El 24 de junio de 2026, dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el centro-norte de Venezuela en menos de un minuto. Las zonas más afectadas fueron La Guaira, Caracas y el Distrito Capital, donde miles de personas perdieron sus hogares. Pero los terremotos ocurridos no crearon la tragedia: la reveló. Lo que se derrumbó no fue solo concreto de viviendas y edificios. Fue el resultado de décadas en que el Estado venezolano convirtió la corrupción en política de gobierno y la represión en herramienta de control. Ambas prácticas son inseparables, y los escombros de La Guaira lo demuestran.
Viviendas que no debieron caer
El director del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Richard Casanova, señaló que las viviendas públicas del programa Gran Misión Vivienda fueron “una historia de corrupción y construcciones de mala calidad”, levantadas “sin supervisión, inspección y cumplimiento de códigos específicos”. El programa, lanzado por Hugo Chávez en 2011 como emblema de la revolución bolivariana, fue uno de los mayores receptores de recursos públicos en la historia reciente del país. También fue, según las denuncias acumuladas durante más de una década, uno de los mayores focos de corrupción en la gestión de obra pública. Las familias que murieron bajo esos edificios no fueron víctimas solo del sismo: fueron víctimas de quienes desviaron los recursos que debían garantizar que esas estructuras soportaran un temblor.
Esa conexión entre el dinero robado y viviendas que no resistieron, es el núcleo de un punto clave a veces no conectado, la corrupción no es un problema paralelo a las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Es su infraestructura. El Relator Especial de la ONU sobre la Tortura lo estableció en su informe de 2019: las “ventajas indebidas” obtenidas por funcionarios en contextos de control institucional, ya sea en centros de detención, en la gestión de programas sociales o en la contratación de obra pública, no son simplemente corrupción administrativa. Cuando esos recursos financian o sostienen un aparato que viola derechos fundamentales, la corrupción equivale, funcionalmente, al daño causado.
El mismo patrón que se repite
Lo que ocurrió después de sucedidos los terremotos no fue excepcional, es la aplicación del mismo repertorio que el gobierno venezolano lleva años desplegando ante cualquier emergencia: el control de la ayuda como instrumento de poder.
No solo la respuesta fue tardía, sino que hubo múltiples denuncias de funcionarios bloqueando, impidiendo o directamente prohibiendo la distribución de ayuda humanitaria. Mientras la población se volcó en solidaridad, muchos de los cuerpos militares eran visto con rechazo por las comunidades avocadas en el rescate de sus familiares. En Altamira, hubo denuncias donde la policía retuvo insumos reunidos por ciudadanos y exigió que se trasladaran en vehículos oficiales del Estado. En Guanarito, Protección Civil exigió que los ciudadanos entregaran los insumos porque solo el Estado podía “ser centro de acopio”. En el municipio Obispos, la Policía Nacional Bolivariana cerró un punto de recolección ciudadano.1
Este patrón no sorprende a quienes hemos monitoreado la persecución en Venezuela. Durante años, CEPAZ ha documentado cómo el gobierno utiliza los programas sociales las cajas CLAP, el Sistema Patria, los bonos económicos como mecanismo de control político: condicionando el acceso a alimentos y medicamentos a la lealtad partidista, vigilando a las familias a través de comités de base, y castigando a quienes se organizaban de manera autónoma.2 La emergencia humanitaria, antes del terremoto y después de él, nunca fue gestionada como un derecho de las personas: fue administrada como un privilegio que el Estado otorga y retira según la conveniencia política.
En medio de la emergencia, cuatro funcionarios fueron detenidos tras ser acusados de apropiarse de objetos de valor encontrados entre los escombros. La corrupción está en las entrañas de la tragedia, no es una anomalía, es la continuación lógica de un sistema que normalizó el saqueo como forma de gestión pública.
Los escombros exigen respuesta
Una encuesta realizada después de los sismos revela que el 42,9% de la ciudadanía exige fiscalización sobre el posible desvío de los recursos destinados a la recuperación. Los venezolanos saben, por experiencia acumulada, que sin mecanismos independientes de supervisión la reconstrucción será otra oportunidad para el saqueo.
El Estado venezolano figura entre los más corruptos del mundo. El sistema público de salud, los servicios básicos y la infraestructura ya estaban en severa crisis antes del terremoto. Esa crisis no fue un accidente de la historia: fue el resultado previsible de un modelo que durante años destinó el patrimonio público a sostener un aparato de control político-represivo antes que a construir hospitales con capacidad de respuesta, sistemas de alerta sísmica o edificios que no colapsen.
La comunidad internacional que hoy envía brigadas de rescate y recursos de reconstrucción tiene ante sí una pregunta que no puede eludir: ¿a quién se le entregan esos recursos? La respuesta no puede ser neutra. Dirigir fondos de reconstrucción a un Estado sin mecanismos independientes de rendición de cuentas es repetir el ciclo. Las víctimas del terremoto merecen una respuesta que no reproduzca la estructura que las puso en riesgo. Eso significa, entre otras cosas, que los activos recuperados de la corrupción venezolana, los miles de millones bajo órdenes de confiscación en cortes de Estados Unidos y Europa, no pueden regresar sin condiciones al mismo Estado que los sustrajo. Deben llegar a las personas. A las que perdieron sus casas en La Guaira. Y también a quienes llevan años esperando justicia por lo que el mismo aparato les hizo antes de que la tierra se moviera.
Sobre las y los autores: El Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) lleva más de diez años documentando los patrones de persecución y criminalización en Venezuela. Su base de datos registra más de 2.500 casos verificados de violaciones a los derechos humanos. Más información: www.cepaz.org
1 Wikipedia (fuente compilada con referencias de Reuters, El Nacional y otros medios), «Terremotos de Venezuela de 2026». Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Terremotos_de_Venezuela_de_2026 [Sección: denuncias de bloqueo de ayuda humanitaria por funcionarios del Estado].
2 Véase también: CEPAZ, Persecución y criminalización en Venezuela — Primer semestre 2021. Disponible en: https://cepaz.org.
Crédito de fotografía: U.S. Marine Corps vía Wikipedia.