A mediados de la década pasada, Ecuador era considerado una isla de paz en un continente caracterizado por altos niveles de violencia. Pero desde alrededor de 2019, la violencia y la inseguridad se han incrementado exponencialmente en el país. Este extraordinario y preocupante aumento de la delincuencia y de las amenazas a la seguridad ciudadana se debe a una serie de factores que se han reforzado mutuamente: narcotráfico a mayor escala, reducción de la cooperación antidrogas con Estados Unidos y Colombia, fuerzas policiales y administraciones penitenciarias sobrecargadas y debilitadas, fin de un auge económico y social de larga duración, alto nivel de corrupción, progresiva «normalización» de conductas delictivas y, por último, pero no menos importante, poca confianza en el sistema judicial.
¿Qué ha pasado? Una mirada retrospectiva
Ecuador no fue ajeno a la violencia y la inseguridad en el pasado. En los años 90, la tasa de homicidios pasó de 10,4 por cada cien mil habitantes a 16,6, una cifra bastante elevada que corresponde aproximadamente al promedio actual de los países latinoamericanos y es dos veces y media superior al promedio mundial. En consecuencia, el centro histórico de Quito, por ejemplo, el barrio nocturno de Mariscal y la ciudad portuaria de Guayaquil ya eran lugares bastante peligrosos, al menos por la noche.
De 2000 a 2010, la tasa de homicidios se mantuvo prácticamente igual; luego cayó a 5,78 en 2017, el nivel más bajo desde 1980. Después la tasa de delitos mortales se disparó a 25,3, lo que significa que se habría multiplicado por cinco aproximadamente hasta el año 2022, y no se vislumbra el final de esta espiral mortal. La violencia, la inseguridad, especialmente los robos y las extorsiones han aumentado drásticamente, sobre todo en las ciudades costeras. En la mayoría de los barrios, poca gente sale a la calle por la noche. Hoy en día restaurantes y bares sólo se visitan en automóvil.
Una parte importante de los delitos violentos está vinculada al narcotráfico, que ha aumentado considerablemente en poco tiempo. Ya en 2019, el portal de investigación InsightCrime describió a Ecuador como una autopista de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Mientras que en 2015 se confiscaron 63 toneladas de cocaína esta cifra aumentó a 210 toneladas en 2021 y a 180 toneladas en 2022.
Como el tráfico de drogas se desarrolla inevitablemente en un vacío legal, los intereses comerciales en conflicto se materializan casi exclusivamente a través de la violencia. Los cárteles de la droga necesitan sicarios y extorsionadores para asegurar su negocio. Se ha puesto en marcha una espiral de violencia y se la ha alimentado cada vez más. El aumento de la anarquía y la criminalidad también se ha desarrollado en sectores no relacionados con la droga. Se ha establecido una cierta normalización de los actos delictivos que asusta a los ciudadanos y ciudadanas que respetan la ley en el país.
Por ejemplo, está muy extendido el delito de extorsión, que hace unos años aún era prácticamente desconocido y que en Ecuador se denomina eufemísticamente como «vacuna». También los pequeños negocios están en el punto de mira de los «vacunadores». Quienes no se «vacunan» a cambio de la cuota pedida por los extorsionadores, ponen en peligro su negocio y, en casos extremos, su vida y la de sus familias.
La violencia en las cárceles ecuatorianas ha adquirido una forma especialmente drástica. Los grupos del crimen organizado no solo gestionan sus negocios desde las prisiones. Enfrentamientos entre grupos hostiles dentro de las cárceles provocan regularmente excesos violentos con un gran número de muertes. El Estado ha perdido el control en muchas prisiones. Una excrecencia extraña de esta situación es el narcocorrido del capo de la droga encarcelado «Fito» – partes del vídeo que glorifica al delincuente fueron filmadas en la prisión misma.
La violencia política también va en aumento. En la campaña electoral de 2023, la violencia fue mayor que en Honduras, país conocido por su alto potencial de violencia en su año electoral de 2021. El triste punto culminante fue el asesinato del candidato presidencial y periodista de investigación Fernando Villavicencio en agosto de 2023, a plena luz del día y saliendo de un mitin de campaña. Desde principios de 2023 ha habido más de 100 asesinatos por motivos políticos.
¿Cómo se ha podido llegar a estos extremos? Algunas razones
Las razones de este cambio dramático en los últimos 5 años son variadas y están entrelazadas. Como es muy difícil establecer una causalidad realmente clara, las explicaciones e interpretaciones difieren. Véase algunas causas relevantes que han contribuido significativamente:
- Las fuerzas de seguridad del Estado no están preparadas para enfrentar este estallido de inseguridad; en algunos casos se han visto infiltradas por el crimen organizado. Existen diversas afirmaciones e investigaciones sobre vínculos, cooperación o una «Pax Mafiosa» entre los tres últimos gobiernos del país y los cárteles de la droga. Estas acusaciones no han sido probadas ante los tribunales, pero tampoco han sido refutadas.
- Según la revista alemana Der Spiegel (41/2023), Ecuador no es un estado fallido, sino un estado secuestrado por la mafia. Un buen ejemplo de ello es la trágica amenaza a la que se ven sometidos cada vez más jueces y juezas de tribunales inferiores, especialmente cuando deben resolver casos de habeas corpus formulados por miembros de grupos criminales: en muchos de esos casos deben decidir entre “plata o plomo”. El hecho de que la financiación de los partidos no esté controlada también forma parte de la cuestión de la influencia que gana el crimen organizado en las instituciones del Estado.
- Las razones del desenfrenado tráfico de drogas incluyen la situación geográfica del Ecuador, ubicado entre los principales productores de cocaína, Colombia y Perú, así como los importantes puertos de ultramar de la costa ecuatoriana. La dolarización que tuvo lugar en 1999 también puede haber hecho al país más atractivo para los cárteles de la droga y para el lavado de dinero. En 2009, el gobierno ecuatoriano ordenó la retirada del ejército estadounidense de la ciudad portuaria de Manta. Esta base militar se había utilizado, entre otras cosas, para combatir el narcotráfico. La retirada de las fuerzas estadounidenses agilizó la exportación de drogas a través de los puertos ecuatorianos y fortaleció a los cárteles de la droga que ya existían en ese entonces. También se redujo la cooperación con Colombia en la lucha antidroga.
- Según Latinobarómetro, en 2017 Ecuador todavía tenía la segunda mejor fuerza policial de América Latina después de Uruguay; pero en los años siguientes se redujo el presupuesto para la policía y se cambiaron estructuras probadas. En particular, se debilitó el exitoso modelo de la «Policía Comunitaria». Además, se suprimió el Ministerio de Justicia, responsable de las prisiones, lo que perjudicó el control de las mismas. En este contexto, resulta un tanto sorprendente que la corrupción no haya aumentado en los últimos 10 años según el Índice de la Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (IPC); incluso ha disminuido ligeramente desde 2018 (2012: 32 puntos; 2017: 32 puntos; 2022: 36 puntos). Sin embargo, la corrupción en Ecuador es tradicionalmente bastante alta (actualmente ocupa el puesto 101 de 180 países en el IPC) y favorece la proliferación de actividades delictivas.
- El desarrollo socioeconómico del país también ha influido. Según datos del Banco Mundial, Ecuador fue capaz de reducir significativamente la pobreza hasta 2017 (del 37% en 2007 al 22% en 2017), así como la desigualdad (índice de Gini 1999: 58,6; 2017: 44,7). Los grandes progresos socioeconómicos se compraron al precio de niveles de deuda estatal muy elevados, en particular en relación con la República Popular China. En 2017, poco antes del estallido de la ola de violencia, la prolongada mejora social llegó a su fin; la pobreza y la desigualdad volvieron a aumentar. La economía solo comenzó a repuntar ligeramente a partir de 2020; sin embargo, la deuda externa siguió aumentando y puede afectar al desarrollo futuro del país.
El papel del poder judicial
En el estudio Barómetro de la Corrupción de 2022, Transparencia Internacional Ecuador encontró que los jueces y juezas son considerados corruptos por el 58% de la población, después de los partidos políticos (65%) y los miembros del parlamento (63%). Esto es significativamente más alto que el promedio latinoamericano (42%) y también significativamente más alto que la desconfianza en la iglesia (34%) o los militares (30%). Las dudas sobre el poder judicial pueden atribuirse, entre otras cosas, al alto nivel de impunidad en el país, que a su vez favorece la delincuencia, la violencia y la inseguridad.
Entre los órganos del sistema de justicia, la Corte Constitucional goza de la mejor reputación. Se considera que la Corte Constitucional es íntegra, pero no está muy cerca de los procesos penales debido a sus competencias.
La fiscal general, que se encuentra bajo amenaza masiva contra su persona, ha llevado a los tribunales varios casos emblemáticos. Algunos han criticado el hecho de que lleve los casos con distintos grados de compromiso dependiendo de la orientación política de los/as imputada/os. En este contexto en diciembre 2023 se abrió un juicio político contra ella. Además, se critica la debilidad técnica de los procesos de la Fiscalía General.
En el mismo mes de diciembre 2023 la fiscal general inició procedimientos penales por tráfico de influencias, tráfico de drogas, crimen organizado y sicariato contra 30 acusadas/os, entre ellos el presidente del Consejo de la Judicatura y otros jueces de alto rango.
El Consejo de la Judicatura es responsable, en particular, de los nombramientos y los procedimientos disciplinarios, pero también de la justicia abierta. A menudo es criticado. Actualmente organizaciones de la sociedad civil piden que el proceso de selección de 7 juezas y jueces de la Corte Nacional levado por el Consejo de la Judicatura sea anulado por irregularidades graves.
En cuanto a la Corte Nacional de Justicia las opiniones difieren. A pesar de su jurisdicción especial contra la corrupción y el crimen organizado establecida en 2021, el tribunal no ha desempeñado, al parecer, un papel muy importante hasta la fecha. A principios de 2024, 7 de los 21 jueces de la Corte Nacional serán de nuevo nombramiento.
Quo vadis Ecuador, o la esperanza permanece
El Estado ecuatoriano y la sociedad ecuatoriana se enfrentan a un reto de gran complejidad. Cuanto más y durante más tiempo se extiendan la violencia y la inseguridad, mayor será este desafío. Como aspecto positivo, cada vez más actores políticos e instituciones se dan cuenta del dramatismo de esta situación inimaginable no hace mucho tiempo.
Debido a la complejidad del problema, el gobierno, el parlamento, el poder judicial y las organizaciones de la sociedad civil están igualmente llamados por dicho reto extraordinario. El problema debe abordarse desde muchos frentes con distintos enfoques, tanto repartiendo el trabajo como de forma integrada siempre que sea posible.
Sin un sistema judicial fuerte no es posible luchar eficazmente contra la delincuencia, la violencia, la inseguridad y la corrupción. Tomando en cuenta el juicio político contra la fiscal general y los procesos penales que ella ha iniciado contra altos magistrados y el presidente del Consejo de la Judicatura, existe el riesgo de que el sistema judicial ecuatoriano sea instrumentalizado para las disputas entre las distintas corrientes políticas del país.
Una cuestión clave es la lucha contra el lavado de dinero, lo que se ve inseparablemente ligado a la confiscación de activos. Desde 2021, Ecuador cuenta con leyes pertinentes y con la correspondiente Comisión Antilavado de Activos en el Ministerio de Economía y Finanzas. La Fiscalía General del Estado, con una unidad especial, se encarga de las actividades de investigación. Estos mecanismos deben reforzarse para eliminar la base de negocio del narcotráfico y del crimen organizado. Sin lavado de dinero, difícilmente son posibles las operaciones delictivas verdaderamente lucrativas.
Para reforzar la eficacia del sistema judicial, es necesario examinar cómo acelerar los procedimientos investigativos y judiciales. Un sistema judicial eficaz también necesita mucha más confianza de la población de la que existe actualmente. Un punto de partida en este sentido es la llamada justicia abierta, que puede crear transparencia en los procedimientos judiciales. La falta de confianza en el sistema de justicia también podría contrarrestarse si se ofrecieran programas educativos sobre el tema «Cómo funciona el poder judicial» a través de una institución con reputación íntegra como la Corte Constitucional o bajo sus auspicios. En este contexto, tendría sentido presentar y debatir en público las sentencias importantes y su aplicación.
También debería ser posible reforzar las «islas de integridad» existentes en el sistema judicial y trabajar así hacia una masa crítica de integridad. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta el aspecto clave de la protección de las personas operadoras de justicia íntegras, a menudo en peligro, especialmente fiscales, juezas y jueces.
La cooperación internacional puede desempeñar un importante papel en estos ámbitos. Siempre se plantea la cuestión cómo es posible, que redes nacionales e internacionales de juristas íntegras/os y alianzas de actores estatales y no estatales formen un contrapeso contra las redes corruptas y el crimen organizado.
Una vez que un Estado ha sido secuestrado, necesita mucha fuerza para liberarse de nuevo, social- y políticamente así como en el ámbito de la justicia.
La pregunta inicial sigue siendo: ¿Quo vadis Ecuador? Da esperanza que las/os ecuatorianas/os saben que no hace tanto tiempo había una vida sin violencia desenfrenada y con seguridad.
Foto: Daniel Kempken
