Este artículo se publicó originalmente en inglés en Just Security. Ha sido editado para reflejar algunos hechos posteriores a su publicación.
El presidente Bernardo Arévalo anunció el 19 de enero un “estado de sitio” por 30 días en Guatemala, que fue rápidamente aprobado por el Congreso. La medida de emergencia restringe algunas libertades civiles y permite a las fuerzas de seguridad detener personas sin orden judicial. Aunque a primera vista la decisión parece similar a los estados de excepción prolongados en El Salvador y Honduras, las dinámicas subyacentes y los posibles resultados son distintos. A diferencia de El Salvador, donde el “estado de excepción” vigente desde marzo de 2022 ha permitido al presidente Nayib Bukele consolidar un régimen autoritario, en Guatemala parece formar parte de una pugna entre Arévalo y las fuerzas democráticas que buscan avanzar finalmente en la reforma del sistema de justicia, mientras sus opositores buscan asegurar su control continuo sobre estas instituciones.
Al igual que en El Salvador, el detonante inmediato fue una serie de motines carcelarios y asesinatos perpetrados por pandillas. En el caso de Guatemala, líderes encarcelados de la pandilla Barrio 18 exigieron mejores condiciones en prisión, incluyendo aire acondicionado y camas tamaño king. Cuando (como era previsible) se les negó, provocaron levantamientos y tomaron rehenes en tres cárceles. Tras ser contenidos, desataron, a través de sus cómplices en el exterior, una ola de asesinatos contra agentes policiales que dejó 11 muertos. También como en El Salvador, la opinión pública respalda mayoritariamente la acción drástica del presidente contra las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, que extorsionan, amenazan a la población y controlan mercados ilícitos locales. Durante el último año, el gobierno ha intensificado las medidas antipandillas, incluyendo la restricción del uso de teléfonos por parte de líderes encarcelados, la declaración de las pandillas como organizaciones terroristas y la construcción o remodelación de nuevas cárceles de máxima seguridad. En diciembre, el ministro de Gobernación renunció después de que una fuga carcelaria pasara inadvertida durante semanas.
Al anunciar el estado de sitio, Arévalo acusó a “mafias político-criminales” de estar detrás de los motines y ataques contra la policía. “Las torres de la corrupción y la impunidad que durante décadas han sostenido las estructuras desestabilizadoras que están detrás [de estos hechos] están cayendo”, declaró. Por si alguien no entendía la referencia, Sandra Torres, exprimera dama y su rival en las elecciones de agosto de 2023, reaccionó como si hubiera sido atacada personalmente y denunció sus “insinuaciones”. Torres ha sido señalada desde hace tiempo como pieza clave del llamado “pacto de corruptos”, un grupo de élites económicas aliadas con elementos del crimen organizado y con funcionarios militares y gubernamentales depredadores que han capturado diversas instituciones y funciones del Estado, muchos de los cuales han sido sancionados por Estados Unidos. Ella encabezó los esfuerzos para anular la elección de Arévalo. La sobrina de Torres es pareja sentimental de “El Lobo”, el líder del Barrio 18 que inició las tomas de cárceles, aunque Torres sostiene que no los ve desde hace años.
En su discurso, Arévalo también destacó el momento en que ocurrieron los ataques de las pandillas, “justo cuando el país avanza para liberar sus instituciones de las redes criminales que trafican con la corrupción y la impunidad”, especialmente en el sistema de justicia. En efecto, esta parece ser la lógica subyacente de los ataques: cada vez que el pacto de corruptos quiere enviar una advertencia a quienes intentan desmantelarlo, las pandillas con base en las cárceles se movilizan para transmitir el mensaje. Esta vez, la aparente movilización coincide con el inicio de unos meses cruciales en los que Guatemala afrontará procesos de selección que podrían transformar sus instituciones de justicia y electorales o, por el contrario, demostrar a la población que elegir a un reformista en 2023 fue en vano. Es una advertencia.
¿Influir en los procesos de selección?
Arévalo asumió el cargo en enero de 2024 prometiendo depurar a fiscales y jueces corruptos. Sin embargo, no ha estado dispuesto a poner a prueba su capacidad legal para hacerlo destituyendo a la fiscal general y, a diferencia de Bukele en el país vecino, su partido no controla el Congreso ni los tribunales superiores. Ante estas condiciones desfavorables, Arévalo ha optado por la cautela, lo que ha limitado su agenda de reformas y lo ha colocado a la defensiva. Su respaldo popular ha disminuido en consecuencia.
Entre ahora y mediados de año tendrán lugar varios procesos de selección complejos. Estos no son de elección directa sino que utilizan variantes de comisiones de postulación.
El que más atención ha recibido es el de fiscal general, cargo ocupado desde 2018 por Consuelo Porras. Una Comisión de Postulación ya aprobada por el Congreso debe evaluar a los aspirantes y seleccionar seis finalistas para un nuevo período de seis años; de entre ellos, el presidente elegirá a uno, que asumirá en mayo. Porras, sancionada por Estados Unidos y Europa por corrupción y acciones antidemocráticas, ha sido la principal operadora del pacto de corruptos en los esfuerzos por socavar a Arévalo y sus posibles reformas. Ha investigado, detenido y encarcelado a periodistas, al partido político de Arévalo, a personas vinculadas con la ya extinta Comisión contra la Impunidad y a líderes indígenas que encabezaron las protestas de 2023 que llevaron a Arévalo al poder. Al mismo tiempo, se ha negado a investigar casos bien documentados de corrupción y crimen organizado. Cabe esperar que ella y sus aliados presionen a la Comisión de Postulación recién instalada para que incluya únicamente a candidatos afines en la lista, dejando a Arévalo sin opciones favorables. Y en el caso de que Arévalo nombre a una persona claramente reformadora, no sería difícil imaginar que la actual fiscal y sus aliados busquen retardar o evitar salirse del puesto.
También están en curso los procesos de selección de los 10 magistrados (cinco titulares y cinco suplentes) de la Corte de Constitucionalidad. En este proceso, el Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso unicameral, el Colegio de Abogados y el Consejo Superior Universitario de la universidad pública eligen cada uno a un magistrado. En la elección anterior, una magistrada progresista elegida por la universidad fue impedida por el Congreso de asumir su cargo. Hasta ahora, la universidad y el los abogados han escogido sus candidatos, ambos en medio de controversias fuertes. En el caso del Colegio de Abogados, el día de la votación final de sus miembros, agentes de la fiscalía irrumpieron en el recinto, en lo que se percibió como un acto intimidatorio; al rato se fue la luz. No obstante, salió electa como titular una jueza independiente, Astrid Lemus. Pocos días después, Lemus denunció ante la OEA presiones para evitar que asuma el cargo. En cuanto al candidato de la universidad, se rumoró que iba a ser nada menos que Consuelo Porras, ansiosa de evitar perder su inmunidad en un momento en que salió a luz su posible participación en adopciones ilegales hace décadas. Al final de cuentas no pasó, pero la nueva jueza titular es una jóven sin mayor experiencia o trayectoria, ex familiar de un alto mando universitario cercano al rector. Los otros tres miembros se escogen a puertas cerradas.
Por último, el Tribunal Supremo Electoral, órgano especializado integrado por jueces, también es objeto de otra comisión de postulación, que debe enviar 20 nombres al Congreso, el cual elige a cinco magistrados titulares y cinco suplentes. Estos desempeñarán un papel clave en la inscripción de partidos políticos y candidaturas, un tema que sigue siendo fuente de controversia desde las elecciones de 2023, y en la organización de los comicios de 2027. Juega un papel preponderante la universidad nacional en la Comisión de Postulación, lo cual ha hecho que entre los 20 nombres enviados al Congreso figuran personas vinculadas al pacto de corruptos, incluyendo tres que llevaron al encargado de negocios de la embajada de EEUU a señalar que los miembros de Comisión de Postulación “abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes”.
Irónicamente, las comisiones de postulación multisectoriales como las mencionadas fueron creadas para democratizar los procesos de selección, pero ellas mismas han quedado sujetas a presiones políticas, tráfico de influencias, clientelismo y negociaciones opacas. Parte del problema radica en el papel central que desempeñan universidades y facultades de derecho: en la comisión para el Tribunal Electoral, el rector de la universidad nacional la preside y otros decanos la integran, mientras que en la comisión para fiscal general cada una de las 12 facultades de derecho tiene un representante. Como era previsible, surgieron nuevas facultades privadas de derecho, algunas de las cuales otorgan pocos o ningún título. El actual rector de la universidad pública, también sancionado por Estados Unidos por corrupción, asumió en 2022 tras una elección ampliamente denunciada como fraudulenta porque solo pudieron votar sus simpatizantes. En otras palabras, las autoridades universitarias ahora tienen tantas probabilidades de ser designadas por su función nominadora como por sus méritos académicos.
El rector de la universidad nacional también será elegido este año mediante aún otra comisión que representa a una combinación de autoridades universitarias y asociaciones profesionales, en medio de incertidumbre legal sobre la legitimidad del Consejo Superior Universitario, muchos de cuyos miembros debieron haber sido renovados pero siguen en sus puestos.
¿Crisis = oportunidad?
Arévalo no debería desaprovechar una buena crisis. El amplio consenso social y congresional para someter a las pandillas se disipará si se limita a perseguir a miembros de base, fácilmente reemplazables. Más bien, necesita mantener a la defensiva a las redes corruptas aliadas con las pandillas, como comenzó a hacerlo con sus declaraciones públicas al imponer el estado de sitio. También ha pasado finalmente a la ofensiva en los tribunales, demandando como ciudadano particular al fiscal adjunto de Porras por abuso de autoridad y obstrucción de justicia en un caso relacionado con la publicación de expedientes de investigación reservados, y denunciando que la fiscalía no imputó cargos por homicidio contra pandilleros detenidos por el asesinato de policías, pese a existir pruebas suficientes. Vincular a las pandillas con las redes de crimen organizado y corrupción que las respaldan podría permitir al gobierno de Arévalo emprender una cruzada antipandillas capaz de desalojar a algunas de estas redes de ministerios y de la administración penitenciaria, donde se han afianzado.
Actores internacionales, incluida la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han formulado recomendaciones detalladas para la integración y actuación de las comisiones de postulación, entre ellas mayor transparencia, criterios claros, incluida la ausencia de vínculos con actores corruptos, y la posibilidad de observación y participación pública. Estas medidas deberían incluir garantías de seguridad para candidatos y miembros de las comisiones, especialmente aquellos favorables a las reformas, así como acceso para observadores nacionales e internacionales.
Arévalo declinó extender el estado de sitio más allá de los 30 días. Ha optado, hasta ahora, por incrementar las operaciones antipandilla mixtas de policía y militares alrededor de la capital, junto con endurecer las capacidades de comunicación y la seguridad de los reclusos en las nuevas cárceles de máxima seguridad que están entrando en funcionamiento.
Por ahora, dispone de una breve ventana de oportunidad para utilizar lo que en esencia es una ofensiva contra las pandillas para debilitar las estructuras de la impunidad. Necesitará actuar con decisión e imaginación para evitar que el control del sistema de justicia siga manteniendo la impunidad.
Naomi Roht-Arriaza es profesora distinguida de Derecho (emérita) en la Facultad de Derecho de la Universidad de California, presidenta del Consejo Directivo de DPLF y autora de “Fighting Grand Corruption: Transnational and Human Rights Approaches in Latin America and Beyond” (2025).
Crédito de imagen: France 24 vía Youtube.
Citación sugerida: Roht-Arriaza, Naomi. El estado de excepción en Guatemala no se trata solo de las pandillas. DPLF. 2026/2/19. Disponible en: https://dplf.org/el-estado-de-excepcion-en-guatemala-no-se-trata-solo-de-las-pandillas/