Por cerca de 40 años, el movimiento de derechos humanos venezolano ha acudido a las instancias de derechos humanos del Sistema Interamericano y de las Naciones Unidas, y ha contribuido al diseño y a la activación de nuevos mecanismos, como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela (en adelante, la Misión de la ONU), creada en 2019, y el mandato especial otorgado a la Oficina del Alto Comisionado (OACNUDH). Ambos fueron creados y han sido renovados mediante resoluciones del Consejo de Derechos Humanos. Defensores y defensoras de derechos humanos han trabajado continuamente acompañando a las víctimas para presentar sus casos o enviando información y análisis sobre la estructura del aparato represivo y su andamiaje legal.
Los informes de las instancias de derechos humanos deben seguir las metodologías de investigación que forman parte de sus mandatos, como es el caso de la Misión de la ONU. Esto lleva a que sus informes tengan niveles de validez científica y puedan servir como referentes en los procesos de justicia transicional que tarde o temprano se abrirán en Venezuela.
En efecto, Venezuela no se encuentra en un proceso de justicia transicional que busque cubrir los cinco pilares fundamentales de esos procesos: la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición y la memoria. Tampoco las instancias internacionales, como la Misión de la ONU o la OACNUDH, son mecanismos de justicia transicional. Sus informes, además de ser documentos oficiales de las Naciones Unidas, han sistematizado hallazgos y recomendaciones y los han enmarcado en el derecho internacional vinculante para Venezuela.
Por estas razones, la nueva dinámica nacional tras los acontecimientos del 3 de enero de 2026 y su impacto en el reacomodo de quienes ostentan el poder del Estado y en el ejercicio de la represión encuentra a un movimiento de derechos humanos y a una comunidad internacional con una lectura afinada sobre lo que ha sucedido durante años de violenta e ilegal represión y sobre los cambios auténticos que requiere el país.
Por su parte, quienes han ejercido el poder del Estado han venido descalificando y obstaculizando la labor de las las instancias internacionales, criminalizando a quienes acuden a ellas y simulando cooperación. Hace años renunciaron a responder con argumentos fundados a los mecanismos internacionales, enviando respuestas vacías o, en la mayoría de los casos, simplemente no respondiendo. Así lo ilustra la respuesta a tan solo una de las 26 comunicaciones enviadas desde julio de 2021 por relatores y grupos de trabajo de la ONU, en las que pedían información sobre casos de violaciones a derechos humanos y sobre normas que violan los estándares internacionales. Al momento de escribir estas líneas, el Gobierno se ha apresurado a responder a cuatro comunicaciones adicionales que fueron recibidas por la ONU el 30 de septiembre. Algo similar había hecho entre febrero y agosto de 2021, enviando 19 respuestas superficiales, adeudadas desde años atrás, tratando de simular cooperación para mostrar que no era necesario mantener la Misión de la ONU.
Esa falta de autenticidad en las respuestas del Estado llevó al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) a cerrar, en 2025, su oficina destinada a cooperación y asistencia técnica, al no encontrar ningún “progreso significativo” (pág. 57) por parte del Estado. Esa simulación en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales deterioró la imagen del Estado y, sin duda, contribuyó también a la renovación del mandato de la Misión de la ONU y de la OACNUDH por el Consejo de Derechos Humanos, por mayoría de votos, el 6 de octubre de este año.
En otras palabras, organizaciones de la sociedad civil e instancias internacionales han ido construyendo una cuadrícula de interpretación para evaluar las acciones del Estado, mientras que las autoridades se han dedicado a simular su cooperación con la ONU y la CPI, abandonando también los esfuerzos auténticos para cumplir con la Constitución y el derecho internacional.
En lo que va del 2026, la política represiva del Estado, implementada por las élites gobernantes, se ha mitigado en su accionar, pero ha conservado toda su capacidad represiva. Como veremos a continuación, esas élites han dado pasos para mostrar “un nuevo momento político”, conservando siempre su política de aparentar cambios mientras mantienen las estructuras represivas y la impunidad de los crímenes cometidos.
El aparato represivo sigue intacto y sus crímenes impunes
El 18 de marzo, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, reemplazó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quien había ocupado el cargo por más de 11 años. Lo envió a dirigir el Ministerio de Agricultura y puso en su lugar a Gustavo González López, sancionado por la Unión Europea por violaciones a los derechos humanos en su condición de director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Por otra parte, Diosdado Cabello, también sancionado por la Unión Europea, aún se mantiene en el cargo de ministro del Interior. Los tres individuos han sido mencionados desde 2020 en los informes de la Misión entre los presuntos responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
Esos funcionarios tienen a su disposición estructuras represivas que no han sido depuradas ni reformadas, entre ellas la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el SEBIN. Ni siquiera han simulado una depuración o una reforma, como ocurrió con las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB, responsables de miles de ejecuciones sumarias y disueltas casi en secreto. Sus miembros, completamente impunes, fueron reciclados en otros órganos represivos (párr. 11), como la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET). De otra parte, las estructuras paramilitares conocidas como “colectivos” no han sido desmanteladas y gozan de total impunidad. En su más reciente informe dedicado a los “colectivos”, la Misión de la ONU concluyó que “no son grupos marginales o periféricos, sino que son parte central del aparato represivo estatal, actuando en coordinación, complementariedad o convergencia con instituciones y agentes del Estado” (párr. 498).
Hoy, en Venezuela, esos cuerpos represivos continúan persiguiendo a personas opositoras o percibidas como tales, usando los mismos métodos. Así, la Misión de la ONU investigó 64 nuevos casos de tortura ocurridos después del 3 de enero, “lo que indica que estas prácticas siguen siendo generalizadas”, según la Misión.
El sistema judicial como parte del aparato represivo
El 26 de febrero, en medio de una gran opacidad y sin reglas claras, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, designó a Larry Devoe, en reemplazo de Tarek William Saab, como nuevo fiscal general. Saab pasó a ocupar la Defensoría del Pueblo durante 42 días, para luego ser relegado a un cargo marginal, sin que se conozcan investigaciones en su contra por las denuncias por violaciones a los derechos humanos señaladas por la Misión de la ONU. Durante años, Devoe fungió como agente del Estado ante el Sistema Interamericano y defendió los intereses del Gobierno asistiendo a sesiones en la CPI y en el sistema de derechos humanos de la ONU.
Producto de las negociaciones tuteladas por los Estados Unidos, el Gobierno interino está negociando con sectores de la oposición pertenecientes a la Asamblea Nacional, que fue electa cuando el chavismo perdió el control de ese órgano en 2015. Como consecuencia, la actual Asamblea Nacional debió designar un Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ) encargado de la preselección de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Se trata de un paso importante, pues el TSJ ha estado completamente cooptado por el Poder Ejecutivo y ha carecido de toda independencia. Las organizaciones de la sociedad civil, conscientes de las trampas y manipulaciones de las autoridades, han elevado la voz para que el CPJ sea independiente y representativo y para que haya una reforma integral del sistema de justicia, que no se limite a los cambios en el TSJ.
Este proceso, que podría llevar a reestructurar el sistema judicial, ha estado signado por la negativa de las autoridades a aceptar responsabilidades. Altos jerarcas hablan de meros “errores” al referirse a los miles de personas detenidas arbitrariamente, desconociendo así que hayan respondido a planes o políticas de Estado destinados a perseguir a opositores o personas percibidas como tales. En este sentido, la Misión de la ONU, en su informe de septiembre de 2021 sobre las responsabilidades del sistema judicial, concluyó tener “motivos razonables para creer que juezas, jueces y fiscales desempeñaron un papel importante en la comisión de las violaciones y los crímenes contra opositoras y opositores al Gobierno” (párr. 469), todo ello en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno.
El marco legal de la represión en Venezuela está intacto
Es difícil catalogar las violaciones a los derechos humanos como meros “errores” cuando existe un marco legal creado e implementado durante años para perseguir a la disidencia. Ese marco sigue vigente y está representado, entre otras normas, por la Ley Contra el Odio, la Ley Anti-oenegés, la Ley Simón Bolívar y las resoluciones 2012-0026 y 2015-0007 del Tribunal Supremo de Justicia, que crean y regulan los tribunales con competencia en terrorismo y en los que se han procesado a miles de venezolanos y venezolanas sin que se respete su derecho al debido proceso.
Las oenegés han exigido la derogación de ese marco legal, pero el establecimiento se ha negado a hacerlo. Las y los magistrados, cooptados como están, no han declarado su inconstitucionalidad. Recomendaciones similares han sido emitidas desde los sistemas interamericano y universal, y seguramente el Fiscal de la CPI, a través de su efímera y confidencial oficina en Caracas, buscó que se modificara ese marco legal sin encontrar cooperación auténtica de las autoridades nacionales.
Sin embargo, presionado, el Gobierno debe mostrar alguna apertura a las reformas. Así debe interpretarse la petición enviada por la señora Delcy Rodríguez a la Asamblea Nacional, para reformar la Ley contra el Odio. Reformar y no derogar, como tampoco aceptar responsabilidades. En efecto, Rodríguez insistió en la retórica de los meros errores, diciendo que la ley fue “mal aplicada” y que hubo un “uso abusivo”. Nada dijo sobre los responsables de ese uso abusivo que, en todo caso, serían faltas administrativas o delitos que deberían ser investigados.
Hay bases para los procesos de justicia trasnacional
Los pasos para impulsar los procesos de justicia transicional en Venezuela han venido dándose desde años atrás por parte de las organizaciones de la sociedad civil, de las víctimas y de las instancias internacionales de derechos humanos, documentando y sistematizando las violaciones a los derechos humanos. En particular, estas últimas han aplicado estándares internacionales de derechos humanos y, en el caso de la Misión de la ONU, estándares de derecho internacional penal. Ese trabajo de documentación, bajo esos estándares, es ya un acumulado para nutrir los cinco pilares de la justicia transicional antes mencionados.
Ya desde 2004, las Naciones Unidas definió la justicia transicional como “toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación”. Para la construcción de esos procesos y mecanismos, será de gran valor la rica experiencia del movimiento de derechos humanos venezolano. El acumulado de informes, análisis y respuestas a las quejas ante instancias internacionales será una herramienta útil para proteger los derechos de las víctimas y del pueblo venezolano a la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición y la conservación de la memoria.
Calixto Ávila Rincón es abogado especialista en derechos humanos y magíster en Derecho Internacional Público. También, es representante de Provea en Europa.
Crédito de imagen: Europa Press / Jimmy Villalta. Archivo.