Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), expresamos nuestra máxima preocupación ante la posible suspensión del fiscal anticorrupción Rafael Vela Barba. Consideramos que el procedimiento emprendido por parte de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público en contra del fiscal Vela es sumario y carece de sustento. De materializarse, se concretaría un acto grave de debilitamiento de las fiscalías de lucha contra la corrupción, lavado de activos y derechos humanos en Perú. El procedimiento contra el fiscal Vela se produce en un contexto hostil en contra de operadores de justicia independientes en Perú, quienes cada vez con mayor frecuencia enfrentan procedimientos disciplinarios que buscan su destitución, inhabilitación o remoción como represalia a su labor en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.
El fiscal Vela tiene a su cargo las investigaciones en materia de corrupción en casos de alto impacto como aquellas que involucran a los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski y la ex candidata presidencial Keiko Fujimori. El 5 de octubre de 2023, la Autoridad Nacional de Control determinó suspender al fiscal Vela durante 8 meses y 15 días del ejercicio de sus funciones, por comentarios realizados hace tres años en medios de comunicación sobre una investigación a su cargo en el marco de las investigaciones del Equipo Especial de Fiscales en el caso Lava Jato que él coordina.
Preocupa especialmente que la suspensión tendría como consecuencia el retiro de la protección policial con la que actualmente cuenta y del goce de su salario. Consideramos que la inhabilitación de Vela es una estrategia de presión para impulsar al Fiscal a que renuncie a su cargo, dado que los fiscales no pueden desempeñarse en otras funciones mientras estén suspendidos. El retiro de la protección policial con la que cuenta el fiscal Vela coloca en grave riesgo su vida e integridad, puesto que es constantemente objeto de amenazas y hostigamientos. Debido a estos ataques, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares el 9 de noviembre del 2023.
Asimismo, consideramos que la decisión de sancionar al fiscal Vela por realizar declaraciones públicas en casos penales de alto interés público, puede tener el propósito o el efecto de inhibir que otros fiscales ejerzan su libertad de expresión para informar a la población sobre el avance de los casos, así como para denunciar presiones y hostigamientos que provienen desde dentro del Ministerio Público.
Los estándares desarrollados por la CIDH y la Corte Interamericana establecen que el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre operadores de justicia, especialmente si implican la separación del cargo, debe obedecer exclusivamente a las causales previamente establecidas en la ley, y aplicarse por medio de un proceso que cumpla con las garantías judiciales que se derivan de la estabilidad reforzada de la que gozan. Adicionalmente, los y las fiscales sólo pueden ser destituidos por faltas de disciplina graves o incompetencia y todo proceso seguido contra fiscales se debe resolver mediante procedimientos justos, objetivos e imparciales según la Constitución o la ley. Por último, dado el rol fundamental de los operadores de justicia en la defensa y protección de derechos humanos, el Estado debe adoptar medidas para que puedan desempeñarse en el ejercicio de sus funciones sin ser objeto de amenazas y hostigamientos en represalia a su labor.
Ante la inminente confirmación de la suspensión del fiscal Vela, manifestamos nuestro respaldo a su labor en la lucha contra la corrupción en Perú y hacemos un llamado urgente al Estado a respetar la garantía de inamovilidad de los operadores de justicia y a garantizar su protección para que pueda ejercer libremente su función fiscal.
Organizaciones firmantes:
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)