Al escribir estas líneas, luce inminente la renovación del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, mediante una nueva resolución del Consejo de Derechos Humanos aprobada por voto mayoritario entre el 9 y el 10 de octubre próximos. El deterioro significativo de la situación de derechos humanos y el menosprecio del gobierno contra los dos mecanismos e, inclusive, contra los Estados miembros del Consejo, han agilizado la negociación de la resolución en Ginebra y fortalecerán su voto favorable. Abordaremos brevemente cómo se llegó a esta situación que favorece el voto mayoritario, pese a la corrosiva estrategia del gobierno y sus aliados, y qué retos tienen el Alto Comisionado, señor Volker Türk, y el movimiento de derechos humanos en un periodo crítico para el Derecho Internacional.
En primer lugar, la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) en febrero pasado, ocurrida con el pretexto de haber incumplido el secreto memorando de entendimiento, hizo evidente que el gobierno no tenía intenciones genuinas de cooperar con el sistema de las Naciones Unidas y menos aún de aceptar la presencia de un mecanismo con funciones de monitoreo y protección, durante las elecciones presidenciales del 28 de julio. Esa expulsión y las graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral, dejaron sin piso el recurrente argumento del gobierno en contra de la Misión de la ONU, diciéndose dispuesto a aceptar solamente a la OACNUDH y a cooperar con ella. Para el mismo Alto Comisionado esta situación ha debido llevarlo a reflexionar sobre su modelo de interacción con gobiernos autoritarios, que le condicionan su presencia al punto de debilitarla para hacer expedita su expulsión, alegando infracciones a acuerdos secretos. Este modelo, basado en el secretismo, es imposible de verificar por la sociedad del país y hace el juego a gobiernos opacos que niegan el derecho a la información y que terminan marginado a la sociedad y propiciando una frágil relación bilateral gobierno-OACNUDH.
Curiosamente, esa expulsión fue un argumento más a favor de la renovación del mandato de la OACNUDH incluida en la misma resolución que renueva el mandato de la Misión por dos años, durante los cuales los informes de las dos instancias serán debatidos, como ha ocurrido desde 2020, en los tres periodos de sesiones anuales del Consejo. Los próximos dos años también serán una oportunidad para que el Alto Comisionado reflexione sobre la relación de su oficina con la Misión de la ONU, a la que por cinco años ha puesto al margen sin siquiera mencionarla en sus informes al Consejo. En este sentido, es paradójico que los informes de la Misión tengan más eco en otra institución ajena a la ONU: la Corte Penal Internacional. En efecto, el Fiscal de la CPI ha recurrido vigorosamente a los informes de la Misión para fortalecer sus argumentos ante los jueces de la CPI.
En segundo lugar, los ataques y la obstrucción por parte del Estado contra la Misión, no minaron la voluntad de los miembros del Consejo para mantener este alto mecanismo que figura entre los más altos con que cuenta el Consejo. Los ataques contra la Misión fueron una línea permanente del gobierno en los comunicados de su cancillería y en las virulentas intervenciones de los representantes de Maduro en Ginebra seguidas del abandono displicente de la sala del Consejo durante los diálogos interactivos sobre los informes de la Misión. Además, no fue suficiente la estrategia colectiva del gobierno y sus aliados del llamado “Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU”, formado por gobiernos violadores de derechos humanos que repiten en coro un sonsonete de descalificativos contra los mecanismos de investigación adoptados por voto en el Consejo. Tampoco sirvió la estrategia del gobierno para obstaculizar el funcionamiento de la Misión, como lo ha dicho ella en sus informes, impidiendo en estos cinco años el ingreso al país, no respondiendo a las peticiones escritas de información y negándose a presentar observaciones a los informes, transmitidos siempre con tiempo al Estado antes de su publicación. Finalmente, la persecución contra las fuentes de información de la Misión, es decir las víctimas, sus abogados y los defensores de derechos humanos, ha demostrado a los miembros del Consejo la necesidad de prevenir y condenar las intimidaciones y represalias que la misma Misión ha transmitido al Secretario General de la ONU quien ha incluido en sus informes casos de Venezuela por más de 10 años.
Según el proyecto depositado en el Consejo por el Grupo Central (Core Group: compuesto por Estados que impulsan la resolución), el mandato a la OACNUDH no variará. Pero el mandato a la Misión sí se verá extendido a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante y luego de las elecciones del 28 de julio, y a la violencia de los grupos armados conocidos como “colectivos”. También se mantendrá el debate sobre Venezuela durante todas las sesiones del Consejo hasta septiembre de 2026.
Sin duda, mantener los dos mandatos es un logro para las víctimas y para las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, todas muy activas en el trabajo de cabildeo en Ginebra. Pero es importante preguntarse ¿por qué han sido insuficientes estos esfuerzos para evitar la consolidación de un Estado autoritario que ha abandonado toda apariencia de legalidad y que ha activado con saña la maquinaria represiva latente como había predicho la misma Misión de la ONU? La respuesta a esta pregunta no es sencilla, pues se enmarca en una crisis global de las mismas Naciones Unidas, incapaces también de detener crímenes internacionales cometidos en Ucrania, Gaza, Nicaragua, Líbano o Sudán, entre otros. Pero no solo es el modelo existente, ilustrado por la vetustez del Consejo de Seguridad de la ONU, sino también las alianzas de Estados victimarios que unen sus fuerzas en coaliciones como el autodenominado “Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU”, destinadas a socavar el Sistema Universal de derechos humanos.
Quienes defendemos la vigencia del Derecho Internacional en favor de los derechos humanos, debemos persistir en mantener y fortalecer los mecanismos existentes que atienden situaciones como la venezolana. Pero también debemos ver las crisis que nos rodean y las respuestas dadas por sus pueblos, de la misma manera como las autoridades venezolanas consolidan alianzas con gobiernos victimarios, nuestro rol implica construir alianzas con las organizaciones de los pueblos victimizados. Se impone también pensar fuera de la caja, vincular los sistemas y las organizaciones internacionales como la CPI, la OIT, el sistema interamericano y africano. En efecto, lo que está en juego no es solo la respuesta de la comunidad internacional a la crisis venezolana, sino la integridad de lo construido para prevenir la repetición de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y las graves violaciones a los derechos humanos y para sancionar a los responsables.
Fotografía: Matias Delacroix / AP
