Washington, D.C. y Ciudad de Guatemala—El miércoles 16 de marzo, tras casi dos años de retraso y luego de varios intentos fallidos, se reanudó el juicio contra el ex dictador de Guatemala, José Efraín Ríos Montt, y contra su jefe de inteligencia, José Mauricio Rodríguez Sánchez, en el caso de genocidio contra la población Maya Ixil.

El 10 de mayo de 2013, tras un juicio público, el Tribunal de Alto Riesgo A encontró a Ríos Montt culpable por genocidio y crímenes contra los deberes de la humanidad, y absolvió a Rodríguez Sánchez de toda responsabilidad. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución en la que ordenó repetir el juicio por errores de procedimiento. Pese al cuestionamiento generalizado de esta decisión y en aras de alcanzar justicia, las víctimas y sus representantes continuaron con el proceso.

El nuevo proceso fue llevado ante el Tribunal de Alto Riesgo B. Después de una serie de evaluaciones médicas, el 18 de agosto de 2015 el Tribunal declaró que Ríos Montt estaba incapacitado a afrontar un juicio público y debía ser sometido a un juicio especial in absencia y sin la presencia del público general ni de los medios de comunicación. (Para mayor información, véase “Reinicia juicio por genocidio contra Ríos Montt en medio de controversia”.) A partir de esa decisión y conforme al ordenamiento jurídico guatemalteco, Ríos Montt y Rodríguez Sánchez debieron ser juzgados en juicios separados, ya que las víctimas y la sociedad tienen derecho a que Rodríguez Sánchez sea juzgado en una audiencia pública. No obstante, de manera irregular, el Tribunal de Sentencia resolvió tramitar a los dos acusados conjuntamente y de forma privada. Si bien esta resolución fue cuestionada a través de un recurso de amparo, el cual no ha sido resuelto, el Tribunal dio inicio al juicio el día 16 de marzo. Asimismo, las audiencias se siguen desarrollando a puerta cerrada.

“Nuevamente las autoridades judiciales guatemaltecas incumplen su normativa interna al tramitar de forma conjunta dos procesos para los que aplican reglas procesales diferentes. Además, se corre el riesgo de generar vicios de nulidad que terminarían afectando, una vez más, los derechos de las víctimas de acceder a la justicia”, afirma Marcia Aguiluz del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

“La publicidad del juicio es un mecanismo establecido no sólo para que se conozca la verdad de lo ocurrido sino también para que los ciudadanos y la comunidad internacional puedan fiscalizar la forma en que se desarrolla el proceso y la actuación de las partes”, asegura Jo-Marie Burt, Asesora Principal de WOLA y observadora internacional del juicio por genocidio. “En este caso, al cerrar la puerta de la sala de audiencias y al prohibir el ingreso del público y de la prensa, se limita la posibilidad de que Guatemala y el mundo conozcan lo que está ocurriendo y la forma en la cual se desarrolla el proceso para juzgar y sancionar estas graves violaciones a los derechos humanos”.

Por otra parte, según Leonor Arteaga, Oficial de Programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), “Es preocupante que el juicio haya iniciado sin haberse resuelto la recusación de la jueza Irma Jeannette Valdés Rodas, presidenta del Tribunal, la cual fue promovida por la defensa de Ríos Montt. La decisión sobre la recusación podría generar nuevamente la anulación del proceso.” (Véase “Organizacionales internacionales se pronuncian frente a la suspensión del proceso por genocidio en Guatemala”.)

Las organizaciones internacionales que suscribimos este comunicado hacemos un llamado para que se resuelvan lo antes posible todos los recursos que se encuentran pendientes y que se garantice un juicio oral y público, que permita a las víctimas acceder a la justicia y a la sociedad guatemalteca conocer la verdad de lo ocurrido. Un juicio tramitado en las condiciones actuales puede convertirse en un nuevo instrumento de impunidad, que violenta no sólo el derecho nacional sino también el derecho internacional de los derechos humanos.

Contactos:

Jo-Marie Burt, WOLA
+1 (703) 946-9714, jmburt.wola@gmail.com
Antonio Jaén, CEJIL

(506) 2280-7473, ajaen@cejil.org
Leonor Arteaga, DPLF

+1 (703) 598-7085, larteaga@dplf.org

Kelsey Alford-Jones, GHRC
+1 (202) 529-6599, kajones@ghrc-usa.org

Cynthia Benoist, ASFC
(502) 3009-2970, cynthia.benoist@asfcanada.ca