El pasado 10 de marzo se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala la audiencia pública convocada de oficio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir información sobre ataques a personas operadoras de justicia en las Américas. Representantes de asociaciones judiciales, organizaciones civiles y academia de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, México, Perú, Ecuador, Chile y Venezuela expusieron situaciones diversas. Detrás de ellas, es imposible no advertir los patrones que se dibujan con claridad. Más allá de las particularidades locales, las personas juzgadoras latinoamericanas son un grupo bajo ataque y estos son los patrones.
Ataques en redes sociales y medios de comunicación
Los jueces y juezas son objeto de discursos estigmatizantes y hostiles en redes sociales y en medios de comunicación, especialmente por parte de actores políticos. Se desacreditan públicamente –y se incumplen– sus decisiones cuando afectan intereses de quienes ostentan el poder, de un modo que va más allá de la crítica legítima, y se les expone públicamente, muchas veces con su fotografía y su nombre y apellido, para desprestigiarlos y generar temor a sus pares.
En Costa Rica, altos funcionarios han acusado a los jueces de “corruptos” o “defensores de delincuentes”; en Chile, de “desconexión con la realidad” y de “favorecer la impunidad”; mientras que en Perú, se ha recurrido a insultos misóginos y a información de la vida privada para atacar con violencia a mujeres juezas y fiscalas. En varios países, esta información es obtenida a través de aparatos de inteligencia del estado. En Guatemala y El Salvador, los ataques son iniciados o replicados por cuentas anónimas y difundidos por miles a través de bots. En Ecuador, el presidente Noboa lideró personalmente una marcha contra la Corte Constitucional y paneles públicos con las caras de los magistrados y magistradas fueron colocados en las calles. El gran peligro que encierra este tipo de ataques, cuando es reiterado, es que construye una narrativa que alienta la desconfianza en los jueces, para preparar el terreno para ataques más drásticos de tipo institucional.
Confluencia de denuncias
Denuncias disciplinarias, penales y éticas, todo a la vez, sumadas a los ataques mediáticos ya señalados. Se trata de hostigar a quien juzga por la mayor cantidad de frentes posible, mediante numerosos señalamientos jurídicos espurios y sin fundamento, para intimidar y presionar al juez o a la jueza para que se aparte de un caso o resuelva en un sentido determinado. Este ataque por múltiples frentes les obliga a dedicar su tiempo y dinero a defenderse a título personal, paraliza su labor jurisdiccional, expone a sus familias y genera temor en la judicatura en general.
Muchas veces, estas numerosas denuncias son promovidas por partes procesales disconformes que buscan generar un conflicto de interés aparente con el juez o jueza, para luego pedir su apartamiento de un caso. En Guatemala, varias y varios juzgadores llegaron a tener más de un centenar de denuncias.
Además, las denuncias suelen ser abiertas “de oficio” por los órganos disciplinarios, en respuesta al pedido de actores políticos. En México se documentó el caso de un juez que fue suspendido de forma expedita luego de una petición pública de la presidenta de la República. En Perú, el presidente del Congreso hace invocaciones públicas para remover a “jueces prevaricadores”, como llama a quienes han realizado un control de convencionalidad de las leyes que conceden amnistía a perpetrados de crímenes atroces; y los procesos disciplinarios se inician sin demora.
Precarización de las condiciones laborales y asfixia económica
Se les exige que produzcan más, pero con menos recursos. Muchos jueces y juezas han denunciado una sobrecarga laboral inmanejable, que luego es usada como argumento para imputarles ineficiencia o falta de productividad. Aunque frecuentemente la sobrecarga se debe a la ausencia de modelos de gestión adecuadamente debatidos y adoptados desde la propia judicatura, esta omisión termina facilitando la coacción. Recortes presupuestales a los poderes judiciales y la falta de revisión salarial precarizan las condiciones laborales de las personas juzgadoras y hacen que sea una opción profesional poco atractiva para jóvenes calificados. Se denunció que, en Costa Rica, no se han actualizado los salarios desde 2015 y, de acuerdo con las proyecciones, no habrá aumentos en los próximos 20 años.
Por otro lado, la falta de pago de salarios y prestaciones, o la inhabilitación para ejercer la profesión en el ámbito privado, también se usa como forma de castigo. En México, más de 150 personas juzgadoras retiradas llevan seis meses sin recibir los pagos que les corresponden y, debido a una prohibición legal, no pueden ejercer la abogacía tras su retiro. En Perú, las autoridades disciplinarias han dispuesto la suspensión de operadores de justicia, sin sus salarios, por periodos prolongados, para asfixiarlos económicamente y forzar su renuncia voluntaria. Esa misma estrategia fue utilizada por el Congreso peruano, al disponer la inhabilitación –sin destitución– para ejercer la función pública a una fiscal suprema en ejercicio, hasta por 10 años, lo que le impedía recibir su salario como fiscal, pero también ejercer la profesión de forma privada. La estrategia es clara: no se les remueve, pero se les inhabilita, eliminando la posibilidad de percibir ingresos para su subsistencia por todas las vías.
Deterioro deliberado de la institucionalidad
Impulsando reformas judiciales regresivas, se debilitan deliberadamente los marcos institucionales que protegen la independencia de los jueces y juezas, para colocarlos en una posición vulnerable frente a ataques y presiones, tanto externas como internas. Este tipo de reformas aparentan ser técnicas y, por lo tanto, neutrales; pero buscan concentrar el poder en órganos estratégicos ya capturados, reforzando sus facultades para afectar la estabilidad, la especialización o la continuidad de los jueces en sus despachos.
En Guatemala, por ejemplo, las reformas de 2022 entregaron poderes exorbitantes a la Corte Suprema y convirtieron en irrelevante al Consejo de la Carrera Judicial. Lo mismo ocurrió en El Salvador al reformarse la ley de carrera judicial en 2021, para eliminar el escalafón de jueces y crear una categoría única, con el objetivo de facilitar su traslado a distintas localidades del país. En México, después de la reforma judicial de 2024, órganos sin competencia legal están ordenando cambios de adscripción de jueces a otras regiones del país, incluyendo zonas con altos niveles de violencia, sin escuchar a las personas afectadas ni admitir la posibilidad de impugnar la decisión.
Estos traslados discrecionales y/o arbitrarios, que no requieren la aceptación del juzgador/a afectado/a y que pueden realizarse únicamente invocando la “necesidad del servicio”, disfrazan como una medida de gestión lo que en realidad es un mecanismo para condicionar y alinear, a través de premios y castigos.
Ceses masivos
Un componente importante de este tipo de reformas busca generar el retiro forzoso de un gran número de personas juzgadoras. “Vaciar y reponer capas enteras de la judicatura con rapidez” fue la forma de describir el objetivo de estas medidas, durante la audiencia. La reforma judicial de México en 2024 dispuso el cese de la totalidad de personas juzgadoras del país, tanto federales como estatales, y es el caso más extremo; pero puede mencionarse también el retiro o jubilación forzada de la carrera judicial dispuesto en El Salvador en agosto de 2021, a quienes tuvieran más de 60 años de edad o 30 años de servicio. Estos ceses masivos no solo debilitan el cuerpo judicial, sino que abren “espacio” para la incorporación de nuevas personas, de forma provisional, con una clara consigna –o al menos expectativa– de alineamiento político. En El Salvador, estas designaciones se realizaron sin convocar a concurso público y tanto los antecedentes de las personas designadas como la forma en que se les designó han sido declaradas como “información reservada”.
Amenazas de ataques físicos y violencia
Las personas juzgadoras también reportaron recibir amenazas de ataques físicos y, en algunos casos, ser víctimas de atentados violentos contra su vida e integridad personal o la de sus familias. Este tipo de ataques, más frecuentes respecto de fiscales y jueces que investigan y juzgan al crimen organizado, delitos ambientales o incluso asuntos constitucionales, no recibe una respuesta institucional adecuada. No existe, en la mayoría de los países, protocolos de seguridad suficientes, ni adaptados a la labor jurisdiccional, con enfoque preventivo.
Muchos países, como El Salvador, recurren a la figura de “jueces sin rostro” con el argumento de proteger a las personas juzgadoras, una medida que desde más de dos décadas ha sido declarada inconvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por vulnerar la garantía de imparcialidad judicial. En Ecuador, desde 2022 se habrían producido al menos 40 ataques de este tipo contra el sistema de justicia, incluyendo asesinatos, amenazas y ataques con bombas.
Estos son solo algunos de los principales patrones, pero sin duda hay más que podrían incluirse. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante la audiencia, expresó su preocupación por el impacto y la penetración del crimen organizado en la judicatura y en los ataques descritos. También comunicó públicamente su decisión de crear una Relatoría temática sobre Independencia Judicial que debe contar con fondos suficientes para dar seguimiento a esta agenda; así como de emitir un informe regional que atienda los desafíos contemporáneos de protección más urgentes que enfrenta la judicatura regional.
Este informe sería un avance importante, y para que sea una herramienta verdaderamente útil para defender la independencia judicial, debe tener como eje central la mirada de las personas juzgadoras, e incorporar la obligación de los estados de establecer recursos efectivos en su legislación interna, para la protección de la independencia judicial frente a estos ataques.
Asimismo, el sistema interamericano debería realizar una revisión y ajuste de sus propios mecanismos, tanto en el sistema de monitoreo como en el de peticiones y casos, incluyendo las medidas cautelares, para que efectivamente protejan a las personas juzgadoras. Los ataques más graves, por sus efectos personales, pero también por su impacto sistémico en los sistemas democráticos, podrían prevenirse o ralentizarse con una intervención oportuna, primer a nivel doméstico, y luego a nivel internacional.
Úrsula Indacochea es directora de programa de Independencia Judicial en DPLF.
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Citación sugerida: Indacochea, Úrsula. Ataques contra personas juzgadoras en América Latina. DPLF. 2026/3/7. Disponible en: https://dplf.org/ataques-contra-personas-juzgadoras-en-america-latina