En Honduras, la defensa de la tierra y del ambiente se ha convertido en una actividad de alto riesgo. El reciente informe “Nuestra determinación supera nuestro miedo”: pueblos indígenas y comunidades campesinas luchando por la tierra y el territorio, elaborado por una Delegación Independiente de Abogados Internacionales, ofrece una radiografía detallada de las principales causas de la conflictividad agraria en el país. Este artículo comenta los hallazgos del informe, que apuntan a un marco legal incompatible con las obligaciones internacionales de Honduras en materia de derechos humanos, así como a patrones de violencia, criminalización y despojo que afectan a varios pueblos indígenas y comunidades campesinas.
El informe confirma lo que diversos organismos internacionales de derechos humanos han venido advirtiendo en los últimos años: en Honduras, el conflicto por la tierra está marcado por la convergencia de intereses entre empresarios, organizaciones criminales y funcionarios estatales que operan por medio de redes de corrupción. Esta confluencia facilita la apropiación irregular de tierras y garantiza la impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos.
Un elemento central de esta realidad es la instrumentalización del derecho penal por parte de grupos de interés privado. La utilización sistemática del delito de usurpación contra los defensores de la tierra pone de manifiesto una desviación del poder punitivo, que deja de salvaguardar el interés público para convertirse en una herramienta de control social y despojo de las comunidades que se oponen al acaparamiento de sus tierras.
Este patrón se ha visto agravado por reformas legales como el Decreto 93-2021, que elimina garantías judiciales básicas, habilita desalojos sumarios y sin orden judicial, y prioriza la vía penal para abordar controversias sobre la propiedad de la tierra, cuya naturaleza es eminentemente civil y agraria.
Según los parámetros internacionales de derechos humanos, el ejercicio del poder punitivo del Estado debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. El informe detalla cómo las autoridades hondureñas ignoran estos principios y destaca ejemplos de flagrantes violaciones al debido proceso, del derecho de defensa y de la libertad personal en la actuación de la Fiscalía y del Poder Judicial respecto a las denuncias de usurpación presentadas por particulares.
Los testimonios recogidos durante la visita de la Delegación Internacional de Juristas ilustran las consecuencias de esa actuación. Comunidades enteras han sido desalojadas de sus tierras mediante operativos policiales en los que se han destruido viviendas, quemado cultivos, y empleado violencia excesiva, incluso contra mujeres, niños y personas mayores. En muchos casos, las familias desplazadas terminan viviendo en condiciones de extrema precariedad, sin acceso a servicios básicos y bajo constantes amenazas para que desistan de los reclamos sobre sus tierras.
El uso sistemático y arbitrario de la vía penal para gestionar la conflictividad agraria contrasta con la inacción de la justicia hondureña frente a los asesinatos y atentados contra líderes comunitarios y personas defensoras de la tierra y los recursos naturales. La situación es particularmente preocupante en el valle del río Aguán, donde bandas criminales dedicadas al sicariato, el narcotráfico y otras actividades ilegales actúan por encargo de empresas que disputan la propiedad de tierras ocupadas o reivindicadas por cooperativas campesinas. Desde 2010, se han registrado más de doscientos asesinatos vinculados al conflicto agrario en el Bajo Aguán, que han quedado en total impunidad.
Varios líderes del movimiento campesino que cuentan con medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han sido víctimas de atentados y asesinatos en el Bajo Aguán. El asesinato de Juan López en septiembre de 2024 es un ejemplo de la incapacidad o indisposición del Estado hondureño para proteger a los y las defensoras ambientales. Juan López era beneficiario de medidas cautelares de la CIDH y uno de los líderes más visibles del movimiento en defensa del río Guapinol.
Este suceso sigue un patrón similar al asesinato de la lideresa lenca Berta Cáceres en marzo de 2016, así como al de numerosos defensores cuyas voces fueron silenciadas por empresarios con fuertes conexiones con altos funcionarios del gobierno y del sistema de justicia. Es así como la relación entre la corrupción en la concesión de proyectos extractivos, la violencia y la impunidad convierte a Honduras en el país con más asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente en proporción a la población.
El informe también destaca un problema adicional en Honduras: la falta de seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra. La desorganización del catastro, la superposición de títulos, la debilidad institucional del Instituto Nacional Agrario y del Instituto de la Propiedad y los altos niveles de corrupción al interior de esos órganos propician el registro irregular de la propiedad de la tierra y los conflictos agrarios.
Ante esta situación, el informe propone una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran la derogación del Decreto 93-2021, la creación de mecanismos eficaces de justicia agraria, el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenan la protección de los territorios del pueblo garífuna, así como la regulación y fiscalización estrictas de las actividades agrícolas y extractivas en zonas habitadas por comunidades indígenas y campesinas.
La implementación de estas recomendaciones requiere políticas públicas integrales que aborden las causas estructurales de la conflictividad agraria en el país: la desigualdad en el acceso a la tierra, la exclusión histórica de los pueblos indígenas y la falta de rendición de cuentas de los agentes públicos y privados implicados en actos de corrupción y en la apropiación de territorios indígenas y de tierras destinadas a la reforma agraria.
La comunidad internacional y el sector privado también tienen un papel crucial que desempeñar. Las instituciones financieras internacionales y las empresas transnacionales deben implementar estándares de diligencia debida en materia de derechos humanos en sus operaciones en Honduras. Esto incluye condicionar las inversiones y la cooperación internacional a avances verificables en la protección de los derechos de las comunidades afectadas por proyectos agrícolas y extractivos.
Finalmente, el uso del aparato estatal para perseguir a quienes defienden el ambiente no solo socava pilares básicos del Estado de Derecho, sino que genera un costo reputacional e impone una serie de obligaciones a los países de origen de las empresas transnacionales con inversiones en Honduras. De conformidad con los estándares internacionales aplicables, esos países deben adoptar las medidas necesarias para prevenir que las empresas domiciliadas o registradas en su territorio vulneren derechos humanos en el extranjero, producto de las actividades de sus sucursales o de otras empresas que conforman su cadena de suministro.
Daniel Cerqueira es director de programa de Justicia Climática y Derechos Humanos de DPLF.
Crédito de fotografía: Brigadas Internacionales de Paz