La independencia judicial en América Latina enfrenta desafíos significativos que amenazan el estado de derecho y la división de poderes en los sistemas democráticos, y con ello, el acceso a la justicia de millones de personas. Entre estos desafíos se encuentran las interferencias  políticas y económicas indebidas, la opacidad en los procesos de selección y nombramiento de altas autoridades del sistema de justicia, la corrupción judicial y los ataques a jueces y fiscales a cargo de casos de alto interés publico, todos los cuales minan la confianza pública en la justicia y preparan el escenario para el control o incluso la captura de la justicia.

A lo largo de décadas, los países de la región han implementado reformas judiciales con el objetivo de mejorar la eficiencia, ampliar el acceso a la justicia y fortalecer la independencia del sistema de justicia, así como combatir la corrupción. Sin embargo, en algunos casos, proyectos políticos con rasgos autoritarios han impulsado reformas antidemocráticas que buscan someter la justicia a un control indebido o reducir su capacidad de controlar el abuso de los poderes políticos.

En DPLF, trabajamos para fortalecer la independencia de las instituciones judiciales y fiscales, y parapromover mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de sus funcionarios en un marco democrático. Fomentamos la participación activa de la sociedad civil en los procesos fundamentales de la justicia y la aplicación de una perspectiva de género y derechos humanos en el análisis de los desafíos que enfrentan los sistemas de justicia.

Sumado a lo anterior, realizamos un seguimiento continuo de los procesos de reforma judicial en América Latina para identificar y alertar sobre posibles riesgos que pueden afectar la independencia judicial. Abogamos por un debate profundo, abierto y participativo que incluya a todas las y los actores relevantes, especialmente a la sociedad civil y operadores de justicia. Asimismo, en DPLF fomentamos el análisis integral e intersectorial de estas reformas para promover una justicia equitativa y transparente.