cuando vienen los recuerdos. El daño va creciendo ahora desde los más cercanos.
La experiencia de reencuentro
El reencuentro, facilitado por la Asociación Pro-Búsqueda o por la CNB, entre quienes siendo niños o niñas fueron desaparecidos, hoy ya personas adultas, y sus familiares biológicos, es una de las experiencias de mayor reparación que se pueda tener. Casi nada se compara con el momento tan emocionante y único de volver a verse. Como decía el Padre Jon Cortina desde su enfoque más religioso, “el reencuentro es la resurrección, la familia creía que estaba muerto”. En esa dimensión se hallan los familiares, sintiendo que su ser querido antes arrebatado, vuelve a la vida.
Esa alegría se mezcla muchas veces con una tristeza y dolor profundo; vienen a la mente y corazón recuerdos de la vida durante el conflicto armado, del momento de la desaparición, de los años trascurridos sin sus familiares. Algunos de los “reencontrados”, aunque hayan tenido buenas crianzas y familias adoptivas amorosas, su vida con esas familias no fue el camino que escogieron libremente y son conscientes que falta algo en sus identidades. Muchas veces para ellos y ellas, ese vacío de identidad va más allá de su propio nombre o apellidos: es reconocer a su familia de origen, aceptar la historia y la carga emocional que conlleva, es ver su parecido, su genética, ser parte de un grupo originario en el cual todo encaja, se siente parte.
Frecuentemente se piensa que el reencuentro es el final de un proceso. Quizás de la búsqueda sí, pero ahí recién comienza otra etapa: el inicio de una nueva relación con personas que se separaron forzadamente y ahora se le da de nuevo la oportunidad de reconocerse y aceptarse. La mayoría de las personas “reencontradas” se muestran nerviosas, se sienten entre extraños, no saben cómo acoger a sus parientes biológicos, si abrazarlos o no, si hacer preguntas, como ponerse al día. Es un proceso complejo que se va dando, para el cual es indispensable el apoyo desde lo psicosocial. Es un ir descubriendo la “normalidad dentro de esa anormalidad” (como decía Ignacio Martín Baró) de unas vidas fragmentas por un conflicto.
También existen casos donde los niños o niñas han sido localizados fallecidos. Aquí la CNB, en coordinación con la Fiscalía General, y previa autorización del juez de la localidad respectiva, realiza exhumaciones, ya sea con apoyo del Instituto de Medicina Legal o de equipos internacionales de antropología forense, las cuales, para las familias biológica, por absurdo que parezca, son también reencuentros con la vida. Los familiares abrazan y palpan los restos que ellos aún sienten como su ser querido, sienten de algún modo la alegría de saber la verdad, saben lo difícil que es recuperar los huesos luego de tanto tiempo. Son momentos que solamente los familiares que han estado buscando tanto tiempo podrían explicar.
Para quien desde su profesión se involucra en la búsqueda de niños y niñas desaparecidos en el conflicto armado tampoco es tarea fácil: se requiere dar lo mejor del conocimiento, en condiciones laborales habitualmente mínimas y en contextos de riesgo. No es solo cuestión de dar resultados científicos. La empatía es esencial para lograr conectarse con la causa, ser autentica para alguien externo que no tiene esa vivencia de desaparición en su historia.
Dejar de verse uno mismo para salir en búsqueda nadie lo enseña, no se aprende en universidades o con muchos diplomados. Se va aprendiendo al convivir con las personas desaparecidas y quienes lo recuerdan, se sufre con ellos su historia, su cotidianidad de dolor y de esperanza. Encontrar pistas que lleven a la identificación de una persona tanto tiempo buscada también transforma. Es una verdad que sana.
*Psicólogo, con muchos años de experiencia en trabajo con familiares victimas de desaparición forzada.
**Abogada y directora del Programa Impunidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos, Fundación para el Debido Proceso DPLF) y Comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado de El Salvador (CONABUSQUEDA).
Foto: CONABUSQUEDA
[1] Durante 12 años, El Salvador sufrió una de las guerras civiles más brutales y dramáticas del siglo XX entre el Estado – la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) – y las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que se estima dejó como saldo alrededor de 75,000 muertes y al menos 5,000 personas desaparecidas. Más del 85% de los crímenes registrados se atribuyen a militares y paramilitares. Finalizo con unos Acuerdos de Paz en enero de 1992.
[2] Ver “La Desaparición Forzada en el Contexto del Conflicto Armado en El Salvador: una primera aproximación al fenómeno”. Agosto 2020. Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado en El Salvador (CONABUSQUEDA), pág. 19. Disponible en https://forodesaparecidosv.com/wp-content/uploads/2020/08/Documento-Informe-Oficial_FINAL-190820.pdf
[3] Según información de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (CNB), en un 70% de los casos resueltos, los niños y niñas se encontraron con vida.
[4] Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, Informe sobre El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, La Actuación del Estado de El Salvador en la problemática de la niñez desaparecida a consecuencia del conflicto armado, pág. 8. Ver también Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, La Paz en Construcción, pág. 25
[5] Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, La Paz en Construcción, pág. 16.
[6] Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, La Paz en Construcción, pág. 16.
[7] Casas utilizadas por los grupos insurgentes para sus actividades, en las cuales se usaban niños y niñas como pantalla para simular una familia, y así dificultar que las autoridades la descubrieran.
[8] A partir de 1996, la Asociación Pro-Búsqueda, luego de muchos esfuerzos, tuvo acceso a archivos relacionados con adopciones, en poder de la Procuraduría General de la República (PGR), como eran los registros de orfanatos y, posteriormente, a la contenida en los archivos de algunos de los tribunales de “menores” del país. Ver El Día Mas Esperado, 200, Asociación Pro- Búsqueda, y también Revista Proceso (2003, Julio). Las voluntades no se queman. Año 24, número 1057.
[9] Carla Villalta (2009). La apropiación criminal de niños: categorías y resignificaciones en las estrategias y reclamos de justicia. INTERSECOES, 11 (1), 35-53.
[10] Cerruti, Gabriela. 2001. “La historia de la memoria”, en: Revista Puentes, Nº 3, Buenos Aires. Pág. 14.
[11] Ralph Sprenkels, investigador fundador de la Asociación Pro-Búsqueda, junto al sacerdote jesuita Jon Cortina. Borgh, C. (2019, Octubre). Utrech University. Retrieved from Utrech University: https://www.uu.nl/en/news/in-memoriam-dr-ralph-sprenkels-9-march-1969-14-september-2019.
[12] Para más información sobre este fenómeno en Argentina ver “Los Niños Desaparecidos”. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Disponible en https://www.cels.org.ar/common/documentos/ni%C3%B1os_desaparecidos.pdf
[13] A la fecha, la Corte IDH ha dictado siete sentencias contra El Salvador, y solo cuatro de ellas se relacionan con el conflicto armado: Caso Serrano Cruz en 2005, Caso García Prieto en 2007, Caso Contreras y otros en 2011, Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños en 2012, Caso Rochac Hernández y otros en 2014, Caso Ruano Torres y otros en 2015 y Caso Colindres Schonenberg en 2019.
[14] Corte IDH. (2005, marzo). Hermanas Serrano Cruz Vs El Salvador. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_120_esp.pdf
[15] Corte IDH. (2011, septiembre). Caso Contreras y otros vs El Salvador. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_232_esp.pdf
[16] Corte IDH. (2014, octubre). Caso Rochac Hernández y otros vs El Salvador. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_285_esp.pdf
[17] Al respecto, véase: Sánchez Cerén pide perdón por daños durante conflicto armado. Publicado el 16 de enero de 2014. Disponible en: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sanchez-Ceren-pide-perdon-por-danos-durante-conflicto-armado-20140116-0040.html
[18] Decreto No. 57, de 5 de mayo de 2010. “Créase la “Comisión Nacional de Reparación a las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, ocurridas en el contexto del conflicto armado interno”. El Salvador. Disponible en: http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/DiarioOficial_/20100512.pdf
[19] Decreto Legislativo No 197, del 22 de enero de 2007, publicado en Diario Oficial No. 23, tomo 374 de fecha 5 de febrero de 2007. Disponible en: https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/F2DCD571-A654-4FE1-8309-47D292B406E6.pdf
[20] Decreto Ejecutivo No. 5, del 15 de enero de 2010, publicado en el Diario Oficial No.11, tomo 386 de fecha 18 de enero de 2010. Creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno. https://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2010/01-enero/18-01-2010.pdf
