La corrupción es un fenómeno sistémico y multidimensional cuyos efectos trascienden el daño al patrimonio público de los Estados y alcanzan a víctimas concretas, como personas, comunidades y la sociedad en su conjunto. Este flagelo genera daños diferenciados y, generalmente, agrava las condiciones de vulnerabilidad de distintos grupos poblacionales, limitando sus posibilidades de desarrollo y el goce de sus derechos.
La necesidad de reconocer el vínculo entre la corrupción y los derechos humanos se ha hecho presente en distintos mecanismos internacionales de derechos humanos, como el Consejo de Derechos Humanos que en su 58° período de sesiones aprobó la Resolución A/HRC/58/L.16, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llevó a cabo una audiencia pública al respecto el 3 de marzo de 2025. Estos llamados buscan que las acciones anticorrupción adopten un enfoque de derechos humanos centrado en las víctimas y en la generación de condiciones que permitan la reparación integral de los daños causados por este fenómeno.
En Colombia, si bien existen algunos desarrollos normativos sobre la reparación a las víctimas de corrupción como la Ley 2195 de 2022; en la práctica se presentan numerosos retos que dificultan el avance efectivo en la materia1. Entre estos se destacan la falta de reconocimiento del vínculo entre la corrupción y las vulneraciones a los derechos humanos, la ausencia de participación de las víctimas en procesos por hechos de corrupción, y la normalización del flagelo. Todos ellos impiden que las víctimas se reconozcan a sí mismas como tales.
No obstante, entre los avances a destacar en el país, se encuentran las acciones lideradas desde la sociedad civil para visibilizar este problema que se exponen a continuación.
El rol de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la lucha contra la corrupción y la búsqueda de la reparación del daño causado por corrupción
El artículo 13 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) establece que los Estados deben adoptar medidas para fomentar la participación de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, en la prevención y lucha contra la corrupción. En ese sentido, las OSC desempeñan un papel clave en la promoción de acciones orientadas a garantizar la reparación integral de las víctimas de la corrupción.
Para dar mayor tracción y alcance a la participación de las OSC en este tema, desde Transparencia por Colombia, capítulo nacional de Transparencia Internacional, se construyó una Hoja de Ruta para buscar la reparación del daño causado por corrupción, para las OSC, contemplada como una guía práctica para analizar casos de vulneración de derechos humanos por causa de corrupción y, a partir de esto, identificar acciones legales y no legales para buscar su reparación integral. Esta guía se desarrolla en tres fases que pueden aplicarse en cualquier orden y de manera individual o de manera articulada entre diferentes OSC.
La primera fase tiene como objetivo que las organizaciones hagan un acercamiento conceptual al vínculo entre la corrupción y las vulneraciones a derechos humanos, así como la selección de un caso de presunta corrupción que afecte derechos humanos.
La segunda fase, propone realizar una caracterización del caso identificado por la OSC, en la que se busca recolectar información para identificar a las víctimas, los derechos afectados y los daños generados.
La tercera fase plantea dos tipos de acciones. Por una parte, el inicio de acciones judiciales y/o administrativas para poner en conocimiento de las autoridades competentes posibles hechos de corrupción, con el fin de que el Estado reconozca el daño causado y garantice una reparación integral que permita restablecer los derechos vulnerados. Por otra parte, acciones no judiciales que involucran directamente a las OSC y a las víctimas de corrupción, quienes, a través de procesos de movilización ciudadana, pedagogía y control ciudadano, pueden impulsar el reconocimiento de las víctimas, reconstruir el tejido social afectado y generar condiciones para prevenir la repetición de hechos de corrupción.
De la aplicación práctica de la Hoja de Ruta por parte de tres OSC locales en el departamento de Antioquia, se destacan los siguientes resultados generales:
– Es fundamental la visibilización del vínculo entre la corrupción y las vulneraciones a derechos humanos.
– La falta de reconocimiento de las víctimas de corrupción diferentes al Estado conlleva a que ellas mismas no se autorreconozcan como tal.
– La relevancia de adoptar, además de acciones judiciales, acciones de pedagogía y control ciudadano y acciones de fortalecimiento institucional para lograr escenarios de no repetición.
Ahora bien, hay particularidades en los casos de corrupción abordados por las OSC de Antioquia y los resultados del proceso de aplicación de la Hoja de Ruta, los cuales se describen a continuación.
Caso 1 de la Veeduría de la Comuna 6 de Medellín
El caso gira en torno a presuntos hechos de corrupción que afectaron el derecho a la participación ciudadana en el Plan de Desarrollo Local de la Comuna 6 de Medellín. Esta situación debilitó el tejido social y provocó el descuido de líneas prioritarias para el desarrollo de la comuna, entre ellos el componente de prevención de desastres.
La Veeduría de la Comuna 6 de Medellín, en la aplicación de la Hoja de Ruta, desarrolló acciones de pedagogía y comunicativas con los habitantes de la Comuna 6, con el fin de generar conciencia sobre los posibles hechos de corrupción. Esto ha permitido que la comunidad se vuelva más consciente de las afectaciones que genera la corrupción y, se ha empezado a dar un avance en la reconstrucción del tejido social. Además, como producto de este trabajo, la Veeduría ha fortalecido sus capacidades organizativas internas, lo que le ha permitido participar en procesos judiciales y presentar denuncias ante las autoridades competentes.2
Caso 2 de Todos por Medellín
En 2021 se denunciaron hechos de corrupción ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos hechos de corrupción en el programa “Buen Comienzo” en Medellín. Este programa tiene como objetivo prestar servicios de salud y nutrición, y brindar apoyo a madres gestantes, lactantes y a niños de cero a dos años (especialmente durante la pandemia por COVID-19). La organización Todos por Medellín, quien denunció el caso, identificó que el desvío de recursos públicos impidió que gran parte de las madres y sus hijos recibieran la alimentación y asistencia técnica, lo que generó graves afectaciones en sus derechos.
A través de la aplicación de la Hoja de Ruta, la organización continúa impulsando el proceso penal en curso. Esto fue acompañado del desarrollo de una estrategia pedagógica con las madres afectadas, con el propósito de que se autorreconocieran como víctimas de corrupción, tomaran conciencia de los daños causados por estos hechos y fortalecieran sus capacidades para el control ciudadano para la no repetición.
Caso 3: Conciudadanía
El caso gira en torno a irregularidades en la contratación y ejecución de proyectos financiados por el Sistema General de Regalías en el Oriente Antioqueño, entre 2019 y 2023. En particular, sobre un proyecto agrícola dirigido a pequeños productores afectados por la pandemia en diez municipios de la región. Las irregularidades detectadas impactaron los derechos de familias campesinas, las cuales además de enfrentar las consecuencias de la pandemia, se vieron afectadas por la mala gestión y los presuntos actos de corrupción en la implementación del proyecto.
La organización Conciudadanía en la aplicación de la Hoja de Ruta, desarrolló acciones pedagógicas y de fortalecimiento del control ciudadano con otras organizaciones y líderes sociales de los municipios afectados. A través de encuentros regionales, se brindaron herramientas para fortalecer las capacidades en materia de contratación pública y seguimiento ciudadano a la gestión pública. Esto se complementó con la divulgación de contenidos audiovisuales, orientados a sensibilizar sobre el vínculo entre la corrupción y la vulneración de los derechos humanos.
Los resultados detallados de estos tres casos se encuentran en el documento Buscando la reparación del daño causado por corrupción.
Llamado a la acción por parte de las OSC para buscar la reparación del daño causado por corrupción
La corrupción es un fenómeno que se ha normalizado en Colombia y en varios países de América, generando desconfianza socavando la legitimidad de las instituciones públicas, y fragmentando el tejido social en las comunidades afectadas.
Comprender el vínculo entre la corrupción y las vulneraciones a los derechos humanos, así como reconocer a las víctimas de la corrupción más allá del Estado y garantizar su reparación integral, son puntos de partida fundamentales para adoptar acciones efectivas en la lucha contra este flagelo. Este enfoque debe poner en el centro del debate a quienes han sido directamente afectados.
La experiencia de las organizaciones de la sociedad civil en Antioquia evidencia el rol crucial que tienen en la lucha contra la corrupción. No solo promueven la prevención, sino que también desempeñan un papel activo en la investigación, sanción y exigencia de reparación por los daños ocasionados.
Por lo tanto, es necesario que los Estados reconozcan, valoren y no instrumentalicen este rol con intereses particulares, de manera que se garanticen las herramientas, la seguridad y los espacios para una participación ciudadana efectiva. Además, es necesario que se adopten medidas de carácter político y legal que permitan el acceso a la justicia y reparación integral de las víctimas de corrupción.
Solo mediante la garantía de justicia y reparación, con una participación activa de la sociedad civil, se podrá transformar el discurso anticorrupción en una práctica real y sostenida que devuelva la confianza en las instituciones y dignifique a las víctimas.
Este artículo forma parte de la serie Cuando la corrupción nos toca, conoce más aquí.
1 Para conocer sobre estos retos consultar el siguiente documento: ¿En qué va Colombia en la reparación del daño causado por corrupción? – Transparencia por Colombia
2 Esta es una acción constitucional reconocida en el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia, busca la protección de los intereses y derechos colectivos.