Frente a la reciente publicación de la resolución aclaratoria emitida por el Tribunal Constitucional peruano, en el proceso de habeas corpus que busca la excarcelación de Alberto Fujimori Fujimori, según el decreto de indulto presidencial en su favor, las organizaciones internacionales firmantes recordamos que el Estado peruano tiene la obligación de cumplir con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Particularmente la resolución del 07 de abril de 2022, que ordenó abstenerse de implementar la decisión judicial que restituye el indulto.

Alberto Fujimori ha sido condenado por delitos que han sido calificados por los propios tribunales peruanos, como crímenes de lesa humanidad. El 24 de diciembre de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczinski le concedió indulto por razones humanitarias y derecho de gracia, en un acto que contraviene los compromisos internacionales asumidos por el propio Estado peruano y deja sin justicia a las víctimas de los delitos de los que Fujimori es responsable.

Por tratarse de actos gravísimos que afectan valores compartidos por toda comunidad internacional, existen límites jurídicos que el Derecho Internacional impone a la discrecionalidad de los Estados al momento de otorgar indultos y excarcelar a personas condenadas por delitos de lesa humanidad.

Por ello, es que, mediante una primera resolución del 30 de mayo de 2018, la Corte Interamericana dispuso que el Perú examinara el indulto de Fujimori de acuerdo a estos límites. El 3 de octubre de 2018, la Corte Suprema de Justicia del Perú determinó que indulto carecía de efectos jurídicos y ordenó la captura de Fujimori y su retorno a la prisión, que se cumplió a inicios del año siguiente.

El 17 de marzo de 2022, el Tribunal Constitucional peruano emitió una sentencia que restituyó la validez del indulto. En respuesta, el 8 de abril de 2022, la Corte Interamericana emitió una resolución en que estableció que esta decisión era contraria al orden jurídico internacional, y dispuso que el Estado peruano debía abstenerse de implementarla.

La reciente decisión emitida por el Tribunal Constitucional viene siendo interpretada por diversos sectores de la sociedad peruana, e incluso por un grupo de magistrados del propio tribunal en sus declaraciones ante medios de comunicación, como una nueva oportunidad para revisar la validez del indulto a Fujimori, tergiversando su contenido, y alentando un nuevo incumplimiento del Estado de sus responsabilidades internacionales.

Como organizaciones internacionales que hemos trabajado a favor de los derechos humanos en el Perú desde hace varios años, exhortamos al Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, que actualmente ha recibido el expediente del caso, cumplir con la resolución de la Corte Interamericana del 07 de abril de 2022, y rechazar la liberación del reo Fujimori.