Search

México: Declaración de Mérida por la libre determinación y en defensa de la Biosfera Maya

Las organizaciones de sociedad civil, académicos/as, defensores/as de derechos humanos y personas que suscriben la presente declaración, reunidas en el seminario internacional “Libre determinación, desarrollo sostenible y agua en la península de Yucatán” que tuvo lugar en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 24 y 25 de octubre del 2022, afirmamos lo siguiente:

  • La península de Yucatán cuenta con bienes naturales indispensables para la vida, como la gran reserva de agua dulce del acuífero maya y los cenotes. Este y otros bienes naturales han sido gestionados y protegidos por comunidades mayas, siendo la relación armónica con la Naturaleza un componente esencial de sus culturas y modos de vida.
  • Estos bienes naturales vienen siendo seriamente amenazados por la contaminación que generan los monocultivos, los agrotóxicos, la ganadería industrial, las grandes inversiones turísticas, inmobiliarias, los megaproyectos energéticos o de infraestructura vial.
  • Ante ello, las comunidades mayas están defendiendo sus territorios y las fuentes de agua dulce en ejercicio de su derecho fundamental a la libre determinación, reconocido tanto por la Constitución Federal como por los tratados de derechos humanos ratificados por México.
  • En ese marco, diversas organizaciones de la sociedad civil hacen uso de recursos administrativos o judiciales previstos en la ley y ejercen sus derechos fundamentales de acceso a la información, libre asociación y libertad de expresión, en defensa del legítimo interés de las comunidades mayas de que sus territorios ancestrales y bienes naturales estén libres de contaminación.
  • Respaldamos a estas comunidades y organizaciones, y condenamos la estigmatización, amenazas y agresiones de las que son víctimas. Las comunidades mayas y las organizaciones que las acompañan buscan un desarrollo armónico con la Naturaleza, en el que la tierra y el agua son “bienes comunes” que hay que preservar para las futuras generaciones.

Por tanto:

  1. Recordamos a las autoridades mexicanas, de todos los niveles de gobierno, que tienen la obligación constitucional e internacional de proteger a los defensores y defensoras territoriales, respetar su labor en la defensa de los derechos humanos y abstenerse de actos que pongan en riesgo su vida y derechos fundamentales. Una muestra de ello es que en el 2021 México ratificó el Acuerdo de Escazú.
  2. Solicitamos a los organismos internacionales de derechos humanos, en especial a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a los Relatores de Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que garanticen el cumplimiento, por parte del Estado mexicano, de sus obligaciones internacionales con relación a la protección de los defensores y defensoras territoriales.

 

Firmantes:

  • Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
  • Consejo Regional Indígena y Popular de X´pujil (CRIPX)
  • Flor y Canto de Oaxaca
  • Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés)
  • Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú
  • Observatorio de Protocolos Comunitarios Autonómicos de Consulta y Consentimiento Libre Previo e Informado de Brasil
  • Servicios para el Pueblo Mixe de Oaxaca (SERmixe)
  • Tequio Jurídico de Oaxaca
  • Alejandro Sandoval (Oaxaca, México)
  • Jorge Fernández (Mérida, México)
  • Lourdes Medina Carrillo (Mérida, México)
  • Marcela Torres (CDMX, México)
  • Mariana Yumbay (Quito, Ecuador)
  • Miguel Barboza López (Lima, Perú)
  • Pablo Monroy Gómez (Mérida, México)
  • Rodrigo Llanes (Mérida, México)

¡Estamos actualizando nuestro sitio web!

Estamos trabajando en mejoras y en la migración de nuestro contenido. Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda para encontrar nuestros informes y publicaciones, no dudes en contactarnos a dplf@dplf.org