El 12 de agosto de 2025 marcó un hito preocupante en la vida democrática del Ecuador: el presidente Daniel Noboa encabezó en Quito una multitudinaria marcha contra la Corte Constitucional (CCE). Días antes, la Corte suspendió provisionalmente 17 artículos contenidos en tres leyes aprobadas en la Asamblea Nacional y presentadas por el presidente como proyectos de urgencia económica. La movilización no fue una expresión espontánea, sino un acto organizado desde el poder en abierto desafío a la independencia judicial, planteando una falsa disyuntiva: que los límites y contrapesos que ejerce la CCE a la luz de la Constitución, saludables en toda democracia y que sirven para la protección de los derechos de todas y todos los ecuatorianos, están en conflicto con la seguridad ciudadana.
Durante la protesta, se pudo ver vallas gigantes¹ que exponían con los rostros y nombres de los jueces y juezas bajo el lema: “Estos son los jueces que nos están robando la paz”, con un contador de las muertes violentas ocurridas en el país desde la suspensión provisional de las normas. El mensaje fue claro: responsabilizar directamente a la Corte por haber frenado medidas supuestamente urgentes frente a la crisis de seguridad que vive el país.
La CCE reaccionó denunciando este acto de estigmatización que pone en riesgo no solo su independencia, sino también la seguridad personal de sus integrantes. En un país donde las personas juzgadoras, fiscales y defensoras de derechos humanos ya han enfrentado amenazas y violencia, exponerlas públicamente con un lenguaje que incluso las califica de “enemigos del pueblo”, en un ambiente de alta polarización, equivale a colocarlas en una situación de vulnerabilidad extrema.
Las expresiones de preocupación no se hicieron esperar. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatora de Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados, la Relatora de Naciones Unidas para la libertad de asociación y asamblea, Amnistía Internacional, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Human Rights Watch, y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), entre otras, advirtieron que el ataque a la Corte compromete seriamente el Estado de derecho.
¿Qué es la Corte Constitucional y por qué importa?
En cualquier democracia, el control constitucional es el mecanismo que garantiza que el poder no se ejerza sin límites. La CCE es el órgano encargado de velar por la supremacía de la Constitución, asegurándose de que las leyes aprobadas por el Legislativo y los decretos emitidos por el Ejecutivo estén dentro de los límites constitucionales. Además, es el órgano encargado de proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Cuando la Corte, en ejercicio de su facultad prevista en la ley² suspende la aplicación de una norma, no lo hace por capricho ni conveniencia política, sino porque encuentra serios riesgos de inconstitucionalidad o violaciones a derechos. Esa es su función central: impedir que las mayorías políticas, o incluso el Ejecutivo con amplio respaldo popular, pasen por encima de las reglas del juego democrático. Esa misma función, injustificadamente presentada como un obstáculo a la “seguridad inmediata”, es en realidad la garantía de que la seguridad no se construya sacrificando la democracia y los derechos fundamentales que nos protegen a todas y todos. Debilitar a la Corte equivale, por tanto, a desarmar el candado que protege a la ciudadanía frente a abusos de poder.
La consulta popular: democracia directa o atajo autoritario
La marcha no fue un hecho aislado, sino parte de una ofensiva más amplia. La ministra de gobierno y el presidente de la Asamblea Nacional también cuestionaron a la CCE en cadena nacional –acompañados de uniformados–. Al día siguiente, el presidente anunció que impulsaría una nueva consulta popular, que incluye una propuesta para eliminar la prohibición de juicio político por parte de la Asamblea Nacional en contra de las y los magistrados de la Corte Constitucional.
Esta propuesta se ha presentado con la idea de que las y los jueces de la Corte Constitucional no tienen ningún tipo de control. Eso no es cierto. La propia Constitución, en su artículo 431, establece con claridad que las y los jueces constitucionales responden penal, civil y disciplinariamente por sus actos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Si cometen delitos, la o el Fiscal General puede acusarlos, y el Pleno de la Corte Nacional de Justicia debe juzgarlos, siempre que el caso no se refiera al contenido de sus decisiones. Además, si incurren en faltas disciplinarias o administrativas, pueden ser destituidos con el voto de dos tercios de los propios jueces de la Corte Constitucional. Finalmente, están sometidos al mismo régimen de responsabilidad civil que todas y todos los demás ciudadanos.
Este diseño no busca darles inmunidad ni garantizar impunidad, sino asegurar que cualquier responsabilidad penal sea investigada y juzgada por las máximas autoridades competentes, y que las sanciones disciplinarias provengan de sus pares. En otras palabras, se trata de proteger la independencia de las y los jueces constitucionales frente a presiones externas. Por eso, permitir que las y los magistrados de la Corte Constitucional sean sometidos a juicio político sería un grave riesgo: abriría la puerta a que su permanencia dependa de intereses y coyunturas políticas, debilitando su independencia.
En esa línea, conviene recordar que en el caso Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras el Congreso destituyó arbitrariamente a cuatro magistrados de la Sala Constitucional después de que declararan inconstitucional una ley de depuración policial, utilizando el miedo a la inseguridad como justificación para esa medida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó que esta remoción violó la independencia judicial y reafirmó que el combate al crimen no puede usarse como excusa para debilitar los contrapesos democráticos.
Además, Ecuador ya tiene dos condenas internacionales por parte de la Corte IDH. La primera debido a la remoción injustificada y arbitraria por parte del Congreso Nacional, a través de juicio político, de jueces de la Corte Suprema de Justicia; y, la segunda, por el cese arbitrario de vocales del Tribunal Constitucional.
La narrativa del miedo: seguridad vs. contrapesos democráticos
El Ejecutivo ha presentado a la Corte Constitucional como un obstáculo en la lucha contra el crimen organizado. Este discurso, que acusa a los jueces de “proteger delincuentes” al suspender leyes, es profundamente estigmatizante y distorsiona la realidad.
La Corte Constitucional no protege delincuentes: protege derechos y exige que todos los poderes públicos respeten la Constitución, especialmente cuando el miedo y la urgencia presionan por medidas populares que vulneran garantías básicas. No le corresponde juzgar ni sancionar a personas acusadas de delitos, sino asegurar que la lucha contra el crimen se desarrolle dentro de los límites legales y bajo control independiente.
Usar la inseguridad como pretexto para debilitar contrapesos es una estrategia conocida: el miedo se convierte en herramienta para concentrar poder y la urgencia en excusa para deslegitimar a quienes ejercen control institucional. La historia demuestra que este camino no resuelve la violencia, sino que genera Estados más autoritarios, ineficaces y permeables a abusos, corrupción y violaciones de derechos humanos.
Defender la independencia judicial no es obstaculizar la seguridad, sino garantizar que se construya sin sacrificar la democracia. Cuando el Ejecutivo convierte a la Corte en chivo expiatorio, rompe el equilibrio entre poderes y erosiona la base misma de un sistema democrático que existe, precisamente, para protegernos de los excesos del poder.
Lecciones de la región: un patrón repetido
Lo que ocurre en Ecuador no es un caso aislado. La región ofrece ejemplos alarmantes de cómo los autoritarismos, sin importar su ideología, buscan debilitar la independencia de los sistemas judiciales, particularmente de las altas cortes:
– Nicaragua: Daniel Ortega consolidó un régimen autoritario desmantelando el Poder Judicial y eliminando contrapesos, lo que derivó en un país sin elecciones libres ni justicia independiente.
– El Salvador: Nayib Bukele destituyó magistrados constitucionales y al fiscal general, y a través del control del legislativo logró aprobar reformas para permitir su reelección, todo en el marco de un estado de excepción prolongado con detenciones arbitrarias y represión.
– Venezuela: Hugo Chávez cooptó el Tribunal Supremo de Justicia, que se convirtió en brazo del Ejecutivo para perseguir opositores y anular a la Asamblea Nacional; hasta la fecha el sometimiento de la justicia a la voluntad del Ejecutivo es lo que ha permitido la impunidad del régimen criminal de Maduro.
Sin ir tan lejos, basta mirarse en el espejo en las experiencias del propio Ecuador. Durante el gobierno de Rafael Correa se utilizó una consulta popular para reestructurar el sistema judicial, debilitando la independencia de jueces y consolidando el control político sobre la justicia. Además, entre el 2009 y 2018, la Corte Constitucional operó como un órgano servil al Ejecutivo, priorizando los casos que favorecían al gobierno y bloqueando los que cuestionaban su poder.
El patrón es claro: todo comienza con un discurso que deslegitima a las y los jueces, sigue con reformas que concentran poder y termina en un autoritarismo difícil de revertir.
Conclusión: defender la independencia judicial hoy para no lamentar mañana
Ecuador vive un momento decisivo. El ataque a la Corte Constitucional no es un episodio aislado, sino parte de una estrategia que puede derivar en una erosión profunda de la democracia.
El país debe aprender de las experiencias vecinas: cada vez que la independencia judicial fue sacrificada en nombre de la seguridad o la eficiencia, lo que siguió no fue más paz ni más justicia, sino más autoritarismo y menos derechos para todas y todos.
Hoy, la ciudadanía está llamada a reflexionar: defender la Corte Constitucional no es defender a unos cuantos jueces, sino defender el derecho de todos a vivir bajo un Estado con límites claros al poder.
La prensa, la comunidad internacional, la academia y la sociedad civil deben permanecer vigilantes. La democracia no se pierde de un día para otro, se erosiona poco a poco, con discursos seductores y medidas “urgentes” que parecen inevitables.
Por eso, es ahora cuando debemos alzar la voz. Porque sin independencia judicial, lo que sigue no es más seguridad: es menos democracia. La falsa disyuntiva entre seguridad y democracia queda expuesta: proteger derechos y ejercer los contrapesos democráticos es la verdadera garantía de seguridad sostenible.
El combate al crimen organizado debe sustentarse en políticas integrales, técnicamente sólidas y con probada eficacia, que incluyan transparencia, rendición de cuentas y la participación activa de la sociedad civil; solo así se podrá contener la violencia criminal sin abrir la puerta a nuevas formas de autoritarismo.
¹ Si bien la vocera del gobierno intentó deslindar la vinculación entre el Ejecutivo y las vallas, medios de comunicación reportaron la relación directa con una funcionaria de la Presidencia de la República.
² El artículo 79 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccional establece la facultad de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente las normas demandadas como inconstitucionales, como una medida cautelar, hasta que la Corte resuelva en sentencia si las normas son o no constitucionales.
Belén Aguinaga es oficial de programa de DPLF.
Crédito de imagen:
Citación sugerida: Aguinaga, Belén. Debilitar la justicia: la ofensiva del Ejecutivo contra la Corte Constitucional en Ecuador. DPLF. 2025/8/28. Disponible en: https://dplf.org/debilitar-la-justicia-ofensiva-del-ejecutivo-contra-la-corte-constitucional-ecuador-2025/