Un análisis basado en el informe “Grupos Armados Organizados (GAO) en la actividad minera al sur del río Orinoco, Venezuela: situación al 2026“, elaborado por SOSOrinoco con el apoyo de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
El sur de Venezuela —los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, incluyendo la Guayana Esequiba— atraviesa desde hace más de una década un proceso de erosión institucional que hoy alcanza una escala difícil de exagerar. El nuevo informe de SOSOrinoco, producto de una revisión sistemática de fuentes abiertas entre 2022 y 2026 y de entrevistas con personas que viven o trabajan en la región, documenta la presencia de al menos 26 Grupos Armados Organizados (GAO) en 20 de los 21 municipios de esa vasta geografía amazónica y guayanesa. Se trata, en palabras del propio estudio, de una “amplia penetración de estructuras criminales en prácticamente toda la región al sur del río Orinoco”.
Pero el hallazgo central del informe no es la extensión geográfica del fenómeno, sino su naturaleza. Los datos —360 registros georreferenciados sobre presencia, alianzas, actividad económica y eventos violentos— muestran que estos grupos no son simplemente bandas dedicadas al delito común: son, cada vez más, estructuras de gobernanza de facto que administran justicia, regulan la vida económica, cobran impuestos informales y hasta sustituyen al Estado en la entrega de servicios básicos en zonas donde la presencia institucional es débil o inexistente.
Un mapa de actores con roles diferenciados
El estado Bolívar concentra la mayor densidad de grupos armados (20 de los 26 identificados, con 204 de los 360 registros), seguido de Amazonas y Delta Amacuro. Los municipios mineros de Sifontes, El Callao y Caroní encabezan la lista, mientras que en el estado Amazonas la actividad se concentra en municipios fronterizos con Colombia y Brasil, reflejo de su función como corredor de tránsito bidireccional con esos países.
El informe distingue tres tipos de actores con lógicas propias:
– La guerrilla colombiana (ELN y disidencias de las FARC), presente en 16 de los 21 municipios estudiados, opera con una sofisticación institucional mayor: controla corredores fluviales y fronterizos, administra justicia informal y mantiene una notable estabilidad frente a las fracturas internas que han debilitado a las disidencias de las FARC. El ELN, en particular, aparece como el actor más consolidado, con apenas tres operativos militares registrados en su contra frente a sus 60 eventos documentados.
– Los “sindicatos” y megabandas locales —como la Organización 3R, el Tren de Guayana o el Tren de Aragua— ejercen un control más territorial y violento sobre enclaves mineros específicos, combinando extorsión con fachadas asistenciales (fundaciones que reparten alimentos) para ganar legitimidad social.
– Actores transnacionales de origen brasileño, como los garimpeiros y sus vínculos con el Primer Comando de la Capital (PCC), Comando Vermelho y la Familia do Norte, añaden una dimensión de depredación ambiental transfronteriza, particularmente sobre comunidades indígenas remotas.
Un dato revelador: el tipo de evento más frecuente en toda la base de datos no es el enfrentamiento armado, sino la “presencia” sostenida y no disputada —más de 240 registros— lo que confirma que el control territorial se ejerce menos mediante la violencia abierta que a través del miedo normalizado y la sustitución silenciosa de las funciones estatales.
El eje que articula el sistema: la corrupción
El aporte más significativo del informe es su tesis central: esta expansión criminal no puede explicarse únicamente por la debilidad del Estado. La evidencia recopilada apunta a un sistema de gobernanza criminal híbrida, con distintos niveles de tolerancia, facilitación y colaboración entre funcionarios civiles, autoridades regionales, cuerpos de seguridad, estructuras militares y empresas estatales.
El informe documenta, con nombres y cargos, denuncias que datan del origen mismo de estos grupos: la organización de los primeros GAO en 2008 por el entonces gobernador de Bolívar; el respaldo de su sucesor a la entrada de columnas del ELN para desplazar a bandas rivales; el desvío de programas sociales del Estado (las cajas de alimentos CLAP) hacia el control social ejercido por grupos armados; y la protección política documentada a líderes criminales específicos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, según el estudio, actúa como “árbitro” del ecosistema: tolera a la guerrilla transnacional mientras reprime selectivamente a los sindicatos locales cuando se vuelven demasiado autónomos o violentos.
El informe extiende este análisis hasta la cúspide del poder político y señala a Delcy Rodríguez como responsable directa de la consolidación de este sistema. Su trayectoria desde 2016 —Ministra de Relaciones Exteriores, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Vicepresidenta Ejecutiva y, en paralelo, ministra de Economía y Finanzas y luego de Petróleo e Hidrocarburos, hasta asumir la Presidencia interina ilegítima en enero de 2026— le permitió concentrar de manera simultánea el control del aparato financiero, las carteras de petróleo y minería, el frente diplomático y la supervisión de las empresas militares. Esa hiperconcentración de funciones, según el informe, anuló cualquier sistema de contrapesos y auditoría interna: una misma figura administró los recursos estratégicos, ejecutó el gasto y supervisó —o dejó de supervisar— el cumplimiento legal. Bajo su órbita operan entes clave como la Corporación Venezolana de Minería (CVM) y la empresa militar CAMIMPEG, que además, según diversas investigaciones periodísticas y judiciales citadas en el informe —incluyendo el caso Koldo en España y reportes de Bloomberg, Reuters y The Washington Post—, documentan su rol en el diseño de rutas para colocar oro venezolano en mercados como Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Rusia, así como en la obstrucción de misiones técnicas de la UNESCO al Parque Nacional Canaima, Sitio de Patrimonio Mundial. Dada la escala y sistematicidad de estos hallazgos, el informe concluye que la continuidad de esta gobernanza híbrida no puede atribuirse a un desconocimiento de la más alta magistratura, sino a su responsabilidad directa en su diseño y sostenimiento.
Aplicando el marco conceptual de la corrupción como “abuso de poder encomendado para obtener beneficios privados” —y su vínculo con el abuso de derechos humanos—, el informe concluye que se cumplen los elementos constitutivos del delito de corrupción en su dimensión sistémica: sujetos activos calificados en la cúspide del Estado, abuso de función, ánimo de lucro y un nexo causal claro entre la omisión estatal y el enriquecimiento de actores públicos y criminales por igual.
El costo ambiental y humano
Detrás de las cifras de control territorial hay un catálogo concreto de daños. El informe documenta minería ilegal dentro de Parques Nacionales como Canaima, Yapacana, Caura y Duida Marahuaca —varios de ellos reconocidos por su gran importancia internacional para la conservación—, contaminación extendida por mercurio en cuencas fluviales, deforestación asociada a la apertura de vías clandestinas, y el uso de minas antipersonales para proteger enclaves de coltán en el municipio Cedeño.
En el plano de los derechos humanos, el informe reporta ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, trata de personas con fines de explotación sexual en los campamentos mineros, trabajo forzado en condiciones de servidumbre, y el reclutamiento de jóvenes de comunidades locales e indígenas —entre ellas, Uwottüja y Yanomami— hacia las filas de la guerrilla o como apoyo logístico.
Un epílogo que confirma la tesis
El informe cierra con un hecho reciente que ilustra su argumento central. En junio de 2026, tras un ataque atribuido de fuerzas de Estados Unidos contra el líder del Tren de Aragua en la zona minera de Las Claritas y el Kilómetro 88, se desplegó un operativo de seguridad venezolano que incluyó la detención de decenas de personas —entre ellas, según fuentes citadas por SOSOrinoco, funcionarios de la propia gobernación y de organismos de seguridad vinculados a las redes criminales. Semanas después, según los mismos informantes, la actividad minera y el tránsito de maquinaria e insumos habían retornado a la normalidad previa al operativo, lo que sugiere que la intervención puntual no alteró las condiciones estructurales que sostienen el sistema.
Esta lectura se confirma con información recibida el 30 de julio, 2026 por SOSOrinoco: fuentes en el terreno han confirmado el retorno del jefe del sindicato de “Juancho” a Las Claritas, y señalan la posibilidad de que Johan Petrica —señalado como el número dos del Tren de Aragua— también esté de regreso en la zona. Ambos habrían escapado hacia Colombia tras el ataque de junio. Su reaparición en una de las zonas mineras más disputadas del país confirma que, más allá del golpe puntual contra el “Niño Guerrero”, la arquitectura criminal y las condiciones que la sostienen permanecen intactas. El dato adquiere una relevancia adicional en un momento en que crece el interés y la curiosidad de compañías mineras extranjeras por reactivar o iniciar operaciones en la región, lo que plantea un riesgo concreto: que cualquier apertura a la inversión extranjera se produzca sin que se hayan desmontado antes las estructuras de gobernanza criminal e híbrida documentadas en este informe.
Hacia una estrategia de desmantelamiento
El informe no se limita al diagnóstico: propone un enfoque de transición basado en cuatro ejes simultáneos —seguridad estratégica (con especial énfasis en depurar las cadenas de mando militar y controlar el flujo de combustible y mercurio), transición económica (formalización de la minería informal y auditoría de las empresas estatales), responsabilidad ambiental (tolerancia cero a la minería en áreas protegidas y remediación de suelos) y participación efectiva de las comunidades indígenas y locales, incluyendo procesos de consulta previa y titularización de tierras.
La conclusión del estudio es contundente: ningún esfuerzo de seguridad que no vaya acompañado de una reforma institucional profunda logrará desarticular un sistema en el que, según sus propias palabras, “la corrupción no es una anomalía… es el sistema mismo que organiza y dirige el resto de las actividades criminales”. Invertir, sin eliminar esta situación, convertirá en cómplices a los inversionistas.
Crédito de fotografía: SOSOrinoco.