El 8 de mayo se cumplen los primeros seis meses del mandato del presidente Rodrigo Paz Pereira. Este hito ofrece una oportunidad propicia para hacer un balance del avance y desempeño de las políticas públicas orientadas a la reforma de la justicia. Cabe recordar que una de sus promesas electorales fue la creación de “una comisión meritocrática, acompañada de organismos internacionales, para llevar adelante una reforma integral del sistema judicial”.
Hoy, la reforma judicial enfrenta un escenario de oportunidad como pocas veces antes. El presidente Paz, en su condición de jefe del Ejecutivo, reiteró su compromiso con este proceso durante la inauguración del año judicial. Asimismo, todas las fuerzas políticas con representación legislativa se han pronunciado a favor de revisar el sistema de elección por voto popular de las más altas autoridades judiciales.
A ello se suma que los miembros de la judicatura, en todos sus niveles, han expresado la necesidad de una transformación profunda. Existe, además, una alta demanda ciudadana por este cambio: organizaciones de la sociedad civil, entidades académicas, sectores empresariales y sindicales coinciden en su urgencia. Incluso la cooperación internacional ha manifestado su disposición a apoyar técnica y financieramente este proceso.
Sin embargo, pese a este amplio consenso sobre la precariedad del sistema judicial, resulta paradójico que aún no se haya logrado construir un gran acuerdo nacional que viabilice esta reforma.
En este contexto, el gobierno del presidente Paz Pereira ha convocado a diversos actores del país a un gran encuentro nacional con el objetivo de impulsar reformas estructurales frente a la grave crisis económica que vive el país. La convocatoria plantea la necesidad de un proceso de concertación para aprobar leyes clave que fortalezcan la seguridad jurídica, atraigan inversiones y promuevan el crecimiento económico.
Esta agenda legislativa incluiría un paquete normativo en áreas como hidrocarburos, minería, litio, inversión extranjera y arbitraje internacional. La magnitud de estas reformas podría incluso derivar en la discusión de una reforma parcial de la Constitución.
Pero surge una pregunta inevitable: ¿puede realmente garantizarse seguridad jurídica y transparencia con el mismo sistema de jueces y fiscales cuyo desempeño ha sido cuestionado durante los últimos 20 años?
En este artículo se sostiene que la reforma judicial es una condición indispensable para dar sostenibilidad a las reformas estructurales que el país necesita en esta nueva etapa.
Recientemente se ha conocido que funcionarios del gobierno del presidente Rodrigo Paz están en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un programa que podría proporcionar hasta 3.300 millones de dólares en financiamiento. Como es sabido, este tipo de apoyo suele estar condicionado al cumplimiento de objetivos de política económica previamente acordados.
El 2 de junio de 2025, el FMI publicó su informe sobre Bolivia, que había sido postergado por varios meses a solicitud del gobierno de Luis Arce. El documento concluye que las perspectivas macroeconómicas, bajo las políticas actuales, son insostenibles y advierte sobre el aumento de riesgos de una crisis de balanza de pagos y fiscal. Asimismo, recomienda adoptar medidas urgentes para eliminar restricciones al crecimiento, fortalecer los marcos de gobernanza, mejorar la gestión de la inversión pública y fomentar la competitividad.
El análisis no se limita al plano macroeconómico. En su Anexo VIII, dedicado al fortalecimiento de la gobernanza y la lucha contra la corrupción, el FMI examina las deficiencias del Estado de derecho en Bolivia y sus vínculos con la corrupción.
El informe señala que “la naturaleza de la corrupción se ve agravada por la débil aplicación de la ley” y advierte que “la falta de autonomía y rendición de cuentas en el sector judicial puede profundizar la impunidad”. En consecuencia, recomienda:
– Ajustar la selección de jueces a las mejores prácticas internacionales, garantizando independencia y eficacia.
– Fortalecer la integridad del sistema judicial como condición para recuperar la confianza en el Estado de derecho.
– Superar las limitaciones estructurales que afectan la ejecución de contratos y la resolución de conflictos, especialmente en materia de tierras.
En síntesis, el FMI concluye que la viabilidad de las reformas económicas depende no solo de ajustes macroeconómicos, sino también de la existencia de marcos institucionales sólidos que aseguren la aplicación efectiva de la ley.
En esa línea, recomienda priorizar acciones como:
a) la aprobación de una ley de acceso a la información pública;
b) el fortalecimiento de las capacidades e integridad de los operadores de justicia, reduciendo la injerencia política;
c) la implementación de las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre independencia judicial;
d) el fortalecimiento de la transparencia mediante la publicación sistemática de decisiones judiciales.
Finalmente, cabe recordar que en 2023 un grupo plural de juristas independientes —integrado por académicos, activistas de derechos humanos, mujeres y representantes indígenas— presentó una propuesta de reforma constitucional del sistema de justicia a través de una iniciativa popular de referéndum. Hoy, esa propuesta podría constituir una base valiosa para que los actores políticos inicien la construcción de consensos y avancen hacia el gran acuerdo nacional que el país demanda.
Ramiro Orias Arredondo es director de programa de Corrupción y Derechos Humanos de DPLF.
Crédito de imagen: Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia