El crimen organizado, las redes ilícitas y la corrupción son desafíos urgentes y profundamente entrelazados que afectan a numerosos países. En muchos contextos, las instituciones gubernamentales no solo han fracasado en frenar la expansión de la violencia y la criminalidad, sino que, han sido cooptadas o debilitadas por los mismos sistemas que deberían controlar. Esta dinámica, conocida como captura del Estado por inercia criminal, genera una peligrosa erosión de la confianza pública y de la integridad institucional. Si bien la seguridad y la justicia son obligaciones de los gobiernos y de los actores internacionales, la sociedad civil tiene un papel crucial, especialmente al exigir transparencia, rendición de cuentas y reformas sistémicas.
En nuestro grupo de investigación estudiamos el crimen organizado y la corrupción no como incidentes aislados, sino como fenómenos interconectados que configuran redes complejas y adaptativas, donde actores políticos, económicos y criminales interactúan de forma estratificada y muchas veces oculta. Desde esta perspectiva hemos aprendido que los enfoques tradicionales de las fiscalías ya no son suficientes. Para desmantelar sistemas criminales arraigados, se requieren nuevas herramientas, estrategias basadas en datos y un enfoque orientado a combatir redes.
Nuestro estudio más reciente explora cómo los sistemas de justicia pueden evolucionar para enfrentar este desafío. Creemos que estos hallazgos son especialmente relevantes para organizaciones de la sociedad civil, periodistas de investigación y defensores de derechos humanos que buscan combatir la impunidad y recuperar las instituciones democráticas en América Latina y en otras regiones del mundo.
Como caso emblemático, estudiamos las estrategias de persecución penal en la época de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), uno de los ejemplos más claros de lo que ocurre cuando el crimen organizado, las élites políticas y partes del propio Estado se entrelazan.
¿Por qué Guatemala? Un caso crucial para la región
Entre 2007 y 2019, la CICIG trabajó junto a fiscales locales para investigar la corrupción de alto nivel y desmantelar estructuras criminales incrustadas en el Estado. Su labor generó más de una década de casos judiciales y tuvo poderosas consecuencias políticas, incluyendo la acusación de un presidente y una vicepresidenta en funciones.
Este contexto único nos ofreció una oportunidad excepcional: analizar estrategias fiscales reales en acción, basándonos en datos jurídicos públicos y aplicando herramientas avanzadas como el análisis de redes para entender qué funciona y qué no funciona, al combatir sistemas criminales profundamente arraigados.
Lo que aprendimos: cinco hallazgos clave para fiscales y defensores
1. Las redes criminales no son solo criminales
Las empresas delictivas no operan de forma aislada. Construyen redes que incluyen funcionarios públicos, intermediarios privados, financieros y facilitadores. Si observamos únicamente los casos individuales, perdemos de vista el panorama general. Los fiscales deben mapear las relaciones: quién colabora con quién, cómo se conectan los distintos delitos y qué actores ocupan posiciones centrales en la sostenibilidad de la impunidad en múltiples casos.
2. Apuntar a los actores centrales funciona
Algunos individuos actúan como nodos clave o intermediarios, conectando distintas partes de la red y facilitando flujos ilegales de dinero, información y protección. En Guatemala, perseguir a funcionarios de alto rango, como ministros y aliados presidenciales, tuvo efectos de onda expansiva, exponiendo estructuras mayores y contribuyendo a la disrupción sistémica. Para la sociedad civil, esto subraya la importancia de vigilar a quién se acusa y abogar por procesar no solo figuras simbólicas, sino a quienes realmente sostienen el poder dentro de los sistemas criminales.
3. La severidad debe ser estratégica, no excesiva
Cargos con penas más severas no siempre implican mayor impacto. Lo que importa es si la gravedad de los delitos imputados realmente amenaza las estructuras de poder de las redes criminales. Los delitos de alta penalidadpueden aumentar la presión sobre los acusados, proteger los casos frente a dilaciones procesales y enviar mensajes públicos contundentes. Pero la severidad debe usarse inteligentemente, como herramienta de disrupción, no solo de castigo.
4. Combinar delitos puede revelar el panorama completo
Muchos infractores operan en múltiples tipos de delito: fraude, soborno, lavado de dinero e incluso delitos electorales. Los fiscales que acumulan cargos combinados, en lugar de ceñirse a una sola categoría, logran reflejar mejor la complejidad real del comportamiento criminal. Este enfoque también ayuda a construir casos más sólidos y coherentes. Para la sociedad civil, implica exigir una visión holística de la responsabilidad penal, civil y administrativa, en lugar de persecuciones fragmentadas que ocultan los patrones generales.
5. Imputar conjuntamente a coacusados revela la red
Un hallazgo clave de nuestro estudio es el valor de lo que llamamos imputaciones triangulares: cuando los fiscales acusan conjuntamente a grupos de actores conectados implicados en un mismo delito. Esta estrategia refuerza la idea de que la criminalidad es colaborativa, y la rendición de cuentas también debería serlo. Además, mejora la eficiencia y la fortaleza probatoria. Los defensores y periodistas pueden utilizar este concepto para evaluar si los casos se están abordando como hechos aislados o como parte de un enfoque de red coordinado.
Hacia una estrategia de justicia más sistémica
La conclusión es clara: los fiscales en América Latina deben ir más allá del pensamiento caso por caso. Nuestra investigación propone un modelo más sistémico y basado en inteligencia, que utilice datos, mapeo de redes y teorías de disuasión para comprender y desarticular los ecosistemas del crimen organizado.
Este cambio no ocurrirá de la noche a la mañana. Requiere:
· Capacitar a los fiscales en enfoque de redes,
· Invertir en tecnología y sistemas de datos,
· Proteger la independencia del ministerio público, y
· Fortalecer la supervisión de la sociedad civil para garantizar que estas estrategias sirvan a la justicia, no a la política.
Pero la recompensa es profunda: un sistema de justicia que no solo condene individuos, sino que debilite las estructuras que hacen tan resilientes a la corrupción y al crimen organizado.
Una herramienta para la sociedad civil
Esta investigación no está dirigida únicamente a académicos o juristas. Esperamos que sirva también a organizaciones civiles, periodistas de investigación y defensores anticorrupción para formular preguntas más agudas:
· ¿Quiénes son los actores centrales en este caso?
· ¿Están los fiscales utilizando todas las herramientas legales disponibles?
· ¿Reflejan los cargos toda la gama de conductas criminales?
· ¿Está el sistema de justicia abordando redes o solo síntomas?
Al aprender a leer entre líneas las acusaciones y los procesos judiciales, todos podemos contribuir a exigir una rendición de cuentas más estratégica y sistémica.
Lee el artículo académico completo en el Journal of Quantitative Criminology (2025): “Prosecution of Complex Criminal Networks: A Multilevel ERGM Approach to CICIG’s Judicial Cases”. Por Harald Waxenecker, Issa Luna Pla y José Roberto Nicolás Carlock.
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