La frecuencia e intensidad de los conflictos sociales han aumentado considerablemente en América Latina, amenazando la gobernabilidad democrática y la estabilidad de varios países de la región. Aunque las causas de estos conflictos varían, una parte significativa está asociada a la exploración y extracción de recursos naturales a gran escala y a los megaproyectos de infraestructura, especialmente en territorios indígenas. Esta situación ha convertido a América Latina en la región más peligrosa del mundo para líderes y lideresas indígenas, especialmente quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación es esencial ante el avance de los megaproyectos. De la libre determinación indígena emanan otros derechos fundamentales, tales como la autonomía territorial, el autogobierno y el consentimiento previo, libre e informado (CPLI), los cuales aseguran la subsistencia física y cultural de las comunidades, además de brindarles voz y voto en las decisiones estatales que impactan sus medios de vida.

Por esta razón, elaboramos estudios especializados, realizamos actividades de capacitación, monitoreamos procesos judiciales y presentamos escritos de amicus curiae en juicios emblemáticos, para que los estándares internacionales sobre los derechos indígenas sean incorporados en la jurisprudencia, las políticas públicas y en el marco legal de los Estados de las Américas.

En DPLF trabajamos junto con organizaciones locales que asesoran a comunidades indígenas y les brindamos acompañamiento técnico para fortalecer su capacidad de litigio e incidencia ante órganos nacionales e internacionales. Nuestros esfuerzos buscan garantizar que los marcos jurídicos internos e internacionales proporcionen soluciones efectivas para la autonomía de los pueblos indígenas sobre sus territorios y recursos naturales.