La Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) enviaron una comunicación a la Presidencia de la República del Perú, expresando su preocupación por las recientes reformas a la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Las organizaciones advierten que estas modificaciones pueden afectar derechos fundamentales y comprometer los compromisos internacionales asumidos por el país.
Entre los puntos más preocupantes identificados por las organizaciones se encuentran los siguientes:
- Control previo excesivo: La reforma permite que la APCI tenga que aprobar previamente cualquier actividad de cooperación internacional, lo que impone un régimen de autorización previa contrario a la Constitución. Además, sanciona la ejecución de recursos sin dicha conformidad, configurando un esquema de censura previa.
- Facultades discrecionales sancionatorias sin base legal suficiente: Las nuevas facultades de la APCI le permiten dictar medidas preventivas o correctivas sin establecer criterios claros, lo que contraviene el principio de legalidad.
- Criminalización de la defensa de derechos humanos: Una de las reformas califica como infracción muy grave el uso de fondos para asesorar o financiar acciones contra el Estado peruano, lo que penaliza la defensa de los derechos humanos y restringe el acceso a mecanismos internacionales.
- Régimen de sanciones desproporcionado y con efectos de disolución: El artículo 22 permite la cancelación del registro de organizaciones por reincidencia en faltas muy graves, lo que en la práctica equivale a una disolución sin control judicial, vulnerando la Constitución y los estándares internacionales.
Las organizaciones advierten que aplicación de esta normativa podría afectar negativamente los avances del Perú en la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que exige “un gobierno abierto que promueva y proteja el espacio cívico”.
Por estas razones, las organizaciones instan a la Presidencia de la República a reconsiderar la aprobación de la ley y garantizar el respeto a los derechos fundamentales y el cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional.
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