Justin Trudeau debe implementar reformas para que las empresas mineras de su país cumplan con los más altos estándares internacionales de derechos humanos.

Washington, D.C. 25 de abril de 2016.- Más de 180 organizaciones basadas en  América Latina, Europa y Estados Unidos entregaron hoy al Primer Ministro de Canadá una carta pública. En ella instaron a que su gobierno promueva reformas legales y administrativas con el fin de regular más eficazmente la acción de empresas mineras canadienses en el mundo. El apoyo diplomático y financiero de Canadá a empresas mineras que cometen o toleran violaciones de derechos humanos en América Latina ha sido evidenciado por comités temáticos y relatorías especiales del Sistema Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como en audiencias públicas llevadas a cabo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tales pronunciamientos refuerzan las conclusiones de un informe elaborado por DPLF y una coalición de organizaciones de América Latina titulado “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá.”

Las organizaciones firmantes solicitan que Canadá garantice los más altos estándares internacionales en sus políticas de fomento a la minería y en sus relaciones con los países donde operan empresas canadienses. Por otra parte, solicitan la creación de mecanismos de acceso a la justicia en Canadá para que las víctimas de violaciones a derechos humanos puedan ser reparadas, cuando ello no haya ocurrido en el país donde las empresas canadienses cometieron tales violaciones.

Daniel Cerqueira, Oficial de Programa Sénior de Industrias Extractivas y Derechos Humanos en DPLF, ha resaltado que:

“Mientras Canadá promueve estándares voluntarios de responsabilidad social corporativa, sus empresas mineras siguen involucradas en graves violaciones de derechos humanos en América Latina. La ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y sanción a los abusos cometidos por dichas empresas comprometen la imagen de Canadá como una nación comprometida con los derechos humanos.”

Las organizaciones firmantes de la carta reconocen los gestos de apoyo hacia un mayor respeto a los derechos humanos manifestados por el gobierno de Justin Trudeau desde su nombramiento como Primer Ministro. Sin embargo, esperan que el discurso de reevaluación de las políticas estatales en materia de derechos humanos se materialice en medidas concretas para que las empresas mineras con sede en Canadá actúen dentro de un marco legal consistente con las obligaciones internacionales del Estado canadiense.