Estamos por cumplir el primer cuarto del siglo XXI, y puedo afirmar que tenemos una forma de violencia propia de esta época: la violencia producida por las redes de macrocriminalidad. Lo grave es que, para enfrentarla, tenemos herramientas propias de la segunda mitad del siglo XX, que fueron creadas para contener otro tipo de fenómenos, como el Estado de excepción, el reconocimiento del conflicto armado interno, la justicia ordinaria o la justicia transicional.
En este texto analizaremos qué son las redes de macrocriminalidad y el desafío proveniente de la estructura política que forma parte de la red, cuyo principal objetivo es mantener la impunidad, así como el ejercicio de la gobernanza criminal; las diferenciaremos del crimen organizado y de las redes de corrupción; y miraremos los distintos tipos de delitos que cometen agrupados en cuatro conjuntos: de corrupción, contra la administración de justicia, delitos empresariales, y los inherentes a los actos de violencia (detenciones arbitrarias, secuestros, tortura, homicidios, ejecuciones extrajudiciales, sistemas de extorsión, trata de personas, por mencionar algunos).
Es importante tener clara la diferencia entre el crimen organizado, las redes de corrupción, y las redes de macrocriminalidad con y sin base social, para determinar las estrategias de investigación y desmantelamiento de la red. Las necesidades que tendrá una fiscalía son muy distintas cuando enfrenta una banda de secuestradores, roba autos o asalta bancos que se pueden considerar bandas del crimen organizado, que cuando enfrenta una red de macrocriminalidad como el Cartel de Sinaloa -por dar un ejemplo- que tiene posiciones en alrededor de 30 países, con una operación de miles de millones de dólares al año, con control territorial en amplias regiones ya no sólo de México, sino también de Colombia; con un proceso de militarización en sus operaciones violentas, y con el apoyo de cientos de policías municipales, estatales, federales, militares, así como de presidentes municipales, gobernadores, y servidores públicos federales, lo que incrementa su capacidad de influencia política y de obstrucción a la justicia.
¿Qué son las redes de macrocriminalidad?
Una red de macrocriminalidad se caracteriza por cuatro aspectos (Vázquez, 2019; Espinal, Isunza, Isunza y Vázquez, 2023; Cruz, Espinal, Guadarrama, Niño y Vázquez, 2024):
– Está conformada por tres estructuras: la criminal, la política y la empresarial. La existencia de una estructura política supone una demanda explícita de impunidad. Si no hay una estructura política, no estamos frente a una red de macrocriminalidad.
– La capacidad de ejercer gobernanza criminal. En términos llanos, esto significa que gobiernan en el territorio que controlan. Dicho gobierno puede ser directo o indirecto. En el primer caso, lo harán a través de la estructura política que es parte de la red de macrocriminalidad. En cambio, la gobernanza criminal indirecta existe cuando se construye un sistema paralelo de reglas y sanciones que desplaza al orden estatal. Si no hay gobernanza criminal (control territorial), tampoco estamos frente a una red de macrocriminalidad.
– Comete distintos tipos de delitos, como el narcotráfico, la trata de mujeres o de migrantes, así como de trabajo esclavo, homicidios, desapariciones, secuestros, y redes de extorsión.
– En la medida que la red de macrocriminalidad genera distintos tipos de delitos, también habrá diferentes tipos de víctimas, con necesidades diferenciadas de reparación.
Debido a que las redes de macrocriminalidad, para ser tales, necesitan reunir esos cuatro elementos, no hay tantos ejemplos de este tipo de redes: los carteles en México, las maras en Centroamérica, los paramilitares hoy reagrupados en organizaciones como el Clan de Golfo en Colombia, o las milicias en Brasil.
¿Todo el crimen organizado es una red de macrocriminalidad?
No, no todo el crimen organizado es un ejemplo de red de macrocriminalidad. Es importante distinguir con claridad cuándo estamos frente a una red de macrocriminalidad, y cuándo frente a otras expresiones del crimen y crimen organizado, pero que no reúnen los cuatro elementos mencionados en las líneas anteriores. Podemos construir cuatro niveles de estructuración criminal, los dos primeros no son redes de macrocriminalidad, los dos últimos sí. Veamos cada uno de ellos.
En un primer nivel tenemos al crimen organizado tal como está definido en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en México: tres o más personas organizadas de hecho para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno(s) de los siguientes delitos: terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de personas, lavado de dinero, corrupción de menores, pornografía infantil, tráfico de órganos, y distintos tipos de robo, por mencionar algunos1. En estos casos, la figura del crimen organizado es muy amplia, y no tiene interacción explícita con la estructura política.
En un segundo nivel podemos tener la presencia de la relación entre la política y el crimen mediante una asociación de intereses mutuos entre personas de la política y algún grupo criminal que incluye la realización de acciones ilegales en abierta impunidad. Pero puede ser que esta asociación no conlleve ni gobernanza criminal ni desate procesos de violencia. Ejemplos de este tipo de relaciones son las redes de corrupción que otorgan concesiones públicas a cambio de sobornos que serán usados tanto como ingresos ilegales a las campañas electorales, como para enriquecer a la clase política corrupta. A este fenómeno criminal le podemos llamar redes de corrupción, que tienen una mayor complejidad que el anterior debido a la estructura política que ya ejercerá una demanda explícita de impunidad activa, pero aún no estamos frente a una red de macrocriminalidad, precisamente porque no hay gobernanza criminal.
Un tercer nivel involucraría la relación entra la política y el crimen mencionada en el punto anterior, más el control territorial a través de la violencia (redes de extorsión, secuestro y desaparición, control de iluminación y patrullaje, por mencionar algunos elementos). Aquí ya estamos en el marco de las redes de macrocriminalidad sustentadas en la violencia.
Podemos observar un cuarto nivel si consideramos todo lo anterior más la construcción de legitimidad en el territorio a través del otorgamiento de bienes y/o servicios públicos que deberían quedar en manos del Estado (escalamiento social por medio del ingreso a la red, resolución de conflictos, acceso a planes de política social, política de seguridad a cargo de las organizaciones o grupos criminales, distribución de bienes). Aquí estamos frente a redes de macrocriminalidad con base social.
Es importante distinguir estos cuatro niveles de criminalidad. En el primero no hay una red criminal, son sólo bandas criminales. En el segundo hay una red criminal con componente político, pero se trata de una red de corrupción. El tercero y cuarto niveles ya se trata de redes de macrocriminalidad, sólo el último tendrá legitimidad social.
¿Cuál es el principal objetivo de las redes de macrocriminalidad?
El principal objetivo de las redes de macrocriminalidad es generar la mayor cantidad posible de ganancias. Las fuentes de estas ganancias se han diversificado, tenemos lo relacionado con la producción, distribución y comercialización de distintas substancias estupefacientes; pero también hay sistemas de extorsión que han alcanzado espacios insospechados que van más allá del cobro de piso a distintos tipos de espacios comerciales como restaurantes, bares, farmacias, tiendas, incluso a los vendedores informales a quienes además utilizan como informante de lo que sucede en esa zona y puntos para el narcomenudeo (a estas personas se les conoce como estacas), para llegar hasta cadenas de producción en donde no sólo se cobran extorsiones por cada camión de algún producto, sino también intervenciones en los procesos de distribución para generar compras obligadas a algunos vendedores, y modificar los precios finales de una diversidad de bienes como el aguacate, limón, pollo, carne, pescados y mariscos, tortilla, productos de la construcción, expendios de bebidas alcohólicas, por mencionar algunos.
Los sistemas de extorsión alcanzan también a los transportistas de personas, cada uno de los choferes pagan una extorsión por cada vuelta que dan a la ruta, a la par que sirven como informantes de lo que sucede en sus zonas (a esta figura se le conoce como halcones). Ni siquiera los actores estatales se salvan de los sistemas de extorsión, se ha documentado el cobro de extorsiones a los presidentes municipales que van de los 300 a los 500 mil pesos mexicanos mensuales. También operan actividades del comercio informal e ilegal, así como la trata de personas, en particular para servicio sexual, trabajo esclavo y el secuestro masivo de migrantes.
Lo que me interesa es que la persona lectora mantenga este punto en mente: el principal objetivo de las redes de macrocriminalidad no es cometer delitos, incluso tampoco es generar violencia y, con ella, violar los derechos de las personas. Todos estos elementos son medios que tienen un único fin: generar la mayor cantidad posible de ganancias.
¿Qué tipo de delitos cometen las redes de macrocriminalidad?
Para generar la mayor cantidad posible de ganancias, las redes de macrocriminalidad cometen una serie de delitos que podemos agrupar en tres tipos: de corrupción, contra la administración de justicia y empresariales o corporativos (cuadro 1). Y, por supuesto, ejercen violencia letal y no letal que supone otra serie de delitos como la tortura, la desaparición y el homicidio. Veamos cada uno de los tres primeros.
Las redes de macrocriminalidad y la corrupción
Cuando estamos frente a una red de macrocriminalidad necesariamente se estarán cometiendo actos de corrupción, debido a la relación entre la estructura criminal y la política. Algo que se encuentra cada vez más documentado es la relación entre la corrupción y las violaciones a los derechos humanos2; en especial, la forma en que la corrupción es la causa de violaciones a otros derechos humanos3; o, si aceptamos que se está construyendo un derecho humano a vivir libre de corrupción, la corrupción en sí misma sería una violación a dicho derecho en construcción. En muchos de estos casos es probable que estemos frente a redes de corrupción como las que analizamos arriba, en el segundo nivel de las distintas estructuras criminales, pero no frente a una red de macrocriminalidad por la ausencia de la gobernanza criminal.
Los actos de corrupción tienen una dinámica distinta en las redes de macrocriminalidad, es la forma en que interaccionan las estructuras política y criminal por medio de una serie de delitos: sobornos y cohechos, uso ilícito de atribuciones y facultades y ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, por mencionar algunos.
Por ejemplo, la interacción más inmediata es la que se realiza por medio de sobornos y cohechos, es decir, por medio de intercambio de favores que, en la medida que son sistemáticos a lo largo del tiempo, se convierten en una forma de asociación. El más conocido es la aparición de políticos y servidores públicos en nóminas pagadas por el narcotráfico, que van desde los policías municipales hasta secretarios de Estado, así como el ingreso ilegal de dinero del narcotráfico a las campañas electorales, en especial en las elecciones presidenciales y de las entidades federativas o provinciales, ya que a nivel municipal perdura un sometimiento por medio de la violencia junto con un proceso de extorsión.
En la medida que las y los políticos y servidores públicos son parte de la estructura política de la red de macrocriminalidad, lo que se espera de ellos es que adecúen sus funciones a las necesidades y requerimientos de la red (el gobierno trabajando para la red de macrocriminalidad, y no para el bienestar de las personas), y también que echen mano de sus influencias en otras personas políticas y servidores públicos. Aquí aparece el tráfico de influencias ya sea para facilitar el paso de drogas, para proporcionar protección a integrantes de la red o para entorpecer procesos de investigación, por mencionar algunos ejemplos.
Un aspecto poco analizado, pero no improbable es la malversación de fondos públicos, en particular -por ejemplo- del desvío del presupuesto público destinado a la lucha contra el narcotráfico o a programas de prevención y rehabilitación; o del desvío público para financiar actividades del narcotráfico, como sucedería con el sistema de extorsiones que actualmente pagan las y los presidentes municipales.
Como mencionamos líneas arriba, el proceso de obtención de ganancias de las redes de macrocriminalidad se ha diversificado, lo que ha alcanzado también a las empresas públicas y a los sistemas de contratación estatales. En estos casos, las redes de macrocriminalidad crean sus propias empresas y ganan los procesos de licitación pública por medio de la estructura política de la red. Estamos frente a delitos de corrupción como el uso ilícito de atribuciones y facultades y el ejercicio abusivo de funciones.
Las redes de macrocriminalidad, la impunidad y los delitos empresariales
Además del conjunto de delitos de corrupción, las redes de macrocriminalidad también cometen una serie de delitos en contra de la administración de justicia que forman parte de la interacción entre la estructura política y criminal de la red. Esto se debe a que uno de los aspectos centrales de contar con una estructura política es la existencia de una demanda explícita de impunidad activa.
Igual que sucede con la relación entre la corrupción y los derechos humanos, también se ha avanzado en la relación entre la impunidad como causa de las violaciones a los derechos humanos4. Pero en el caso de las redes de macrocriminalidad, estamos frente a un fenómeno distinto, es la apropiación de la estructura estatal -en especial la de seguridad pública (cuerpos de policías y militares) y procuración de justicia (sistema de fiscalías)- para evitar que se investiguen los delitos cometidos por los integrantes de las redes de macrocriminalidad.
En este marco encontramos delitos como la intimidación para que las personas no realicen las denuncias pese a haber sufrido de un delito. El abuso de autoridad por medio del retardo o negación de la protección de seguridad y procuración de la justicia. Y delitos como la obstrucción de la justicia y la abstención injustificada de ejercer la acción penal.
Es importante señalar que la apropiación de las arenas de política pública tanto de seguridad (cuerpos de policía y regimientos militares) como de procuración de justicia (sistema de fiscalías) ha ido más allá de la impunidad activa. Actualmente esta apropiación llega a que las y los policías administrativos y de investigación, así como cuerpos militares operen como parte de las redes de macrocriminalidad en los procesos de detención arbitraria, tortura y desaparición de personas determinadas por las necesidades de la propia red de macrocriminalidad5.
Finalmente, es menos relevante para esta reflexión pero podemos mencionar a los delitos empresariales o corporativos que forman parte de las dinámicas de la red, entre los cuales están: el lavado de dinero para poder hacer uso lícito de las ganancias producto de todos los negocios ilícitos mencionados; el fraude financiero que le permite a la red de macrocriminalidad apropiarse de forma ilegal de los recursos de la propia empresa; el contrabando por medio del cual se utilizan los mecanismos legales de distribución de una empresa para distribuir sustancias o cargamentos ilegales; o la falsificación de productos o instrumentos como medicamentos, productos químicos o equipos de laboratorio que son utilizados para la elaboración o procesamiento de sustancias estupefacientes.
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El principal desafío de las redes de macrocriminalidad proviene de dos elementos: la estructura política que forma parte de la red; y la capacidad de control territorial por medio de la gobernanza criminal. Estos dos elementos detonan la impunidad activa y la disputa por la construcción del orden político-social.
En la medida que las redes de macrocriminalidad controlen a los policías municipales, estatales, y tengan influencia en regimientos militares y en las fiscalías, no sólo será muy difícil avanzar en la investigación y desmantelamiento de la red, además las espirales de violencia crecerán de forma cuantitativa y cualitativa, como lo hemos visto en México no sólo en la cantidad de personas asesinadas, sino en el involucramiento de los órganos gubernamentales en masacres como la de Allende cometida en marzo del 2011, o la de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre del 2014, donde órganos estatales participaron (por acción o por omisión) en la desaparición de decenas de personas.
Por ende, lo más importante cuando aún no estamos frente a este tipo de redes de macrocriminalidad, pero hay elementos que dan cuenta de la cercanía de estos grupos (como está sucediendo en Ecuador y en Argentina) es blindar y fortalecer los gobiernos y policías locales, municipales, así como las fiscalías, para evitar que estos servidores públicos se conviertan en parte de la estructura política de la red.
En cambio, cuando las redes de macrocriminalidad ya cuentan con una estructura política y gobernanza criminal, el desafío será aislar al conjunto de organizaciones estatales encargadas de la investigación y desmantelamiento de las redes de la estructura política que ya es parte de la red de macrocriminalidad. En estos casos, ejercicios como los mecanismos extraordinarios e internacionales de justicia como fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala puede ayudar a reconstruir el sistema ordinario de procuración de justicia.
Considerando el desafío de las redes de macrocriminalidad para algunos de nuestros países, la respuesta integral se puede apoyar en modelos de construcción de paz, donde se torna relevante:
– La desmovilización, desarme y reinserción de la base social de las redes de macrocriminalidad a nivel local (probablemente comenzando con los municipios más violentos).
– Las políticas primarias, secundarias y terciarias de incidencia criminal para evitar el reclutamiento voluntario.
– Un programa de política pública que ataque el reclutamiento forzado.
– La reconstrucción de los cuerpos de policía y del sistema de fiscalías, en especial en aquellas zonas en donde se tiene evidencia que ambos forman parte de la red de macrocriminalidad.
– La reconversión de las economías ilícitas por economías lícitas, y el fortalecimiento de la presencial social del Estado, para desplazar los incentivos económicos generados por las redes de macrocriminalidad e reinstaurar un proyecto de futuro basado en un orden estatal.
– Contar con una política efectiva de verdad, que dé especial importancia a las víctimas de desaparición y de homicidio.
Lo cierto es que, como comenté en un principio, las redes de macrocriminalidad son un desafío propio del Siglo XXI, recién estamos aprendiendo a lidiar con ellas. Nos queda todo por delante.
- Una definición igual de amplia y que no considera a la estructura política es la que observamos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. En su artículo 2º, la Convención establece que “por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”; y se entiende por delito grave aquél que tiene una pena privativa de la libertad de al menos 4 años.
- Por ejemplo, cuando se desvía una partida presupuestal que debía destinarse a una serie de programas sociales de alimentos y mejoras en vivienda, con un padrón poblacional específico, el acto de corrupción del desvío impactará también en los derechos a la alimentación y vivienda de las personas que están en dicho padrón.
- Para profundizar sobre la corrupción como causa de violación a los derechos humanos son útiles: Vázquez, 2018; Cardona, Ortiz y Vázquez, 2018; y Cardona, Ortiz, Peña, Vallejo y Vázquez (2020).
- Se puede revisar Vázquez, 2021.
- Es relevante destacar que no se trata de una captura del Estado, ya que diversos políticos forman parte de dichas redes de macrocriminalidad con diferentes capacidades de mando al interior de la red. Por eso preferimos hablar de redes de macrocriminalidad que de captura estatal.
Fotografía: AP Photo/Martin Mejia
