A finales de agosto del 2023, visitó la ciudad de Lima, Perú, una delegación de El Salvador presidida por Gustavo Acevedo, alcalde de Santa Ana, el segundo distrito más grande de dicho país y uno de los lugares donde se viene aplicando el Plan de Seguridad impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, denominado “Plan de control territorial”. La visita fue recibida con entusiasmo por varios alcaldes distritales limeños, congresistas, algunos medios de comunicación y autoridades del gobierno central.
El eje central de dicha visita y del entusiasmo con la que fue acogida en Lima, es la posibilidad de aplicar en el Perú el llamado “plan Bukele” para combatir la criminalidad y la inseguridad ciudadana. ¿Es posible y conveniente aplicar dicho plan de seguridad –que ha sido muy criticado por no respetar el Estado de derecho y los derechos fundamentales en El Salvador– en Lima y en el Perú?
A continuación, algunas razones para pasar del entusiasmo a la realidad en torno a este plan.
– Lo primero que hay que decir es que algunos indicadores alertan que la inseguridad ciudadana y la criminalidad se han incrementado en Lima y en otras grandes ciudades del país. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el periodo noviembre de 2022 a abril de 2023, “la tasa de criminalidad a nivel nacional alcanzó a un 25% de la población a nivel nacional, lo que reflejó un aumento de 3.9 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior (21.1%)”. Esto quiere decir, que uno de cada cuatro ciudadanos y ciudadanas as ha sido víctima de algún acto delictivo, siendo los más comunes el robo de dinero, de carteras y de celulares, que han afectado a 12 de cada 100 ciudadanos. Estaríamos pues ante un problema real, no sólo de percepción ciudadana.
– Otro dato de la Policía Nacional del Perú (PNP), es que, en el primer trimestre del año 2023, se registraron 26,652 robos; esto es, 296 robos por día. Según los indicadores del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023 del Ministerio del Interior, en el año 2023 la tasa de homicidios llegaría a 8.7 homicidios por cada 100,000 habitantes, mostrando un lento pero sostenido crecimiento en los últimos años. Según este Plan, en el año 2011 la tasa de homicidios era de 5.4 por cada 100,000 habitantes.
– A estos indicadores se suma el incremento de la percepción de inseguridad ciudadana, especialmente en Lima y también en todo el país. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) de junio del año 2023, el 45% de los encuestados se sentía “muy inseguro” y el 35% “algo inseguro” ante un eventual asalto. Es decir, el 80% de la población se siente insegura, lo que supone un incremento en comparación con abril del mismo año, en el que el 75% de los encuestados tenían similar percepción. Parte de esta percepción de inseguridad ciudadana lamentablemente vincula el incremento de la criminalidad con la masiva migración venezolana en el Perú.
– En síntesis, en el Perú ha habido un incremento de la criminalidad y así se refleja también en la percepción ciudadana de mayor inseguridad. Asumimos que, en El Salvador, al igual que en otros países de América Latina, debe haber pasado algo similar en los últimos años; en el caso de este país centroamericano el incremento de la criminalidad ha estado fuertemente asociado con el fenómeno de pandillas urbanas conocidas como “maras”. Sin embargo, para hacer una comparación e intentar replicar un modelo de seguridad a otra realidad nacional, hay que tomar en cuenta también las diferencias entre los países.
– Mientras el Perú tiene una extensión de 1,285,215 kilómetros cuadrados, El Salvador cuenta con una extensión de apenas 21,040 kilómetros cuadrados; es decir, casi el tamaño de la región Ica. Mientras nuestro país tiene 33,720,000 habitantes, El Salvador tiene 6,518,000 habitantes; esto es, alrededor del 65% de habitantes de la ciudad de Lima. En la actualidad, Perú cuenta con 131,592 efectivos policiales; en tanto sólo la Policía Nacional Civil de El Salvador tiene aproximadamente 30,000 efectivos, sin contar los efectivos militares.1 Por ello, la magnitud de las consecuencias de una posible aplicación de un “Plan Bukele” en el Perú, debe tomar en cuenta estas notables diferencias territoriales, demográficas y otras más.
– Se calcula que, con la aplicación de este cuestionable plan de seguridad, alrededor del 1% de la población salvadoreña terminó en las cárceles. ¿Qué supondría eso en nuestro país? ¿Alrededor de 330,000 personas potencialmente podrían terminar en los centros penitenciarios? Según cifras oficiales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de junio del 2022, la capacidad de todos los establecimientos penitenciarios en el Perú era de 41,018 internos(as), sin embargo, la población penitenciaria era de 89,464 internos(as); esto es, en el Perú hay una sobrepoblación penitenciaria del 118%. Frente a esta realidad, las primeras preguntas ante el entusiasmo por aplicar el plan Bukele en el Perú son ¿cuántas más nuevas cárceles habría que construir? ¿Cuántos millones de dólares demandaría estas nuevas cárceles, no sólo en su construcción e implementación sino también en su mantenimiento? ¿Existiría para todo ello una auténtica voluntad política en los Poderes Ejecutivo y Legislativo para gastar en más cárceles?
– Un engranaje del plan Bukele en El Salvador ha sido la detención masiva de personas, muchas de ellas inocentes. Según fuentes periodísticas, se estima que, de las 72,000 personas detenidas en el marco de este plan, al menos 10% resultaron inocentes.2 Por las dimensiones del Perú, muy probablemente eso supondría un número mucho mayor de detenciones masivas y, en consecuencia, también una mayor cantidad de personas inocentes injustamente detenidas.
– Frente a posibles y masivas violaciones de derechos fundamentales en la implementación de un plan como éste, el Ministerio Público y el Poder Judicial verían incrementar notablemente su carga procesal, con más casos de personas acusadas de diversos crímenes violentos. Para ello, requerirían mayor presupuesto público, algo que siempre les regatea el Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso de la República, pues es más “rentable” política y electoralmente hablando, incrementar el gasto público en educación, salud o programas sociales, que en justicia.
– El plan Bukele ha supuesto también la instalación de “jueces sin rostro” para juzgar a personas acusadas de ser pandilleras en El Salvador. Esta es una figura de ingrata recordación en el Perú pues fue fuente de abusos y arbitrariedades judiciales en contra de personas inocentes. Tan evidentes fueron los excesos de estos “jueces sin rostro”, que el propio presidente de la República de ese entonces, Alberto Fujimori, impulsó una comisión especial de indultos para poder liberar a miles de inocentes injustamente acusados de terrorismo. Años después, en noviembre del 2003 en la ciudad de Ayacucho, el entonces presidente del Poder Judicial pidió perdón al pueblo ayacuchano por la mala actuación de algunos jueces durante el conflicto armado interno que sufrió el Perú.
– Otro engranaje del plan Bukele es el uso y abuso del estado de excepción. Desde que se aprobó el decreto de emergencia para luchar contra las pandillas en El Salvador, el estado de excepción ha sido prorrogado en dieciocho oportunidades. En el caso del Perú, a partir de la pandemia del COVID-19 y luego por diversas justificaciones, como el fenómeno de El Niño o el incremento de la delincuencia en Lima y Callao, gran parte del país, y en especial la ciudad capital, ha estado por excesivos y largos periodos en estado de emergencia, debilitando derechos fundamentales claves ante posibles abusos policiales o militares, como la protección contra la detención arbitraria o la inviolabilidad del domicilio. ¿Estamos dispuestos a instalar en forma permanente en nuestras ciudades el estado de emergencia para implementar un plan de seguridad como este?
– Otro engranaje del plan Bukele, que hay que estar muy alertas en el Perú, es la evidente vocación de permanecer en el poder del presidente Nayib Bukele, recurriendo a sucesivas reelecciones presidenciales, habiendo sometido previamente al Poder Judicial de dicho país y contando con una abrumadora mayoría parlamentaria que le permite ello. ¿Suena familiar o hace recordar algo en el Perú? Ciertamente el expresidente Alberto Fujimori y su exasesor de inteligencia Vladimiro Montesinos intentaron lo mismo y lo lograron en un primer periodo y casi lo consiguen para un segundo periodo en la re-reelección del año 2000. ¿Estamos dispuestos en el Perú a permitir un autócrata –de derecha o de izquierda– que nos ofrezca mayor seguridad en las calles, pero a costa de perennizarse en el poder con un régimen no sólo autoritario sino también corrupto? Tómese muy en cuenta que, en el caso de El Salvador, el presupuesto público para implementar este plan de seguridad goza de total opacidad y no es posible saber cuánto se gastó ni en qué se gastó; por ejemplo, la mega cárcel que ha construido el gobierno de Bukele en El Salvador para albergar a alrededor de 40,000 internos, se ha hecho con total hermetismo y nula información.
Somos plenamente conscientes que el incremento de la criminalidad es un problema real que sin duda hay que prevenir y combatir en el Perú. Pero no hay varitas mágicas para ello como un cuestionado plan de seguridad importado, sino un trabajo sostenido de autoridades civiles y policiales que suponga, entre otras medidas, combatir la corrupción policial, mejorar sustancialmente el equipamiento y entrenamiento de los efectivos policiales, incrementar los operativos de inteligencia en contra del crimen organizado, fortalecer el copamiento policial y de serenazgo de las calles, mejorar la cooperación ciudadana y vecinal, entre otras medidas que, absolutamente todas, pueden implementarse con el marco legal que ya contamos en el Perú.
La presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, anunció el pasado 18 de septiembre la declaratoria del estado de emergencia en los distritos limeños de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres y la provincia de Sullana en la región norteña de Piura. Otra medida que en el pasado reciente ha sido un fracaso para detener la creciente criminalidad callejera en varias zonas de la ciudad de Lima y del resto del país. Este anuncio y la posible salida a las calles de efectivos militares, parece ser una respuesta apresurada a una demanda ciudadana y de varios alcaldes, en vez de un mínimo plan de seguridad ciudadana que, todo parece indicar, el actual Gobierno no tiene.
Foto: AP Photo/Rodrigo Abd.
1 Es pertinente precisar en esta comparación de efectivos policiales entre ambos países, que el Plan Bukele supone el involucramiento permanente de efectivos militares en labores de seguridad ciudadana, algo que en el Perú encontraría resistencia no sólo en algunas autoridades civiles y expertos, sino también en las propias Fuerzas Armadas.
2 Ver también: https://www.dw.com/es/el-salvador-libera-a-m%C3%A1s-de-7000-inocentes-de-sus-c%C3%A1rceles/a-66604440
