La corrupción en América Latina sigue siendo un obstáculo para el desarrollo y la estabilidad regional. A pesar de los esfuerzos por combatirla, a través de reformas legales y el fortalecimiento de organismos de control, la impunidad y la falta de voluntad política continúan siendo barreras importantes. Los escándalos que involucran a altos funcionarios gubernamentales y empresas privadas minan la confianza pública en las instituciones, mientras que la percepción generalizada de la corrupción como un problema sistémico desmoraliza a la sociedad y desincentiva la participación ciudadana y el activismo, debilitando aún más el tejido democrático y los esfuerzos por la defensa de los derechos humanos en la región. 

La vieja idea de que la corrupción es un delito sin víctimas o cuya única víctima es el Estado, está cambiando rápidamente. Cada vez más organismos internacionales y tribunales nacionales reconocen que la corrupción sí lesiona los derechos e intereses concretos de individuos y colectivos y, por lo tanto, sí produce víctimas tanto directas como indirectas. Este reconocimiento está llevando a otorgar a estas víctimas, junto con las organizaciones que las representan, el derecho a ser escuchadas, participar en investigaciones y enjuiciamientos de los responsables, y recibir una reparación completa en casos de corrupción. 

En esta línea, en DPLF promovemos el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre el movimiento de derechos humanos y el movimiento anticorrupción, proporcionando apoyo técnico con la finalidad de compartir herramientas para identificar y evaluar la corrupción y promover reformas estructurales a lo largo de la región. A través de investigaciones detalladas y la publicación de informes analizamos patrones de corrupción e impunidad, sensibilizando a la comunidad internacional y presionando a los gobiernos para que tomen medidas efectivas. 

Otro aspecto fundamental de nuestro trabajo es el fomento de la participación de las víctimas y de organizaciones de la sociedad civil en los procesos penales por corrupción, así como su derecho a una reparación integral. Abogamos por que las voces de las víctimas sean escuchadas y sus derechos sean protegidos a lo largo del proceso judicial. Los derechos humanos no pueden ser respetados o preservados donde la corrupción es endémica y ejercida con impunidad.