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Tras la tercera comparecencia de Nicolás Maduro ante el juez Alvin Hellerstein en el Distrito Sur de Nueva York el 22 de julio de 2026, el caso entra en una nueva fase. El equipo de defensa de Maduro ha anunciado que solicitará la desestimación de la acusación alegando la inmunidad de jefe de Estado.
Los abogados de Maduro anunciaron que solicitarán la desestimación de la acusación basándose en que Maduro era, en el momento de su detención, el presidente en ejercicio de Venezuela y, por lo tanto, gozaba de inmunidad frente a la jurisdicción penal extranjera. La moción, prevista para septiembre, obligará a un tribunal federal de EE. UU. a abordar una cuestión que se sitúa en la encrucijada entre el derecho constitucional, el derecho internacional y la política exterior: ¿Puede un jefe de Estado en ejercicio perder la inmunidad personal (immunité ratione personae) porque el Estado del foro se niega a reconocerlo?
A primera vista, la respuesta parece sencilla. Según el derecho internacional contemporáneo, los jefes de Estado en ejercicio gozan de una amplia inmunidad frente a la jurisdicción penal extranjera. Sin embargo, según la práctica estadounidense, la respuesta puede resultar muy diferente. El resultado es una notable tensión entre el derecho internacional y la doctrina judicial nacional que ha permanecido en gran medida sin resolver desde el caso Estados Unidos contra Noriega.
La verdadera cuestión no es el alcance de la inmunidad
Gran parte del debate público en torno a la inminente moción de Maduro parte de una pregunta errónea. La controversia no se centra principalmente en el alcance de la inmunidad del jefe de Estado. Sobre esa cuestión hay sorprendentemente poca controversia.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) sostuvo en el caso Orden de detención (Informes de la CIJ 2002, 3) que los titulares en ejercicio de determinados altos cargos, incluidos los jefes de Estado, gozan de inmunidad ratione personae frente a la jurisdicción penal de Estados extranjeros. La inmunidad es personal, completa y temporal. Abarca tanto la conducta oficial como la privada mientras el funcionario permanezca en el cargo. La gravedad del presunto delito es jurídicamente irrelevante. Ni siquiera las acusaciones de delitos internacionales graves suprimen la inmunidad.
El Proyecto de artículos de 2026 de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) sobre la inmunidad de los funcionarios del Estado frente a la jurisdicción penal extranjera, cuyo Comentario general (doc. de la ONU A/CN.4/L.1024/Add.1) fue aprobado por la CDI [sic] precisamente el día antes de la comparecencia de Maduro ante el tribunal, confirma esencialmente esta proposición. Los artículos 3 y 4 del proyecto establecen que los jefes de Estado gozan de inmunidad ratione personae durante su mandato y que dicha inmunidad se extiende a todos los actos, ya sean oficiales o privados.
Por lo tanto, si Maduro reunía los requisitos para ser considerado jefe de Estado en ejercicio de Venezuela el 3 de enero de 2026, el derecho internacional apunta claramente hacia la inmunidad. La verdadera controversia no es, por tanto, qué inmunidad goza un jefe de Estado en ejercicio, sino más bien si Maduro reunía los requisitos para ser considerado jefe de Estado en ejercicio a efectos de la legislación estadounidense.
Reconocimiento frente a condición
El derecho internacional contemporáneo suele considerar que la inmunidad se deriva del cargo, no del reconocimiento. Ni la CIJ ni la CDI sugieren que la inmunidad exista únicamente cuando el Estado del foro reconoce al titular del cargo. De hecho, la lógica de la inmunidad personal apunta en la dirección opuesta. La justificación de la inmunidad es la igualdad soberana de los Estados y la necesidad de garantizar el desempeño efectivo de las funciones representativas. Esos fines se verían gravemente mermados si un Estado extranjero pudiera extinguir unilateralmente la inmunidad simplemente anunciando que ya no reconoce al funcionario en cuestión.
Esto es especialmente cierto en situaciones en las que hay gobiernos controvertidos. En enero de 2026, Estados Unidos llevaba siete años negándose a reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Sin embargo, Maduro seguía ejerciendo el control efectivo del aparato estatal venezolano. Controlaba las fuerzas armadas, los servicios de seguridad, la administración ejecutiva y la gestión de las relaciones exteriores. El escaño de Venezuela en las Naciones Unidas seguía ocupado por representantes leales a su gobierno.
Muchos Estados continuaron manteniendo relaciones diplomáticas normales con Caracas.
Desde la perspectiva del derecho internacional, esa combinación de cargo formal y control efectivo constituye un sólido argumento a favor de la condición de jefe de Estado. De hecho, el argumento más sólido con el que cuenta Maduro es que la inmunidad es una consecuencia jurídica objetiva del cargo, más que un beneficio otorgado por gobiernos extranjeros. Es probable que Estados Unidos responda que esto pasa por alto la estructura constitucional del derecho estadounidense.
Inmunidad a través del reconocimiento
Los tribunales estadounidenses han considerado tradicionalmente el reconocimiento como una función ejecutiva. Las cuestiones relativas a qué gobierno representa a un Estado extranjero se consideran generalmente asuntos que competen a los poderes políticos, más que al poder judicial. En consecuencia, la doctrina de la inmunidad del jefe de Estado en Estados Unidos se ha entrelazado profundamente con la política de reconocimiento.
El precedente clave sigue siendo Estados Unidos contra Noriega (117 F.3d 1206 [121 ILR 591]). Cuando Manuel Noriega alegó que debía ser tratado como jefe de Estado de Panamá, los tribunales estadounidenses rechazaron la alegación. Un elemento central de esa decisión fue el hecho de que Estados Unidos nunca había reconocido a Noriega como líder legítimo de Panamá. El Undécimo Circuito se basó directamente en la práctica del Poder Ejecutivo y concluyó que Noriega no podía alegar inmunidad de jefe de Estado.
Sin duda, el Gobierno argumentará que en este caso se aplica el mismo razonamiento. Washington se negó a reconocer a Maduro a partir de 2019. Por lo tanto, dirá Washington, Maduro nunca reunió los requisitos para gozar de inmunidad de jefe de Estado ante los tribunales estadounidenses. Sin embargo, este argumento pone de manifiesto una debilidad conceptual en la postura de Estados Unidos.
Noriega nunca fue formalmente presidente de Panamá. Era un comandante militar y gobernante de facto a través de presidentes títeres. Maduro, por el contrario, ocupó formalmente el cargo de presidente, ejerció un control efectivo sobre el Estado, representó a Venezuela a nivel internacional y fue tratado como el Gobierno de Venezuela por gran parte de la comunidad internacional cuando fue capturado. Por lo tanto, la analogía parece incompleta.
Si el caso Noriega sirve de referencia en este asunto, no es porque los dos acusados ocuparan cargos comparables en virtud del Derecho internacional, sino porque ambos eran políticamente inaceptables para Estados Unidos. Esa distinción es importante.
La cuestión que la CDI no abordó
Irónicamente, el proyecto de artículos de la CDI, recientemente finalizado, refuerza y complica a la vez el argumento de Maduro. El proyecto de la CDI lo refuerza porque reafirma la norma ortodoxa de que los jefes de Estado gozan de inmunidad personal mientras ocupan el cargo. Al mismo tiempo, el proyecto de la CDI elude precisamente la cuestión a la que se enfrenta ahora el juez Hellerstein.
La CDI nunca intentó responder a cómo debe un tribunal identificar al jefe de Estado cuando se cuestiona la legitimidad del Gobierno. El proyecto de artículos da por sentado que se puede identificar al titular del cargo en cuestión. El proyecto no adopta un criterio de control efectivo. Tampoco respalda un criterio basado en el reconocimiento. Simplemente deja la cuestión sin abordar. Esta postura es comprensible. Las disputas sobre el reconocimiento se encuentran entre las cuestiones políticamente más delicadas del derecho internacional.
La cuestión no es qué inmunidad goza un jefe de Estado, sino cómo debe determinarse la existencia del jefe de Estado cuando el reconocimiento y el control efectivo divergen.
Por qué el caso es relevante más allá de Venezuela
La importancia más amplia del caso EE. UU. contra Maduro radica en lo que revela sobre la relación entre el derecho internacional y la jurisprudencia nacional.
Si el juez Hellerstein sigue la lógica del caso Noriega, es casi seguro que la solicitud de inmunidad será denegada. Tradicionalmente, los tribunales se remiten al poder ejecutivo en cuestiones de reconocimiento, y resulta difícil imaginar que el Departamento de Justicia respalde la inmunidad de un acusado a quien sucesivas administraciones se han negado a reconocer como presidente.
Sin embargo, una sentencia en contra de Maduro no resolvería la cuestión de derecho internacional. Más bien, pondría de relieve la posibilidad de que una norma descrita universalmente como “inmunidad del jefe de Estado” funcione de manera muy diferente dependiendo de si se considera el derecho internacional general o la práctica constitucional estadounidense.
El derecho internacional general pregunta: ¿Es la persona el jefe de Estado en ejercicio? El enfoque estadounidense pregunta: ¿Reconoce el Poder Ejecutivo a la persona como jefe de Estado en ejercicio? Esas preguntas pueden dar con frecuencia la misma respuesta. En el caso de Maduro, no es así.
Más que una cuestión de inmunidad
La alegación de inmunidad de Maduro no es ni frívola ni meramente táctica. Pone de manifiesto una auténtica línea de fractura entre el derecho internacional contemporáneo y la práctica de reconocimiento estadounidense.
Si se aplica de forma directa la jurisprudencia de la CIJ sobre la «orden de detención» y el proyecto de artículos recientemente adoptado por la CDI, Maduro tiene un argumento sólido para sostener que gozaba de inmunidad personal en el momento de su captura. Sin embargo, según la doctrina vigente en Estados Unidos, el hecho decisivo podría no ser que gobernara Venezuela, sino que Washington se negara a reconocerlo como tal.
El resultado más probable sigue siendo que se rechace la defensa basada en la inmunidad. No obstante, la importancia jurídica del litigio radica en otra parte.
El caso plantea si la inmunidad del jefe de Estado es una consecuencia objetiva del ejercicio del cargo en virtud del derecho internacional o si, en la práctica, depende del reconocimiento por parte del Estado del foro. Esa cuestión no fue abordada por la CDI, solo se trató parcialmente en el caso Noriega, y ahora ocupa un lugar central en uno de los procesos penales transnacionales de mayor trascendencia en las Américas y más allá.
Jan-Michael Simon es investigador sénior en el Instituto Max Planck para la Investigación sobre Criminalidad, Seguridad y Derecho, especializado en derecho penal comparado, política criminal y derecho internacional.
Crédito de imagen: AP/Elizabeth Williams.