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En la noche del 2 de marzo de 2016, hombres armados irrumpieron en la casa de Berta Cáceres, la asesinaron a tiros y dejaron herido a su acompañante. Cáceres era ampliamente conocida en Honduras y a nivel internacional por su oposición a un proyecto hidroeléctrico propuesto y por su defensa del río Gualcarque, sagrado para el pueblo indígena lenca. Los autores materiales y el presidente de la compañía promotora del proyecto fueron condenados por el asesinato, pero no así los demás autores intelectuales y financiadores, entre quienes habían oficiales militares y familias poderosas. Tras una larga demora, el fraude detrás del proyecto de la represa, conocido como Agua Zarca, también llegó a juicio, y algunas (aunque no todas) de las personas responsables fueron condenadas por fraude, falsificación de documentos y abuso de autoridad. Después de años de insistir en una rendición de cuentas completa, organizaciones representando a las víctimas, trabajando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lograron que el gobierno hondureño solicitara asistencia técnica a través de un comité de expertos para examinar de manera articulada las dimensiones estructurales, empresariales, financieras y estatales del crimen. Ese comité de expertos acaba de publicar su informe.
La investigación y el informe aportan nuevos elementos. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (conocido como GIEI) combinó experticia en derechos humanos con conocimientos en anticorrupción, crimen organizado, lavado de dinero y delitos financieros. Utilizó escuchas telefónicas, geolocalización, registros financieros y otras herramientas para entender cómo los promotores del proyecto crearon múltiples entidades corporativas y desviaron dinero para pagar a actores encargados de vigilar, desacreditar, intimidar y, finalmente, asesinar a quienes se oponían a la represa. El informe conecta de manera concreta la corrupción sistémica con violaciones de derechos humanos. Muestra cómo familias poderosas como los Atala utilizaron conexiones al más alto nivel del gobierno para manipular documentos del proyecto, atacar a representantes indígenas, brindar seguridad a la represa y encubrir sus vínculos con los asesinos de Cáceres y otros líderes lencas. Asimismo, destaca el papel de consultores y bancos internacionales que, pese a supuestos regímenes de debida diligencia, financiaron de manera negligente (o peor) un proyecto que nunca debió haberse llevado a cabo.
Entre los hallazgos más importantes se encuentran:
Financiamiento de la división, la intimidación y el asesinato
El informe detalla vínculos directos entre los ataques contra Cáceres y sus colegas y los delitos financieros. La empresa creada para operar el proyecto de la represa, conocida como Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), utilizó varias entidades corporativas para confundir las transacciones financieras y permitir la extracción y uso de efectivo sin controles. Una de esas entidades, una empresa offshore, recibió varios depósitos de gran cuantía que las personas investigadoras no pudieron vincular a una fuente legítima. Las entidades entrelazadas se prestaban dinero entre sí, compraban acciones unas de otras, pagaban deudas y movían fondos de un lado a otro de manera que resultaba cada vez más difícil seguirle la pista, y potencialmente para encubrir gastos no permitidos por los acuerdos de financiamiento del proyecto. Luego utilizaron a empleados de bajo nivel (como choferes) para transportar dinero en efectivo a una amplia gama de actores estatales y privados, incluyendo pagos para la adquisición de tierras, periodistas favorables, informantes dentro de organizaciones de la sociedad civil que se oponían a la represa, personas y organizaciones supuestamente “de base” que apoyaban el proyecto, honorarios legales para defender a un paramilitar acusado de asesinato, así como grandes cantidades de dinero en efectivo cuyo destino se desconoce y para las que no existen recibos; DESA incluso pagó viajes del gobierno a Washington para defender a Honduras ante la Comisión Interamericana. El informe también detalla registros telefónicos que conectan a los sicarios que asesinaron a Cáceres con altos ejecutivos corporativos, funcionarios gubernamentales y miembros de la oligarquía hondureña, y demuestra que el gobierno necesariamente tenía conocimiento previo de los planes de asesinato y no hizo nada para advertir o proteger a Cáceres.
El informe confirma que la autorización de la represa se basó en permisos irregulares, contratos administrativos ilegales y titulaciones individuales de tierras que ignoraron los derechos colectivos sobre la misma tierra. Los permisos se obtuvieron, como se detalla en parte en la sentencia condenatoria por fraude de 2024, por individuos que, mientras trabajaban para la empresa estatal de electricidad y la agencia de recursos naturales, eran simultáneamente remunerados por DESA.
Consultores y bancos cómplices
Como ha ocurrido en otros lugares, auditores, consultores y bancos internacionales ignoraron convenientemente las señales notorias de preocupación. Las duras críticas del informe a estos actores, con sede en el norte global, refuerzan los llamados de los grupos anticorrupción a exigir responsabilidades a quienes facilitan la corrupción, los “enablers”.
La firma internacional de auditoría KPMG auditó durante varios años empresas vinculadas a DESA, detectó irregularidades cada año, pero nunca exigió explicaciones ni alertó a quienes financiaban el proyecto. La consultora de ingeniería Pöyry (filial de una empresa finlandesa) fue contratada para garantizar que el proyecto avanzara conforme a las prácticas estándar de ingeniería, pero “su omisión de información sobre el verdadero estado de las obras —retrasadas por la oposición de algunos miembros de la comunidad— permitió que se liberaran fondos del proyecto” aun cuando no se habían cumplido las condiciones para dicha liberación. Esos fondos fueron luego desviados a usos no autorizados. La consultora local encargada de evaluar la aceptación comunitaria también tergiversó el grado de oposición y terminó dedicándose principalmente a impartir capacitaciones de seguridad a fuerzas pro-represa.
Dos bancos fueron los principales financiadores de la represa: el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el banco holandés de desarrollo empresarial (FMO). Ambos ignoraron señales de alerta evidentes, aceptaron sin cuestionamientos las representaciones de apoyo comunitario al proyecto y no cumplieron con estándares básicos de debida diligencia en una región y un sector conocidos por ser altamente conflictivos. El informe concluye que los fondos suministrados se utilizaron para financiar una red de corrupción y lavado de dinero vinculados a la obtención irregular de la concesión y al soborno de funcionarios públicos (p. 301).
El BCIE es conocido por sus préstamos cuestionables, incluyendo el financiamiento a Odebrecht para el pago de sobornos en Guatemala y la construcción de carreteras fantasma en otras partes de la región. Según el informe, en una auditoría interna sobre la represa, investigadores del BCIE encontraron que DESA no tenía experiencia en producción de energía, que los planes ambientales y sociales eran débiles y que no existía documentación de consultas y acuerdos con las comunidades afectadas, a pesar de la conocida existencia de quejas ante el Asesor en Cumplimiento/Ombudsman del Banco Mundial (CAO). Aun así, el banco financió el proyecto hasta 2019.
El FMO también continuó financiando el proyecto pese a que Cáceres informó a su personal que no se había realizado ninguna consulta válida con los habitantes indígenas. Cuando el banco se retiró del proyecto tras su asesinato, en la práctica dio por perdido el préstamo otorgado a DESA. Ninguno de los dos bancos ha asumido responsabilidad alguna por los daños causados, a pesar de que el FMO cuenta con un Mecanismo Independiente de Quejas desde 2014 y afirma seguir los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que exigen atención a la reparación de las comunidades afectadas.
Una visión amplia de las reparaciones
El último capítulo del informe detalla los múltiples niveles de reparación necesarios en casos de superposición de violaciones de derechos humanos y corrupción sistémica. Describe los daños a nivel individual —las pérdidas sufridas por Cáceres y sus familiares—, pero también los daños a la organización que ella lideraba y a la comunidad lenca en general, incluyendo estigmatización, criminalización, pérdidas materiales, rupturas del tejido social y conflictos internos. Asimismo, reconoce que el asesinato de Berta Cáceres y de otros líderes de su organización, el proyecto de la represa y la corrupción y el fraude circundantes dañaron a la sociedad hondureña en su conjunto. La reparación de esos daños requiere acciones a nivel individual, colectivo y social.
El informe comienza con la idea de la cesación del daño como reparación fundamental, basada en el derecho internacional. En este caso, el cese implicaría la cancelación de la concesión para proyectos hidroeléctricos en el río Gualcarque que no hayan sido acordados tras consultas legítimas. Como reconoce el informe, la cancelación de contratos podría exponer a Honduras a responsabilidades frente a inversionistas extranjeros, incluso si los contratos fueron obtenidos ilegalmente o como resultado de corrupción, y el mecanismo para cancelar tales proyectos es complejo y controvertido. La delimitación y titulación colectiva para la comunidad de Río Blanco sobre sus tierras ancestrales —retrasados durante años por un sistema de titulación de tierras bizantino y sesgado— es la demanda central de la comunidad y debería formar parte de cualquier reparación. El informe detalla los esfuerzos para obtener dicho título y las dificultades involucradas, incluyendo demoras y trabas por parte del gobierno que persisten hasta hoy. Como corolario, las autoridades locales no deberían poder otorgar títulos individuales en zonas con población indígena, como ocurrió en este caso. Un tercer tipo de reparación implica la apertura de archivos de inteligencia militar para documentar el monitoreo, el acoso, las amenazas y la intimidación contra Berta y su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
El informe concluye con un plan de reparaciones que detalla los daños potenciales, las personas beneficiarias y los actores públicos y privados que tendrían que involucrarse. Propone que los fondos se utilicen para atención médica y psicológica, becas, revitalización económica y diálogos comunitarios, así como para permitir que individuos y colectivos soliciten indemnizaciones. Recomienda una ceremonia pública de memoria, la creación de un monumento y contenidos curriculares escolares, además de una serie de reformas legales. El plan sirve como ejemplo de cómo podrían ser las reparaciones frente a violaciones entrelazadas de derechos humanos fundamentales y de normas contra el fraude, la corrupción y el abuso de autoridad. Estas reparaciones no se refieren únicamente —ni principalmente— al dinero, sino a restablecer la ciudadanía y la dignidad de las personas, familias y comunidades que fueron dañadas y a transformar sus vidas en un sentido positivo.
Naomi Roht-Arriaza es profesora distinguida de Derecho (emérita) en la Facultad de Derecho de la Universidad de California, presidenta del Consejo Directivo de DPLF y autora de “Fighting Grand Corruption: Transnational and Human Rights Approaches in Latin America and Beyond” (2025).
Crédito de imagen: Carátula del informe del GIEI.